Cientos de personas son condenadas por error en todo el país en un sistema definido por la indiferencia hacia la inocencia y el error. El sistema se niega a reconocer que muchos casos es por falta de recursos económicos para costearse un abogado, algunos por justicia “mediática”, justicia por facturas “políticas”, revelando un sistema de justicia penal poco confiable socavado la credibilidad de nuestro sistema y arruinado las vidas de hombres y mujeres inocentes. Muchas condenas injustas se pueden atribuir a testigos que mintieron en la corte o hicieron acusaciones falsas, malas prácticas por parte de funcionarios gubernamentales, identificaciones de testigos erróneas, falsas o defectuosos análisis forenses e informantes “presionados” en la cárcel.

La policía, los fiscales y los jueces casi nunca son responsables de las mala practicas  que conducen a condenas erróneas, como fabricar pruebas, presentar testimonios falsos o negarse a considerar una prueba de inocencia. Las leyes de inmunidad los protegen de la responsabilidad incluso en casos de faltas graves y los fiscales es casi imposible puedan ser considerados responsables por la falsificación de pruebas, la coacción de testigos, la presentación de testimonios falsos, la retención de pruebas o la presentación de pruebas incautadas ilegalmente en el juicio.

Aquellos que se les demuestran en prisión preventiva que han sido condenados injustamente a través de pruebas posteriores a la condena pasan, en promedio, más de 5 años tras las rejas. La agonía de la vida en prisión y la pérdida total de la libertad solo se ven agravadas por los sentimientos de lo que podría haber sido, de no ser por la “condena” injusta. Privado durante años de familiares y amigos y de la capacidad de establecerse profesionalmente, pero la pesadilla no termina con la liberación. Sin dinero, vivienda, trabajo y con antecedentes penales que rara vez se borran a pesar de la inocencia, el castigo perdura mucho después de que se haya demostrado la inocencia. El Estado tienen la responsabilidad de restaurar las vidas de los condenados injustamente lo mejor que puedan.  Porque a pesar de su probada inocencia, la dificultad de reingresar a la sociedad es profunda para los condenados injustamente, el hecho de no compensarlos agrava el daño.

Citando a la justicia en Estados Unidos: “Al admitir que ningún sistema es perfecto, el reconocimiento público por parte del Gobierno del daño infligido a una persona condenada injustamente ayuda a fomentar su proceso de sanación, al tiempo que le asegura a los ciudadano que el gobierno, independientemente de la culpa, está dispuesto a hacerse cargo de sus agravios o errores”.

Buen momento para recapacitar en esta época del año dónde la empatía debe reinar en nuestros corazones, se deben explorar estrategias para mejorar la percepción pública de las condenas injustas y deben establecerse sistemas específicos de salud mental para apoyar a quienes son acusados ​​injustamente.

Realizar una investigación sobre las personas acusadas ​​injustamente sería un desafío en Guatemala, ya que nos enfrentamos no solo a una población de difícil acceso, sino también al desafío de manejar datos de naturaleza sensible. Adicionalmente se suma el factor del ego donde los medios y el mismo sistema necesitan aceptar que la justicia no siempre es 100% correcta y resaltan la parte de morbosa sin respetar la presunción de inocencia sin permitir que la angustia de la persona acusada llegue a los ojos de los demás... claro.... la inocencia....no vende y mucho ojo que a cualquiera le puede tocar.