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Cizaña pública

Así que, si es legítimo que unos “lleven agua a su molino”, ¿por qué no lo es que otros lo hagan también? Por una sencilla razón. La chairada tiembla de sólo pensar que perderá el monopolio de la narrativa en los corrillos de Washington.

Deborah Matta
25 de mayo, 2022

No deja de ser penoso que un alto funcionario de carrera del Departamento de Estado como Todd Robinson haya quedado, en buena medida con su propio concurso, como un simple instrumento de manipulación de la chairada local, en contra del sector privado.

De todos es conocido que ese diverso grupo ansía lograr el sueño húmedo de ver en una, varias o en todas las listas de sanciones del gobierno de Estados Unidos a “la élite empresarial” a quienes tanto odian.

Así, podemos ver con frecuencia sus reiteradas solicitudes públicas en redes sociales con copia a funcionarios del Departamento de Estado. Reclaman, para “los empresarios” el mismo trato que recibieron los oligarcas rusos ya que, en su imaginación, sin ese tipo de sanciones “otra Guatemala no es posible”. Y el funcionario por excelencia, al que más se lo solicitan es el exembajador Robinson.

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Todd, quien nunca a dejado de mostrar su simpatía por unos y su animadversión por el sector privado, se ha prestado para jugar el juego. Lo hace con prudencia en sus declaraciones oficiales y con imprudencia en sus redes sociales, como quien a ratos es funcionario y a ratos no lo es.

Plaza Pública ha sido el último en subirse al barco de la desinformación o “guerra sicológica” dirían algunos; para presentarse como lo que en realidad es: un medio más de “Cizaña Pública”.

Recientemente, acaba de publicar un “reportaje” sobre el cabildeo que diversos personajes del sector privado organizado han contratado en Washington.

En ese libelo se hacen afirmaciones a cual más irresponsables y sensacionalistas. Sus fuentes anónimas (obviamente) dicen, y ellos reproducen sin corroboración alguna, que el cabildeo contratado por el sector privado organizado tiene como objetivo desprestigiar a Robinson, poderoso funcionario del INL. Y Todd, lo replica gustosamente en su red social de Twitter.

Ante esta situación cabe hacerse dos preguntas:

  1. ¿Qué efectividad se le puede atribuir a dichas campañas de redes sociales? Es decir, ¿cómo se toma la decisión de incluir personas o empresas en esas listas de sanciones del gobierno de EUA? Y, ¿qué papel jugará Robinson?
  2. ¿De qué se acusa específicamente al sector privado como para merecer pertenecer a dicha lista?

La primera pareciera tener una respuesta rápida y contundente por parte de aquellos que dicen conocer estos procesos: las listas son integradas luego de un proceso exhaustivo y profesional de investigación, con documentación de soporte. Se supone que tuits y reportajes online de medios sesgados no califican.  

Se supone, por otra parte, que no son caprichosas ni pueden ser manipuladas por los gustos y preferencias de determinados funcionarios. Al menos eso es lo que se esperaría de un país que se precie de tener una política exterior institucional.

No obstante lo anterior, es evidente que Robinson tratará de influir para usarla como un instrumento de venganza personal frente a lo que él haya podido percibir como un ataque personal. En todo caso, el proceso es unilateral, secreto y no existe la posibilidad de presentar pruebas de descargo como lo hemos visto en los casos recientes.

La segunda pregunta amerita una respuesta un poco más larga: el crimen del que se acusa al sector privado es haber contratado cabilderos en EUA para ser más efectivo y dar su versión de los hechos ante importantes formadores de opinión y tomadores de decisiones en la capital estadounidense.

¿Algo más? Sí. Que el mensaje que el sector privado lleva no es del gusto de la chairada… se dice que es lobby anti-CICIG y otra serie de sandeces.

¿Y acaso no es eso -el cabildear- lo que las delegaciones de “destacados guatemaltecos” han estado haciendo por décadas y continúan haciendo en Washington? Ya sean los llamados “grupos sociales”, “defensores de derechos humanos”, nuevas entidades gremiales del sector privado, políticos y un largo etcétera presumen en sus redes sociales del “acceso” al que han tenido. Se muestran con prominentes fotografías de importantes funcionarios. Por cierto, el más popular de ellos: Todd Robinson.

¿Entonces? ¿Cuál es la diferencia moral? No existe. Solamente existe una diferencia: la ideológica. La búsqueda por instrumentalizar la política exterior de EUA para que la narrativa chaira predomine en corrillos del Departamento de Estado y del Congreso de EUA. Por cierto, con mucho éxito a lo largo de todos estos años.

La ironía es que sea el sector privado quien juegue con las normas institucionales de transparencia de ese país y ahora se le reclame que así sea. Después de todo la información obtenida por “Cizaña Pública” sale de documentos que son de dominio público. Cosa distinta pasa con esos otros grupos. Las fuentes de financiamiento de sus incontables viajes de desprestigio para el país durante décadas han sido y seguirán siendo opacas. No esperemos un reportaje de “Cizaña Pública” en ese sentido por favor.

Así que, si es legítimo que unos “lleven agua a su molino”, ¿por qué no lo es que otros lo hagan también? Por una sencilla razón. La chairada tiembla de sólo pensar que perderá el monopolio de la narrativa en los corrillos de Washington. Si con el piche presupuesto, que Plaza Pública denuncia ($300 mil dólares), se ha puesto a temblar a ese establishment; así de pobres y deleznables deben ser los pies de sus ídolos de barro.

Cizaña pública

Así que, si es legítimo que unos “lleven agua a su molino”, ¿por qué no lo es que otros lo hagan también? Por una sencilla razón. La chairada tiembla de sólo pensar que perderá el monopolio de la narrativa en los corrillos de Washington.

Deborah Matta
25 de mayo, 2022

No deja de ser penoso que un alto funcionario de carrera del Departamento de Estado como Todd Robinson haya quedado, en buena medida con su propio concurso, como un simple instrumento de manipulación de la chairada local, en contra del sector privado.

De todos es conocido que ese diverso grupo ansía lograr el sueño húmedo de ver en una, varias o en todas las listas de sanciones del gobierno de Estados Unidos a “la élite empresarial” a quienes tanto odian.

Así, podemos ver con frecuencia sus reiteradas solicitudes públicas en redes sociales con copia a funcionarios del Departamento de Estado. Reclaman, para “los empresarios” el mismo trato que recibieron los oligarcas rusos ya que, en su imaginación, sin ese tipo de sanciones “otra Guatemala no es posible”. Y el funcionario por excelencia, al que más se lo solicitan es el exembajador Robinson.

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Todd, quien nunca a dejado de mostrar su simpatía por unos y su animadversión por el sector privado, se ha prestado para jugar el juego. Lo hace con prudencia en sus declaraciones oficiales y con imprudencia en sus redes sociales, como quien a ratos es funcionario y a ratos no lo es.

Plaza Pública ha sido el último en subirse al barco de la desinformación o “guerra sicológica” dirían algunos; para presentarse como lo que en realidad es: un medio más de “Cizaña Pública”.

Recientemente, acaba de publicar un “reportaje” sobre el cabildeo que diversos personajes del sector privado organizado han contratado en Washington.

En ese libelo se hacen afirmaciones a cual más irresponsables y sensacionalistas. Sus fuentes anónimas (obviamente) dicen, y ellos reproducen sin corroboración alguna, que el cabildeo contratado por el sector privado organizado tiene como objetivo desprestigiar a Robinson, poderoso funcionario del INL. Y Todd, lo replica gustosamente en su red social de Twitter.

Ante esta situación cabe hacerse dos preguntas:

  1. ¿Qué efectividad se le puede atribuir a dichas campañas de redes sociales? Es decir, ¿cómo se toma la decisión de incluir personas o empresas en esas listas de sanciones del gobierno de EUA? Y, ¿qué papel jugará Robinson?
  2. ¿De qué se acusa específicamente al sector privado como para merecer pertenecer a dicha lista?

La primera pareciera tener una respuesta rápida y contundente por parte de aquellos que dicen conocer estos procesos: las listas son integradas luego de un proceso exhaustivo y profesional de investigación, con documentación de soporte. Se supone que tuits y reportajes online de medios sesgados no califican.  

Se supone, por otra parte, que no son caprichosas ni pueden ser manipuladas por los gustos y preferencias de determinados funcionarios. Al menos eso es lo que se esperaría de un país que se precie de tener una política exterior institucional.

No obstante lo anterior, es evidente que Robinson tratará de influir para usarla como un instrumento de venganza personal frente a lo que él haya podido percibir como un ataque personal. En todo caso, el proceso es unilateral, secreto y no existe la posibilidad de presentar pruebas de descargo como lo hemos visto en los casos recientes.

La segunda pregunta amerita una respuesta un poco más larga: el crimen del que se acusa al sector privado es haber contratado cabilderos en EUA para ser más efectivo y dar su versión de los hechos ante importantes formadores de opinión y tomadores de decisiones en la capital estadounidense.

¿Algo más? Sí. Que el mensaje que el sector privado lleva no es del gusto de la chairada… se dice que es lobby anti-CICIG y otra serie de sandeces.

¿Y acaso no es eso -el cabildear- lo que las delegaciones de “destacados guatemaltecos” han estado haciendo por décadas y continúan haciendo en Washington? Ya sean los llamados “grupos sociales”, “defensores de derechos humanos”, nuevas entidades gremiales del sector privado, políticos y un largo etcétera presumen en sus redes sociales del “acceso” al que han tenido. Se muestran con prominentes fotografías de importantes funcionarios. Por cierto, el más popular de ellos: Todd Robinson.

¿Entonces? ¿Cuál es la diferencia moral? No existe. Solamente existe una diferencia: la ideológica. La búsqueda por instrumentalizar la política exterior de EUA para que la narrativa chaira predomine en corrillos del Departamento de Estado y del Congreso de EUA. Por cierto, con mucho éxito a lo largo de todos estos años.

La ironía es que sea el sector privado quien juegue con las normas institucionales de transparencia de ese país y ahora se le reclame que así sea. Después de todo la información obtenida por “Cizaña Pública” sale de documentos que son de dominio público. Cosa distinta pasa con esos otros grupos. Las fuentes de financiamiento de sus incontables viajes de desprestigio para el país durante décadas han sido y seguirán siendo opacas. No esperemos un reportaje de “Cizaña Pública” en ese sentido por favor.

Así que, si es legítimo que unos “lleven agua a su molino”, ¿por qué no lo es que otros lo hagan también? Por una sencilla razón. La chairada tiembla de sólo pensar que perderá el monopolio de la narrativa en los corrillos de Washington. Si con el piche presupuesto, que Plaza Pública denuncia ($300 mil dólares), se ha puesto a temblar a ese establishment; así de pobres y deleznables deben ser los pies de sus ídolos de barro.