El artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece las causas por las que el presidente puede establecer un estado de calamidad pública. Debe hacerse en Consejo de Ministros. Por supuesto, los desastres naturales son una causal establecida por este artículo. El plazo máximo de vigencia es de 30 días; se puede prorrogar si la causa permanece.

Resulta que el mismo decreto establece que, “si antes de que venza el plazo señalado, hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión”. No recuerdo si alguna vez en la historia se suspendió el estado de calamidad antes de los treinta días.

Habiendo establecido la parte legal del asunto, toca analizar el uso de esta herramienta y el manejo que se hace durante su vigencia. Cada vez que se ha declarado, en este gobierno y en los anteriores, el clamor de la ciudadanía se hace sentir pues inmediatamente empiezan las acusaciones de robo, malversación, corrupción y clientelismo, pues la historia así lo demuestra, por parte de quienes tendrán más libertad para actuar.

¿Cuál es esa libertad? Es la facilidad de hacer compras y contrataciones sin tener que utilizar el proceso de licitación, si el monto lo amerita. Claro está, si es una calamidad, el monto lo ameritará. O sea, es un momento de oro para “salir de pobres” para muchos.

Veamos esto desde otra perspectiva: Guatemala se mantiene en un estado de calamidad física, moral y estructural permanentes. En el caso de la física, el paso del huracán destapó más hoyos de los que hubiéramos imaginado. La calidad de la infraestructura vial es pésima. No nos percatamos de esto pues, superficialmente, todo está bien. Solo necesitábamos un poco de agua para que, literalmente, se destaparan los hoyos, no solo los físicos sino los de corrupción. Sí debo reconocer que algunas calles y carreteras han sobrervivido el paso de las inclemencias del tiempo. Ahora vemos cuáles son las que han sido construidas con “cascaritas de huevo huero”, como reza el viejo refán. Lamentablemente, son la mayoría. (RAE: “huero” significa “vacío y sin sustancia”).

Otro estado de calamidad permanente es el sistema legal. La justicia es excesivamente deficiente, lenta, inoperante, costosa y corrupta. He escrito muchas veces que, sin justicia, no puede haber paz. Hay culpables que quedan libres; hay inocentes que quedan presos. Lograr justicia requiere mover el cielo y la tierra, luchar intensamente por años, tiempo durante el cual el inocente sufre y el culpable “se sale con la suya”. El inocente es quien tiene que mostrar que lo es, y no el sistema de justicia.

El nivel de desnutrición en nuestros niños es extremo. Creo que este estado de calamidad nutricional es el peor de todos pues los condena a una vida mediocre por la incapacidad de aprender. Una vez cumplidos los cinco años, el cerebro termina su desarrollo y ya no hay vuelta atrás. ¿Es el gobierno responsable de esto? Parcialmente, sí lo es. Entre la falta de educación de calidad, que conduce a una ignorancia casi irreversible, unido a la pobreza extrema, es una historia que no termina.

La corrupción imperante a lo largo y ancho de nuestra querida Guate es, talvez, el peor estado de calamidad. Justamente ahora la Heritage Foundation publicó el Índice de Libertad Económica. Ocupamos la posición 69 de 177 países evaluados. A primera vista no nos vemos tan mal. Sin embargo, donde estamos peor calificados es en los derechos de propiedad y en el sistema legal. Estos son dos pilares fundamentales para lograr el desarrollo, la convivencia pacífica, el crecimiento económico y, por supuesto, la justicia pronta y cumplida.

Definitivamente, vivimos en un estado de calamidad. Nos toca luchar en nuestro metro cuadrado para movernos a un estado de prosperidad. No es tarea solo del gobierno de turno; es de todos.