A nivel mundial se han administrado más de 3000 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19. En países como Reino Unido, Catar y Estados Unidos, se llega a una administración de 80 dosis por 100 habitantes. Gracias a ello el porcentaje de inmunización completa ya supera el 50 por ciento. Estos países han sido exitosos para adquirir vacunas y vacunar a sus ciudadanos. Esto contrasta gravemente con la situación de nuestro país, en donde llegamos apenas a 4 dosis por 100 mil habitantes y menos del 1 por ciento de nuestra población tiene un esquema completo de vacunación.
Si queremos llegar a inmunizar a nuestra población, tenemos que agilizar el proceso de adquisición de vacunas. Pero, ¿qué pasa? No hemos sido capaces de comprar dado que las farmacéuticas exigen un acuerdo de indemnización. Para poder resolver este tema, nuestro organismo Ejecutivo presentó la iniciativa 5933, “Ley de exención de responsabilidad y de creación del mecanismo de compensación por el uso de las vacunas contra el Covid-19”. Esta busca eximir de responsabilidad a las farmacéuticas proveedoras de vacunas, en caso surja algún efecto secundario en las personas que la reciban. Esta ley es sumamente importante ya que farmacéuticas como Pfizer y Moderna la exigen como condicionante de compra.
El martes de esta semana, el Congreso aprobó conocer la ley de urgencia nacional. Sin embargo, los jefes de bloque se reunieron para negociar las más de 30 enmiendas presentadas. Mientras escribo estas palabras, dichas enmiendas están siendo revisadas por los jefes de bloque del Congreso y autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social en el Palacio Nacional.
Aprobar un marco legal para normar temas relacionados a la vacunación es sumamente importante. Las farmacéuticas aducen, con cierto grado de razón, que no pueden asumir las posibles contingencias de un producto que se aprobó de emergencia. Los ciudadanos del mundo también temen a esas posibles contingencias, por remotas que sean. Un acuerdo de indemnización daría un marco legal para que cada gobierno asuma los costos de atender los reclamos de su población. Además, daría una certeza al ciudadano para saber que existe un proceso relativamente ágil para recibir esa indemnización.
El diablo seguramente esta en los detalles. En India el acuerdo con Pfizer tuvo problemas de aprobación pues no se quería dar un “cheque en blanco” en casos de negligencia. Tampoco el acuerdo debe abarcar productos o personas más allá de las vacunas de Covid-19. En el mundo, 150 países han firmado acuerdos similares. Representan una salida práctica para lograr la distribución masiva de la vacuna atendiendo las validas preocupaciones de tanto farmacéuticas como ciudadanos ante los escenarios en que algún individuo pueda mostrar una reacción adversa inesperada.
Es importante entender las razones por las cuales el mundo entero ha optado por este esquema. El mismo permite que los gobiernos asuman el costo y el riesgo de la vacunación, los cuales seguramente serán más baratos que los costos y los riesgos de no vacunar. Ciertamente no es un debate sencillo pues le pone un valor a las vidas humanas. Pero sería peor no hacerlo. Mientras termino de escribir estas palabras, aún no se tiene noticias de la reunión entre autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social y los diputados de nuestro Congreso. Esperemos que aprueben un marco legal que atienda los requerimientos tanto de las farmacéuticas como de los ciudadanos. Esperemos además que su implementación suceda con la urgencia que esta pandemia exige.
A nivel mundial se han administrado más de 3000 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19. En países como Reino Unido, Catar y Estados Unidos, se llega a una administración de 80 dosis por 100 habitantes. Gracias a ello el porcentaje de inmunización completa ya supera el 50 por ciento. Estos países han sido exitosos para adquirir vacunas y vacunar a sus ciudadanos. Esto contrasta gravemente con la situación de nuestro país, en donde llegamos apenas a 4 dosis por 100 mil habitantes y menos del 1 por ciento de nuestra población tiene un esquema completo de vacunación.
Si queremos llegar a inmunizar a nuestra población, tenemos que agilizar el proceso de adquisición de vacunas. Pero, ¿qué pasa? No hemos sido capaces de comprar dado que las farmacéuticas exigen un acuerdo de indemnización. Para poder resolver este tema, nuestro organismo Ejecutivo presentó la iniciativa 5933, “Ley de exención de responsabilidad y de creación del mecanismo de compensación por el uso de las vacunas contra el Covid-19”. Esta busca eximir de responsabilidad a las farmacéuticas proveedoras de vacunas, en caso surja algún efecto secundario en las personas que la reciban. Esta ley es sumamente importante ya que farmacéuticas como Pfizer y Moderna la exigen como condicionante de compra.
El martes de esta semana, el Congreso aprobó conocer la ley de urgencia nacional. Sin embargo, los jefes de bloque se reunieron para negociar las más de 30 enmiendas presentadas. Mientras escribo estas palabras, dichas enmiendas están siendo revisadas por los jefes de bloque del Congreso y autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social en el Palacio Nacional.
Aprobar un marco legal para normar temas relacionados a la vacunación es sumamente importante. Las farmacéuticas aducen, con cierto grado de razón, que no pueden asumir las posibles contingencias de un producto que se aprobó de emergencia. Los ciudadanos del mundo también temen a esas posibles contingencias, por remotas que sean. Un acuerdo de indemnización daría un marco legal para que cada gobierno asuma los costos de atender los reclamos de su población. Además, daría una certeza al ciudadano para saber que existe un proceso relativamente ágil para recibir esa indemnización.
El diablo seguramente esta en los detalles. En India el acuerdo con Pfizer tuvo problemas de aprobación pues no se quería dar un “cheque en blanco” en casos de negligencia. Tampoco el acuerdo debe abarcar productos o personas más allá de las vacunas de Covid-19. En el mundo, 150 países han firmado acuerdos similares. Representan una salida práctica para lograr la distribución masiva de la vacuna atendiendo las validas preocupaciones de tanto farmacéuticas como ciudadanos ante los escenarios en que algún individuo pueda mostrar una reacción adversa inesperada.
Es importante entender las razones por las cuales el mundo entero ha optado por este esquema. El mismo permite que los gobiernos asuman el costo y el riesgo de la vacunación, los cuales seguramente serán más baratos que los costos y los riesgos de no vacunar. Ciertamente no es un debate sencillo pues le pone un valor a las vidas humanas. Pero sería peor no hacerlo. Mientras termino de escribir estas palabras, aún no se tiene noticias de la reunión entre autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social y los diputados de nuestro Congreso. Esperemos que aprueben un marco legal que atienda los requerimientos tanto de las farmacéuticas como de los ciudadanos. Esperemos además que su implementación suceda con la urgencia que esta pandemia exige.