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Qué es el Pacto de San José

Betty Marroquin
02 de septiembre, 2021

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, fue creada en 1969, entró en vigencia en 1978. Se basa en la premisa que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” Suena bien, y ya está todo eso en nuestra Constitución.

En resumidas cuentas, fue creado para que el ciudadano se defienda de los abusos de los gobiernos, cuando el ciudadano sienta que sus derechos han sido violados o que ha sido sujeto de abusos de su gobierno. Bajo esa definición, todos los ciudadanos podríamos pedir el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque los abusos se cometen a diario. Ese principio es un principio Republicano que debe respetarse como en USA, que no es signatario del dichoso pacto y no reconoce la autoridad de la CIDH.

Fueron 25 los países signatarios: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay pero ya se retiraron Venezuela y Trinidad y Tobago al denunciar el Pacto.

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Por Guatemala fue firmado por los delegados doctor Carlos García Bauer, doctor Luis Aycinena Salazar y los licenciados Vicente Días Samayoa y Daniel Barreda de Evián.

La primera parte se refiere a los deberes y derechos fundamentales. La segunda parte crea la nefasta Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la excusa de proteger los derechos individuales.

El 26 de octubre de 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional la ejecución de la pena capital. Si bien prohibe la pena de muerte, hasta el 2017, Guatemala realizó varias ejecuciones como contemplado en la Constitución Política de la República.

Ni la Comisión ni la Corte tienen colmillo alguno para “castigar” a una nación que no acepta sus decisiones. Cualquier Corte de Constitucionalidad podría perfectamente desconocer lo que la CIDH nos “imponga” con sus sentencias absurdas y abusivas. Lo mismo que sucede con la ONU y la OEA. Sus decisiones no son vinculantes.

El Presidente Alejandro Giammattei debiera denunciar el Pacto de San José de inmediato. Si bien toma 4 años el proceso de salida, urge que lo haga y nos ayude a salir de este nefasto desastre. Mientras tanto, la Constitución nos dice claramente qué y cómo se resuelven los conflictos. Y la Constitución es ley suprema por encima de tratados o convenios internacionales, que sólo en el retorcido cerebro de Helen Mack y sus secuaces es sujeto a interpretación.

Denunciar el Pacto significaría en primer lugar, poner fin a la persecución contra nuestros veteranos militares, que para los que sí vivimos los años del conflicto armado interno y no estábamos del lado de los terroristas, son héroes de guerra. Gracias a ellos, hoy en día somos libres y pueden todos los que los odian teclear sus mensajes putrefactos día y noche como trolls.

Sin ese nefasto pacto, terminarían los resarcimientos que Guatemala se ha auto obligado a pagar en casos altamente cuestionados donde hay “testigos” cuyos rostros ni se podían ver. Una farsa tras otra. Para los que les gusta informarse, les comparto https://republica.gt/2016/02/21/del-circo-a-la-realidad/ https://republica.gt/2016/02/13/prevenir-para-no-lamentar/

El famoso pacto también sirve de cobija a delincuentes criminales como Juan Francisco Sandoval, que ahora busca el apoyo de la CIDH seguramente para pedir resarcimiento del Estado por un despido perfectamente legal. Espero que pronto la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público haga de conocimiento público las pruebas en su contra.

El nefasto pacto sólo sirve entonces para promover resarcimientos y proteger criminales. La CIDH está dominada por la izquierda internacional desde hace años. Helen Mack tiene sus tentáculos fuertemente enraizados en esa corte, al igual que las tienen las Molina Thiesen.

Señor Presidente, por favor ponga fin a esta farsa.   

Qué es el Pacto de San José

Betty Marroquin
02 de septiembre, 2021

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, fue creada en 1969, entró en vigencia en 1978. Se basa en la premisa que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” Suena bien, y ya está todo eso en nuestra Constitución.

En resumidas cuentas, fue creado para que el ciudadano se defienda de los abusos de los gobiernos, cuando el ciudadano sienta que sus derechos han sido violados o que ha sido sujeto de abusos de su gobierno. Bajo esa definición, todos los ciudadanos podríamos pedir el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque los abusos se cometen a diario. Ese principio es un principio Republicano que debe respetarse como en USA, que no es signatario del dichoso pacto y no reconoce la autoridad de la CIDH.

Fueron 25 los países signatarios: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay pero ya se retiraron Venezuela y Trinidad y Tobago al denunciar el Pacto.

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Por Guatemala fue firmado por los delegados doctor Carlos García Bauer, doctor Luis Aycinena Salazar y los licenciados Vicente Días Samayoa y Daniel Barreda de Evián.

La primera parte se refiere a los deberes y derechos fundamentales. La segunda parte crea la nefasta Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la excusa de proteger los derechos individuales.

El 26 de octubre de 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional la ejecución de la pena capital. Si bien prohibe la pena de muerte, hasta el 2017, Guatemala realizó varias ejecuciones como contemplado en la Constitución Política de la República.

Ni la Comisión ni la Corte tienen colmillo alguno para “castigar” a una nación que no acepta sus decisiones. Cualquier Corte de Constitucionalidad podría perfectamente desconocer lo que la CIDH nos “imponga” con sus sentencias absurdas y abusivas. Lo mismo que sucede con la ONU y la OEA. Sus decisiones no son vinculantes.

El Presidente Alejandro Giammattei debiera denunciar el Pacto de San José de inmediato. Si bien toma 4 años el proceso de salida, urge que lo haga y nos ayude a salir de este nefasto desastre. Mientras tanto, la Constitución nos dice claramente qué y cómo se resuelven los conflictos. Y la Constitución es ley suprema por encima de tratados o convenios internacionales, que sólo en el retorcido cerebro de Helen Mack y sus secuaces es sujeto a interpretación.

Denunciar el Pacto significaría en primer lugar, poner fin a la persecución contra nuestros veteranos militares, que para los que sí vivimos los años del conflicto armado interno y no estábamos del lado de los terroristas, son héroes de guerra. Gracias a ellos, hoy en día somos libres y pueden todos los que los odian teclear sus mensajes putrefactos día y noche como trolls.

Sin ese nefasto pacto, terminarían los resarcimientos que Guatemala se ha auto obligado a pagar en casos altamente cuestionados donde hay “testigos” cuyos rostros ni se podían ver. Una farsa tras otra. Para los que les gusta informarse, les comparto https://republica.gt/2016/02/21/del-circo-a-la-realidad/ https://republica.gt/2016/02/13/prevenir-para-no-lamentar/

El famoso pacto también sirve de cobija a delincuentes criminales como Juan Francisco Sandoval, que ahora busca el apoyo de la CIDH seguramente para pedir resarcimiento del Estado por un despido perfectamente legal. Espero que pronto la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público haga de conocimiento público las pruebas en su contra.

El nefasto pacto sólo sirve entonces para promover resarcimientos y proteger criminales. La CIDH está dominada por la izquierda internacional desde hace años. Helen Mack tiene sus tentáculos fuertemente enraizados en esa corte, al igual que las tienen las Molina Thiesen.

Señor Presidente, por favor ponga fin a esta farsa.