El obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, Nicaragua, tuvo que hacer la mayoría de sus homilías en línea mientras las fuerzas armadas de seguridad rodeaban su residencia. El líder de la iglesia, que se ha vuelto cada vez más crítico con el empeoramiento de la dictadura del presidente nicaragüense Daniel Ortega, incluida su reciente represión contra las estaciones de radio católicas, había estado bajo arresto domiciliario durante dos semanas cuando las autoridades  lo detuvieron. El arresto del obispo, quien probablemente terminará en prisión o en el exilio en las próximas semanas, fue el ataque de más alto perfil del país contra la Iglesia Católica en los últimos meses. Al menos otras ocho parroquias en el área de Matagalpa han sido objeto de medidas intimidatorias por parte del régimen de Ortega. Un sacerdote que se pronunció a favor del obispo también fue detenido el 14 de agosto, apenas dos horas después de oficiar misa. Los ataques han dejado en claro que, bajo Ortega, cualquier figura, hasta la religiosa que denuncie los abusos del gobierno perderá su libertad.

Mientras los valientes sacerdotes locales continúan hablando en Nicaragua, los líderes regionales de la iglesia casi no se han pronunciado y el Vaticano hasta el domingo, el papa Francisco expresó su preocupación por “la situación en Nicaragua”, sin mencionar el arresto del obispo Rolando Álvarez.   

En 2006, aunque ya sabía de las tendencias autoritarias y corruptas de Ortega, la Iglesia tampoco se pronunció a la candidatura de Ortega. Ahora la Iglesia se encuentra entre las muchas organizaciones que han enfrentado su represión en los últimos años.

Después de asesinar al menos a 355 personas durante las protestas de 2018, muchas de ellas estudiantes, Ortega ha intentado continuamente cerrar cualquier otra protesta o actividad política de oposición que pudiera amenazar su control del poder. En las elecciones de 2020, Ortega hizo encarcelar a todos sus opositores más creíbles, lo que les impidió postularse para el cargo. Los ciudadanos se abstuvieron en gran medida de votar, porque los únicos candidatos que quedaban en la boleta electoral eran títeres del régimen.

Este año, Ortega también ha acelerado sus esfuerzos para cerrar los grupos de la sociedad civil en el país. Cerca de 500 organizaciones no gubernamentales fueron cerradas en un solo mes después de que una nueva ley que regula las organizaciones sin fines de lucro, que entró en vigor en mayo. Se unieron a los casi 1000 grupos de la sociedad civil que se cerraron en 2022 antes de la imposición de esa ley. Muchas otras organizaciones también se han visto obligadas a cesar su trabajo en virtud de la Ley de Agentes Extranjeros de 2020, otra ley que se utiliza regularmente para atacar a la sociedad civil y a los activistas de la oposición.

La mayoría de los medios impresos y televisivos han sido censurados o cooptados por el régimen. En abril, Juan Lorenzo Holmann, editor del periódico local La Prensa, fue declarado culpable de cargos falsos de lavado de dinero y sentenciado a nueve años de prisión. El personal del periódico se ha visto obligado a exiliarse. Mientras tanto, Confidencial, uno de los últimos medios de comunicación independientes que quedan en el país, ha sido hostigado y atacado repetidamente por las fuerzas gubernamentales, lo que ha empujado a muchos periodistas a operar desde el exilio. Ortega, también cerró una de las pocas estaciones de radio de la oposición que quedaban.

Con la vida de los sacerdotes en peligro, es importante la Iglesia Católica se active.
Por la creciente indiferencia por las acciones del régimen nicaragüense en los foros multilaterales, el Vaticano puede ser una de las únicas instituciones que puede frenar la represión de Ortega y no sumarse al sindrome del espectador.