Es achacable a la naturaleza humana el comportamiento errático, egoísta y antojadizo de algunas personas cuando está en juego su libertad, su vida, sus bienes -o de los suyos- y últimamente hay que agregar a esa lista, los intereses personales. Pretender que en todo momento el individuo se someta al poder público es el ideal, pero no siempre se alcanza. No porque una norma no se observe el 100% de los casos, la norma deja de tener vigencia o eficacia; por el contrario, evidencia que es útil para la vida en sociedad.
Habiendo dicho lo anterior, como en todo en este mundo, hay grados de tolerancia y extremos que resultan intolerables. Así, es entendible, por ejemplo, que una persona acusada de un delito se defienda con todas las herramientas legales a su disposición, léase recursos, recusaciones, amparos, etc. hasta incluso intentar desacreditar testimonios que le señalan o a los fiscales que le acusan, pues más allá del proceso al que es sometido, la reputación en el mundo real también es importante y se buscará mantenerla incólume.
Por el contrario, es repudiable que un acusado use métodos ilegales para intenar ganar el juicio; violencia física o asesinato son sin duda mecanismos repudiables e ilegales, al igual que manipular a los operadores de justicia. Podemos estar de acuerdo en ello tanto unos como otros; no creo que nadie en su sano juicio considere estos últimos como mecanismos válidos de defensa en un proceso.
La cosa se complica cuando surge una nueva -vamos, no nueva, pero sí novedosa- forma de intentar ganar un proceso judicial, que es deslegitimar al sistema de justicia mismo, porque se le considera parcial por el hecho de que quienes se considera adversarios políticos están en el poder; ese fue el argumento que en muchos casos se utilizó para desacreditar el trabajo de Cicig. Los acusados en varios casos señalaron a la Cicig, así como al ex comisionado Velásquez -y a la Fisal General Aldana- de estar conspirados para perjudicarles a través de juicios espurios y de recurrir exclusivamente a los operadores de justicia de “su confianza”.
La narrativa preponderante era que la justicia funcionaba porque se vió a políticos y empresarios de todo ámbito ser capturados en aparatosos operativos mañaneros y que los “jueces incorruptibles” no otorgaban medidas sustitutivas como prueba de la drasticidad del sistema en contra de la impunidad.
Por el contrario, los que eran acusados y procesados alegaban persecución política y otro montón de cosas.
Hoy, las cosas están exactamente igual, solo que al revés; quienes antes perseguían ahora son perseguidos y son ellos quienes alegan persecución política y otro montón de cosas y los coros de unos y otros siguen la narrativa de su grupo. Nada nuevo. Lo que sí resulta nuevo es que quienes hasta hace pocos meses mandaban en el sistema de justicia, hoy no confían en él. Solo con el hecho de que ellos -y ellas- ya no estén dirigiendo la persecusión penal y los jueces afines no estén resolviendo sus casos, la justicia dejó de ser imparcial y pasó a estar cooptada, según ellos y ellas. ¡Patrañas!
Digo que son patrañas porque no solo ese es un argumento falaz, sino porque hay muestras de que no es así. Por ejemplo, ahora que la Fiscal General ha nombrado al Licenciado Curruchiche al frente de la FECI, muchos esperan lo peor y señalan que cuando acusó al ex Superintendente de la SAT lo hizo espuriamente; puede ser, pero prueba de que el sistema funciona es que el juez Zelada desestimó 2 de los 3 delitos de los que Curruchiche imputó a él y a otro ex trabajador de la Cicig, y solo los ligó a proceso por uno, además de darles medida sustitutiva.
Otro caso reciente que da cuenta que el sistema funciona a pesar de los pesares, es el de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid quienes fueron acusados de violencia contra la mujer por la madre y hermana de Miguel Martínez. La acusación no era poca cosa, pero la jueza Michelle Dardón, aquella que hace dos años era señalada de ser parte del pacto de corruptos, hoy es bien ponderada por haber desestimado la denuncia contra los periodistas.
¿Y qué de la jueza Aifán que otrora se mostraba inflexible? Entonces lo hacía bien, dicen, pero cuando archivó provisionalmente un proceso en contra de Alejos, nadie de su grupo de fans dijo ni pío.
Queda claro que como dice el dicho, cada uno habla de la feria según le fue en ella. Incluso ahora que muchos quisiesen la destitución de la FG Porras, se topan con que no se puede, porque en 2016 se promovió una reforma legal para proteger a la entonces FG Aldana.
¿Lo que tenemos ahora es justicia? No lo sé, pero muy probablemente lo que se tiene ahora sí es justicia poética.
Es achacable a la naturaleza humana el comportamiento errático, egoísta y antojadizo de algunas personas cuando está en juego su libertad, su vida, sus bienes -o de los suyos- y últimamente hay que agregar a esa lista, los intereses personales. Pretender que en todo momento el individuo se someta al poder público es el ideal, pero no siempre se alcanza. No porque una norma no se observe el 100% de los casos, la norma deja de tener vigencia o eficacia; por el contrario, evidencia que es útil para la vida en sociedad.
Habiendo dicho lo anterior, como en todo en este mundo, hay grados de tolerancia y extremos que resultan intolerables. Así, es entendible, por ejemplo, que una persona acusada de un delito se defienda con todas las herramientas legales a su disposición, léase recursos, recusaciones, amparos, etc. hasta incluso intentar desacreditar testimonios que le señalan o a los fiscales que le acusan, pues más allá del proceso al que es sometido, la reputación en el mundo real también es importante y se buscará mantenerla incólume.
Por el contrario, es repudiable que un acusado use métodos ilegales para intenar ganar el juicio; violencia física o asesinato son sin duda mecanismos repudiables e ilegales, al igual que manipular a los operadores de justicia. Podemos estar de acuerdo en ello tanto unos como otros; no creo que nadie en su sano juicio considere estos últimos como mecanismos válidos de defensa en un proceso.
La cosa se complica cuando surge una nueva -vamos, no nueva, pero sí novedosa- forma de intentar ganar un proceso judicial, que es deslegitimar al sistema de justicia mismo, porque se le considera parcial por el hecho de que quienes se considera adversarios políticos están en el poder; ese fue el argumento que en muchos casos se utilizó para desacreditar el trabajo de Cicig. Los acusados en varios casos señalaron a la Cicig, así como al ex comisionado Velásquez -y a la Fisal General Aldana- de estar conspirados para perjudicarles a través de juicios espurios y de recurrir exclusivamente a los operadores de justicia de “su confianza”.
La narrativa preponderante era que la justicia funcionaba porque se vió a políticos y empresarios de todo ámbito ser capturados en aparatosos operativos mañaneros y que los “jueces incorruptibles” no otorgaban medidas sustitutivas como prueba de la drasticidad del sistema en contra de la impunidad.
Por el contrario, los que eran acusados y procesados alegaban persecución política y otro montón de cosas.
Hoy, las cosas están exactamente igual, solo que al revés; quienes antes perseguían ahora son perseguidos y son ellos quienes alegan persecución política y otro montón de cosas y los coros de unos y otros siguen la narrativa de su grupo. Nada nuevo. Lo que sí resulta nuevo es que quienes hasta hace pocos meses mandaban en el sistema de justicia, hoy no confían en él. Solo con el hecho de que ellos -y ellas- ya no estén dirigiendo la persecusión penal y los jueces afines no estén resolviendo sus casos, la justicia dejó de ser imparcial y pasó a estar cooptada, según ellos y ellas. ¡Patrañas!
Digo que son patrañas porque no solo ese es un argumento falaz, sino porque hay muestras de que no es así. Por ejemplo, ahora que la Fiscal General ha nombrado al Licenciado Curruchiche al frente de la FECI, muchos esperan lo peor y señalan que cuando acusó al ex Superintendente de la SAT lo hizo espuriamente; puede ser, pero prueba de que el sistema funciona es que el juez Zelada desestimó 2 de los 3 delitos de los que Curruchiche imputó a él y a otro ex trabajador de la Cicig, y solo los ligó a proceso por uno, además de darles medida sustitutiva.
Otro caso reciente que da cuenta que el sistema funciona a pesar de los pesares, es el de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid quienes fueron acusados de violencia contra la mujer por la madre y hermana de Miguel Martínez. La acusación no era poca cosa, pero la jueza Michelle Dardón, aquella que hace dos años era señalada de ser parte del pacto de corruptos, hoy es bien ponderada por haber desestimado la denuncia contra los periodistas.
¿Y qué de la jueza Aifán que otrora se mostraba inflexible? Entonces lo hacía bien, dicen, pero cuando archivó provisionalmente un proceso en contra de Alejos, nadie de su grupo de fans dijo ni pío.
Queda claro que como dice el dicho, cada uno habla de la feria según le fue en ella. Incluso ahora que muchos quisiesen la destitución de la FG Porras, se topan con que no se puede, porque en 2016 se promovió una reforma legal para proteger a la entonces FG Aldana.
¿Lo que tenemos ahora es justicia? No lo sé, pero muy probablemente lo que se tiene ahora sí es justicia poética.