El Sistema de Integración Centroamericano -SICA- emitió un comunicado en 2014 para dar a conocer el grado de tala ilegal que se estaba dando en Jalapa.

Problema era -y es- de tal magnitud que el titular predecía un municipio sin bosques en 25 años, si el ritmo de la tala ilegal continuaba. Un año antes, 2013, concluye y se presenta uno de los informes más detallados que se han hecho con respecto a la deforestación en la Reserva de la Biosfera Maya.

Este estudio con duración de 13 años y con la participación de organizaciones locales como Agexport y la Universidad del Valle de Guatemala e internacionales como Reinforest Alliance, USAID, Wildlife Conservation Society, entre otros, analizó y determinó las causas de la deforestación y las mejores acciones que se podían tomar para prevenirlas.

El estudio “Deforestation Trends in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala”, expone una conclusión muy clara: “En las áreas con concesiones FSC, es decir que se acoplan a los estándares del Forest Stewarship Council, el ritmo de deforestación fue cercano a cero”.

En contraste el artículo del SICA expone que, aunque el INAB (Instituto Nacional de Bosques) autoriza que se pueda cortar 5 mil metros cúbicos para uso como leña, de forma ilegal se tala un promedio de medio millón al año.

A este punto usted lector se estará preguntando por qué expongo estos elementos. El motivo es el Acuerdo de Escazú. Un documento que se aclama a si mismo como un acuerdo único e histórico que ha sido el logro de los gobernantes de América Latina en su afán de cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

He de aclarar que me encuentro en acuerdo con los objetivos que el acuerdo de Escazú pretende alcanzar, no obstante, no comparto la visión o forma que propone para ello.

Esto porque al repasar los artículos y compromisos propuestos, no establecen objetivos medibles ni compromisos delimitados que permitan desarrollar una estrategia real para mitigar temas como la deforestación, polución de aguas o deterioro del suelo.

No obstante, si propone el realizar consultas populares o comunitarias sobre “los procesos de toma de decisiones ambientales” para asegurar la inclusión de grupos minoritarios o discriminados.

¿El problema? Tanto el artículo 7 como el 8 que abordan estos elementos, y el acuerdo completo en lo que compete a compromisos adquiridos y responsabilidades por parte de los Estados, no delimita ningún concepto ni crear algún tipo de clasificación que permita determinar lo que se podría considerar como un “proceso de toma de decisión ambiental”.

Esta falta de certeza se puede encontrar en el artículo 6 del acuerdo, que se podría considerar como la sección con mayor cantidad de elemento técnicos, al ser en donde se delimita el tipo de información al que se debe de tener acceso, así como los elementos a medir para informar a la población. Sin embargo, el acuerdo falla en tomar en consideración el contexto de los países, así como repite su error ya mencionado.

Por ejemplo, el acuerdo en el Artículo 6, punto 3, literal “D” estable que se debe de contar con un sistema de información en donde exista “el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización”.

Recordemos que este es un acuerdo para el cual existe presión para que se ratifique en Guatemala, el mismo país que ha requerido de cooperación económica de la Unión Europea para realizar su censo de empleados del sector público y cuya capacidad de censar a su población también se ha visto puesta en duda.

El acuerdo de Escazú es un acuerdo loable con objetivos que debemos de buscar alcanzar, no obstante, es el equivalente de una reina de belleza deseando la paz mundial.

Son intenciones y un deseo de gran nobleza al que nadie se opondrá, pero que en sí no presenta ningún compromiso o mecanismo de acción real para alcanzarlo.

Al principio de este artículo presenté, primero, la mayor amenaza de los recursos naturales del país. No es la industria o actividades lícitas que potencialmente se pueden ver afectadas por las consultas sobre su huella en la naturaleza, sino la depredación de los recursos de forma ilegal.

Al buscar noticias actuales los titulares señalan tres principales causas de este hecho: tala para uso de leña, ganadería y narcotráfico.

Considerando que uno de los objetivos principales del acuerdo es que se puedan realizar consultas sobre el posible daño de los recursos naturales con sus causantes, me pregunto cómo sería la propuesta para consultar al narco que pretende quemar la Biosfera Maya para una pista clandestina.

Pero al mismo tiempo he presentado al principio de este artículo con elementos de política pública que sí funcionan. Las concesiones comunitarias que, como se ha demostrado, son un mecanismo efectivo para combatir no solo la depredación de los recursos naturales sino inclusive las externalidades de la actividad del narcotráfico en la Biosfera Maya.

Asimismo, estas últimas no solo han cumplido su objetivo, sino que también han permitido que las comunidades tengan representatividad ante el Estado, voz y voto con respecto a los recursos naturales de su zona de influencia y la capacidad de explotar de forma sostenible dichos recursos.

Es por ello por lo que considero que ratificar dicho acuerdo sería no solo un error, sino que también destinaría recursos que podrían ser utilizados para fortalecer una política pública que se ha demostrado es efectiva, hacia un proyecto sin pies y cabeza.

La diferencia entre las intenciones (de las cuales el acuerdo está lleno) y un objetivo, es que el primero es un ideal abstracto que nunca se estará seguro si se ha alcanzado y el segundo es una meta concreta con un camino, en algunos casos a descubrir, que permite alcanzarla.

Te sugerimos leer:

Aprendiendo de lo viejo, el nuevo plan “Guatemala no se detiene”

Zona Económicas de Desarrollo Especial Públicas, un potencial que recién se comenzará a utilizar