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Comisión municipal para prevención de la violencia

La situación precaria de seguridad, cada vez más presente en Guatemala, nos presenta un escenario donde los municipios se deben ver obligados a implementar inmediatamente programas de acción para la prevención del delito.

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Melanie Müllers |
08 de febrero, 2023

Según el Informe Violencia Homicida de GAM, durante 2022 hubo un significativo ascenso de la forma violenta en que los crímenes fueron cometidos, este hecho se encuentra vinculado a otros fenómenos criminales, que son parte de la consecución de pasos que trasciende, lamentablemente a la manifestación más grande de violencia que es la muerte, dentro de estos fenómenos, se encuentra el de la extorsión, mismo que en relación con el periodo anterior incremento en aproximadamente mil denuncias más. Además del fenómeno de la extorsión, también el de la violencia en todas sus manifestaciones a las mujeres, demuestra que es parte de estas variaciones en 2022. 

De acuerdo con datos del INACIF durante 12 meses del 2022 se registraron 4,256 víctimas de homicidios, en donde se reportaron 3,592 hombres fallecidos y 664 femicidios. Esto representa el incremento de las muertes en un 5% en relación con los datos del año anterior. 

La evaluación durante 12 meses del 2022 de los municipios del departamento de Guatemala que reportaron mayor cantidad de homicidios, claramente fue Guatemala con 386, Villa Nueva con 117 y Mixco con 96, estos son los primeros tres municipios que concentran la mayor cantidad de datos de homicidios.

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Respecto a las Alertas de mujeres desaparecidas, el Ministerio Público reporta cinco alertas de mujeres que desaparecen diariamente, 1 de cada 5 mujeres desaparecidas son encontradas sin vida.

Según datos del INACIF, 420 menores de edad perdieron la vida durante el año 2022, las principales armas utilizadas fueron las armas de fuego y armas blanca. Se reportaron 1,081 lesiones por hematomas, contusiones, erosiones, laceraciones, quemaduras, mordeduras y la alopecia traumática en niños y niñas y según el informe del Ministerio Público  tuvieron 8,918 denuncias de maltrato contra la niñez.

Creo podemos continuar con muchos datos alrededor de la violencia durante el 2022 en Guatemala, la pregunta es ¿Qué pasó con la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, 2014-2034? Impulsado por el Estado, a través del Ministerio de Gobernación, la cual tiene como objetivo principal el de asentar las bases de una cultura de prevención por convicción de la violencia y el delito, orientada a la participación de la población en el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica que incida en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor de las personas a ser víctimas de la violencia.

¿Cuántas Municipalidades trabajaron en el reglamento de la comisión municipal para prevención de la violencia?  Para la formulación de este reglamento municipal de prevención de la violencia y el delito,  tuvo que ser imperativo el coordinar una serie de procesos y actividades, que implicaron una amplia   participación   de   representantes del   gobierno   local,   gobierno   central, de   la sociedad  civil,  así como  líderes  comunitarios  interesados  en  impulsar  acciones  concretas, orientadas a sentar las bases de una convivencia más segura en su territorio. ¿Quiénes lo trabajaron?

Las Municipalidades, por su administración local, son la corporación estatal que se encuentra más cerca de la vida cotidiana de los guatemaltecos. Partiendo de esto, son las autoridades locales, en representación del Estado, a las que en un primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas que afectan la convivencia y seguridad de todos los ciudadanos. Por lo cual los municipios se convierten en actores relevantes en la implementación de políticas públicas de seguridad, salud, educación, infraestructura urbana, asistencia social, entre otros.

La situación precaria de seguridad, cada vez más presente en Guatemala, nos presenta un escenario donde los municipios se deben ver obligados a implementar inmediatamente programas de acción para la prevención del delito.