Yo quisiera no tener que escribir del pasado. Es como seguir hablando del divorcio, pelea entre novios, del muerto y la enfermedad. Es ese sentimiento de seguir lamentándose por lo que no se puede arreglar. Desgraciadamente nos han aorillado. Quiero decir con ello que nos obligan a tomar un lado del asunto. Tener que tomar un bando, a veces en contra de nuestra voluntad. Aorillarse quiere decir que toma uno una orilla, y para ello necesariamente tiene que haber dos orillas, una en un extremo, la otra, completamente opuesta.

Desde hace una buena cantidad de años la política y la discusión del bien y el mal actuar de funcionarios públicos, políticos, empresarios y sociedad civil se ha vuelto un asunto de obligar a tomar posturas, la mayoría de veces radicales, blanco o negro, bien o mal. En muchos momentos era estás a favor del comisionado Iván Velásquez Gómez, la CICIG y la fiscal Thelma Esperanza Aldana Hernández, o en contra. Eso significaba estar a favor o en contra de la corrupción para muchos.

Para otros, a medida que se empezaron a ver los abusos contra la presunción de la inocencia, el debido proceso, la independencia judicial, y posteriormente el sesgo ideológico en la persecución penal contra ciertos grupos, la utilización de los recursos de CICIG con fines de una agenda meramente ideológica y política, la falta de investigación a grupos que les eran afines. Por otro lado, también tuvimos el cuestionamiento de tener que tomar posiciones para respaldar grupos con los cuales evidentemente no estábamos de acuerdo por las posibles implicaciones de delitos en los que pudieron estar involucrados pues estaban defendiéndonos de una ideología que tampoco anhelamos pues en donde ha llegado al poder termina destruyendo todo aquello en lo que creemos procura el desarrollo de las personas mediante la construcción de un Estado de Derecho que defiende la vida, la libertad, la propiedad privada y la familia.

Así, en esta lucha que más que contra la corrupción, ha terminado siendo entre un grupo que se aferra al poder y los negocios, y otra que quiere el poder para poder hacer sus negocios, nos encuentra a muchos en medio, empujándonos constantemente a orillarnos a un extremo u otro.

La permanente injerencia del exembajador Todd D. Robinson, a través de la subsecretaría de Estado para la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL por sus siglas en inglés) en los asuntos internos de Guatemala, queriendo obligar, imponer, castigar a ciertas personas a través de los mecanismos que ha inventado el gobierno de Estados Unidos de América no es más que otro mecanismo que radicaliza las posiciones internas y crea frentes completamente en la dirección contraria a lo que se espera o creemos que debiera ser lo que se espera, un Estado de Derecho donde haya cumplimiento de la ley o “rule of law”.

Publicar una “Lista Engel” sin datos, sin pruebas, sin ninguna responsabilidad legal aorilla a un sector de la población que ya no le importará esa consecuencia si toma posiciones de poder aún mayores internamente y se aleja completamente del manto americano. Esta política de injuriar sin pruebas ha tenido los efectos contrarios dentro del país, donde todo aquel que ha sido colocado en el estado de no recomendarlo a un puesto, es el que es electo, y aquellos recomendados o respaldados por estos, los que no resultan electos o son removidos de sus puestos.

Tomar posiciones en contra de algunos empresarios y empresas simplemente porque hay contrapartes estadounidenses que perdieron un contrato, es todavía peor. La persecución a varios funcionarios y empresarios por la licitación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS – en la licitación pública sobre los tratamientos de hemodiálisis es un claro ejemplo. Llevar a la cárcel a personas honorables que integraban parte del proceso que no tenía que ver con la valoración de los productos, empresas y sobre todo, no eran parte del sistema corrupto, demostró que los intereses eran políticos, ideológicos y con un sesgo a favor de ciertos intereses comerciales de otras empresas corruptas: todos sabíamos que la empresa perdedora del contrato había, durante años, caído en prácticas de corrupción en sus licitaciones.

Al parecer, la misma situación pareciera ocurre al incluir a empresarios, magistrados y otros en la nueva edición de la Lista Engel. No publicar pruebas y únicamente mencionar que hay un posible daño a políticas energéticas norteamericanas u otros asuntos, descalifica la lista completamente.

Lo grave es el resultado interno: aorillar a muchos a tomar posiciones incómodas junto a personajes con los que de otra manera no se acercarían y consolidar posiciones radicales entorno a estos.

Muchos no queremos esto. Queremos la construcción de un país donde el respeto a los derechos individuales, la vida, la libertad, la propiedad privada, la familia en un ambiente de justicia y seguridad sean los valores que nos unen y nos impulsen a desarrollarnos. La radicalización únicamente nos encuentra en medio de un fuego cruzado y nos convierte en las víctimas de una polarización que no compartimos.

Yo me niego a ser “aorillado” a uno de los extremos, de tal manera que deba alejarme de los valores en los que creo se debe cimentar e desarrollo y progreso de los ciudadanos libres y responsables. Voy a continuar la lucha compartiendo los ideales de un país con Estado de Derecho que trate a sus ciudadanos con justicia y les permita su desarrollo en libertad. ¡No, no me dejaré aorillar!