¿A qué justicia aspiramos?
Esta semana nuestro presidente tomó su decisión y, con ello, marcará el destino del Ministerio Público, uno de los eslabones más importantes de nuestra cadena de justicia.
Arrancamos esta semana con el nombramiento de la fiscal general para nuestro Ministerio Público para el período 2022-2026. El presidente Giammattei eligió a Consuelo Porras para un segundo ejercicio, a pesar de los cuestionamientos y las advertencias del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las reacciones diversas ante la decisión del presidente Giammattei se hicieron sentir de inmediato.
La justicia es un elemento fundamental en toda sociedad e imperante para salir del sub-desarrollo. Sin justicia, se obstruye el avance económico y el desarrollo social de los ciudadanos. Sin justicia, es imposible alcanzar un verdadero Estado de Derecho. Por tanto, esta conversación nos incumbe a todos los guatemaltecos. El alcanzar y asegurar ese orden en nuestra sociedad debe preocuparnos y ocuparnos a todos. Analicemos entonces, ¿cuál es esa justicia a la que aspiramos los guatemaltecos? ¿Cuál es la justicia que hoy tenemos?
Es un hecho que la justicia guatemalteca ha perdido credibilidad. Nuestra cadena de justicia es tan fuerte como el eslabón más débil y, a lo largo de la última década, vemos muchos eslabones debilitados. La justicia mediatizada, las persecuciones selectivas basadas en desinformación y pruebas falsas, los altos niveles de impunidad, la falta de resolución de conflictos y de declaración de sentencias, entre muchas otras razones, han hecho que los guatemaltecos dudemos de nuestras instituciones.
Respecto al Ministerio Público, hemos sido testigos de fuertes persecuciones selectivas las cuales, a falta de información fidedigna, dan la impresión de servir intereses oscuros. No hay excusa para perpetuar malas prácticas del pasado (incluyendo persecución selectiva, uso de la prisión preventiva que no está en ley). Sin embargo, no se escapa el hecho que hay ciertos casos que sí prosperan y ciertos que no. Resulta curioso reconocer la contraparte con quien primero se negocia, así como los “arreglos” a los que se llegan. Pero quizás lo más curioso es ver que los que pedían confiar en el sistema, hoy huyen de él.
La captura del sistema de justicia se ha vuelto el campo de batalla. No porque los “guerreros” luchen verdaderamente por lograr justicia, sino porque quieren controlar esta poderosa arma para utilizarla en contra de sus enemigos políticos. Vemos una erosión de las instituciones democráticas, de los pesos y contrapesos que hacen funcional una República. La receta era muy clara: mediatizar el caso, usar el testimonio falso de un testigo protegido, escoger el juez afín “a dedo” por medio de la conexión de causas, usar la prisión preventiva como mecanismo de presión, etcétera. En fin, la justicia se ha convertido en un medio para lograr un fin: poder.
¿Es esta la justicia que nos merecemos los guatemaltecos? ¿La justicia que queremos? ¿Es esta la justicia que nos hará salir del subdesarrollo? Me atrevo a afirmar que la justicia que la gran mayoría queremos es: apolítica, técnica, independiente y eficiente. Si existe una priorización, que la misma responda a criterios técnicos sobre los delitos de mayor impacto social: corrupción, narcotráfico, extorsiones, entre tantos otros. Los guatemaltecos queremos y merecemos una justicia que privilegie los mecanismos alternos para la resolución de conflictos (como el Plea Bargain) para descongestionar nuestras cortes y avanzar; una justicia modernizada, con procesos digitalizados y donde se reduzca la discrecionalidad en el manejo de papeles; una justicia sin lawfare; una justicia pronta, cumplida, accesible para todos y que respete el debido proceso para lograr sentencias firmes en plazos cortos.
Esta semana nuestro presidente tomó su decisión y, con ello, marcará el destino del Ministerio Público, uno de los eslabones más importantes de nuestra cadena de justicia. Pero no olvidemos que las cadenas se rompen en el eslabón más débil. Los guatemaltecos queremos y merecemos una cadena de justicia que aguante las presiones de quienes la quieran cooptar para fines políticos o defensivos. Queremos una cadena de justicia cuyos actores se deban al pueblo de Guatemala y no a quien los designe. La historia se encargará de juzgar ese fortalecimiento o debilitamiento de la cadena. De momento, nos queda definir con claridad nuestro “norte” y entender con precisión nuestra ubicación actual para así trazar la ruta que nos permita lograr la justicia que aspiramos.
¿A qué justicia aspiramos?
Esta semana nuestro presidente tomó su decisión y, con ello, marcará el destino del Ministerio Público, uno de los eslabones más importantes de nuestra cadena de justicia.
Arrancamos esta semana con el nombramiento de la fiscal general para nuestro Ministerio Público para el período 2022-2026. El presidente Giammattei eligió a Consuelo Porras para un segundo ejercicio, a pesar de los cuestionamientos y las advertencias del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las reacciones diversas ante la decisión del presidente Giammattei se hicieron sentir de inmediato.
La justicia es un elemento fundamental en toda sociedad e imperante para salir del sub-desarrollo. Sin justicia, se obstruye el avance económico y el desarrollo social de los ciudadanos. Sin justicia, es imposible alcanzar un verdadero Estado de Derecho. Por tanto, esta conversación nos incumbe a todos los guatemaltecos. El alcanzar y asegurar ese orden en nuestra sociedad debe preocuparnos y ocuparnos a todos. Analicemos entonces, ¿cuál es esa justicia a la que aspiramos los guatemaltecos? ¿Cuál es la justicia que hoy tenemos?
Es un hecho que la justicia guatemalteca ha perdido credibilidad. Nuestra cadena de justicia es tan fuerte como el eslabón más débil y, a lo largo de la última década, vemos muchos eslabones debilitados. La justicia mediatizada, las persecuciones selectivas basadas en desinformación y pruebas falsas, los altos niveles de impunidad, la falta de resolución de conflictos y de declaración de sentencias, entre muchas otras razones, han hecho que los guatemaltecos dudemos de nuestras instituciones.
Respecto al Ministerio Público, hemos sido testigos de fuertes persecuciones selectivas las cuales, a falta de información fidedigna, dan la impresión de servir intereses oscuros. No hay excusa para perpetuar malas prácticas del pasado (incluyendo persecución selectiva, uso de la prisión preventiva que no está en ley). Sin embargo, no se escapa el hecho que hay ciertos casos que sí prosperan y ciertos que no. Resulta curioso reconocer la contraparte con quien primero se negocia, así como los “arreglos” a los que se llegan. Pero quizás lo más curioso es ver que los que pedían confiar en el sistema, hoy huyen de él.
La captura del sistema de justicia se ha vuelto el campo de batalla. No porque los “guerreros” luchen verdaderamente por lograr justicia, sino porque quieren controlar esta poderosa arma para utilizarla en contra de sus enemigos políticos. Vemos una erosión de las instituciones democráticas, de los pesos y contrapesos que hacen funcional una República. La receta era muy clara: mediatizar el caso, usar el testimonio falso de un testigo protegido, escoger el juez afín “a dedo” por medio de la conexión de causas, usar la prisión preventiva como mecanismo de presión, etcétera. En fin, la justicia se ha convertido en un medio para lograr un fin: poder.
¿Es esta la justicia que nos merecemos los guatemaltecos? ¿La justicia que queremos? ¿Es esta la justicia que nos hará salir del subdesarrollo? Me atrevo a afirmar que la justicia que la gran mayoría queremos es: apolítica, técnica, independiente y eficiente. Si existe una priorización, que la misma responda a criterios técnicos sobre los delitos de mayor impacto social: corrupción, narcotráfico, extorsiones, entre tantos otros. Los guatemaltecos queremos y merecemos una justicia que privilegie los mecanismos alternos para la resolución de conflictos (como el Plea Bargain) para descongestionar nuestras cortes y avanzar; una justicia modernizada, con procesos digitalizados y donde se reduzca la discrecionalidad en el manejo de papeles; una justicia sin lawfare; una justicia pronta, cumplida, accesible para todos y que respete el debido proceso para lograr sentencias firmes en plazos cortos.
Esta semana nuestro presidente tomó su decisión y, con ello, marcará el destino del Ministerio Público, uno de los eslabones más importantes de nuestra cadena de justicia. Pero no olvidemos que las cadenas se rompen en el eslabón más débil. Los guatemaltecos queremos y merecemos una cadena de justicia que aguante las presiones de quienes la quieran cooptar para fines políticos o defensivos. Queremos una cadena de justicia cuyos actores se deban al pueblo de Guatemala y no a quien los designe. La historia se encargará de juzgar ese fortalecimiento o debilitamiento de la cadena. De momento, nos queda definir con claridad nuestro “norte” y entender con precisión nuestra ubicación actual para así trazar la ruta que nos permita lograr la justicia que aspiramos.