Hacia la digitalización de la justicia
La solución más práctica para resolver este inventario acumulado es la digitalización. Hoy los procesos son manuales y complejos.
Todo proceso tiene un cuello de botella que lo limita. En el caso de la justicia penal, el cuello de botella se encuentra a nivel de las cortes. Tal como lo he mencionado en varias de mis columnas, es importante la digitalización de toda nuestra cadena de seguridad y justicia pero, en especial, la de nuestras cortes. Esto permitiría acelerar el proceso de justicia penal y así fortalecer nuestro Estado de Derecho.
Para tener un diálogo constructivo sobre estos temas y sobre cómo lograr tal digitalización, esta semana Fundesa llevó a cabo el “Foro Avances, Acciones y Proyectos del Organismo Judicial”. En este espacio se abrió una discusión sobre las acciones que nuestro Organismo Judicial ha llevado a cabo, para mejorar sus procesos por el bien de toda la nación. Se conocieron los avances en la implementación del Decreto 13-2022, “Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales”, incluyendo los planes piloto en 4 departamentos.
Recordemos que, en la última medición del Flujograma de Justicia Criminal, fue posible ver una mejora significativa en nuestra cadena de justicia pasando de 24.2 por ciento en 2020 a 41.9 por ciento en el 2021. Sin embargo, eso implica que solo 4 de cada 10 casos que ingresan al sistema llegan a una resolución. La eficiencia anual del Ministerio Público (MP) se elevó a 153.9 por ciento lo que provocó una reducción de 19.4 por ciento en su inventario de casos acumulados. Ciertamente vemos a un Ministerio Público mucho más fortalecido. Pero, ¿qué pasa con los demás organismos? Existe aún una gran mora de casos acumulados en nuestras cortes. Si bien el MP fue más eficiente, el Organismo Judicial (OJ) se limita a una eficiciencia anual de 64.6 por ciento, lo que provocó un crecimiento de 9 por ciento en el inventario acumulado a nivel de las cortes. ¿Cómo puede nuestro OJ acelerar el paso para no quedarse atrás?
La solución más práctica para resolver este inventario acumulado es la digitalización. Hoy los procesos son manuales y complejos. Tomemos el ejemplo de un caso que tiene hasta 100 coimputados. Una sola notificación implica 100 fotocopias, 100 entregas a través de un mensajero, 100 notificaciones oficiales, 100 diligencias, etcétera. Mientras que, con una notificación digital, el proceso sería inmediato. Imagínense cuánto podríamos ahorrarnos en tiempos, costos, trámites, complejidades, con la digitalización de las cortes.
El eliminar el papel de los trámites judiciales implica un sinfín de mejoras en nuestros procesos. Permitiría una importante reducción de costos y tiempos, tener una mejor administración de la información para poder así agilizar audiencias, conocer el estatus de los casos en tiempo real, reducir tiempos de respuesta, desahogar procesos, brindar a los implicados acceso a la misma documentación en tiempo real y de manera simultánea, y más
Para poder continuar con la digitalización, se deben de poder digitalizar los expedientes. Y, para ello, se debe lograr la implementación del timbre digital. Recordemos que los abogados y notarios tienen que pagar un impuesto para poder ejercer sus profesiones, este impuesto es el timbre forense y el timbre notarial. Es necesario modificar las características de esta “estampilla”, para que pueda ser “adherida” de manera digital a los documentos electrónicos. Esperemos que esta iniciativa sea aprobada por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y que, con ello, demos un paso decidido hacia la modernización que se exige en el siglo XXI.
Hoy la justicia es lenta, cara y engorrosa, por lo que no genera confianza ni está al servicio de todos los guatemaltecos por igual. Es innegable que la digitalización de los procesos nos acercaría a una justicia pronta y cumplida. Y es indiscutible que esa justicia pronta y cumplida es un requerimiento básico para alcanzar la prosperidad que anhelamos como nación. Ojalá sigamos avanzando hacia lograr la digitalización de nuestro sistema de justicia.
Hacia la digitalización de la justicia
La solución más práctica para resolver este inventario acumulado es la digitalización. Hoy los procesos son manuales y complejos.
Todo proceso tiene un cuello de botella que lo limita. En el caso de la justicia penal, el cuello de botella se encuentra a nivel de las cortes. Tal como lo he mencionado en varias de mis columnas, es importante la digitalización de toda nuestra cadena de seguridad y justicia pero, en especial, la de nuestras cortes. Esto permitiría acelerar el proceso de justicia penal y así fortalecer nuestro Estado de Derecho.
Para tener un diálogo constructivo sobre estos temas y sobre cómo lograr tal digitalización, esta semana Fundesa llevó a cabo el “Foro Avances, Acciones y Proyectos del Organismo Judicial”. En este espacio se abrió una discusión sobre las acciones que nuestro Organismo Judicial ha llevado a cabo, para mejorar sus procesos por el bien de toda la nación. Se conocieron los avances en la implementación del Decreto 13-2022, “Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales”, incluyendo los planes piloto en 4 departamentos.
Recordemos que, en la última medición del Flujograma de Justicia Criminal, fue posible ver una mejora significativa en nuestra cadena de justicia pasando de 24.2 por ciento en 2020 a 41.9 por ciento en el 2021. Sin embargo, eso implica que solo 4 de cada 10 casos que ingresan al sistema llegan a una resolución. La eficiencia anual del Ministerio Público (MP) se elevó a 153.9 por ciento lo que provocó una reducción de 19.4 por ciento en su inventario de casos acumulados. Ciertamente vemos a un Ministerio Público mucho más fortalecido. Pero, ¿qué pasa con los demás organismos? Existe aún una gran mora de casos acumulados en nuestras cortes. Si bien el MP fue más eficiente, el Organismo Judicial (OJ) se limita a una eficiciencia anual de 64.6 por ciento, lo que provocó un crecimiento de 9 por ciento en el inventario acumulado a nivel de las cortes. ¿Cómo puede nuestro OJ acelerar el paso para no quedarse atrás?
La solución más práctica para resolver este inventario acumulado es la digitalización. Hoy los procesos son manuales y complejos. Tomemos el ejemplo de un caso que tiene hasta 100 coimputados. Una sola notificación implica 100 fotocopias, 100 entregas a través de un mensajero, 100 notificaciones oficiales, 100 diligencias, etcétera. Mientras que, con una notificación digital, el proceso sería inmediato. Imagínense cuánto podríamos ahorrarnos en tiempos, costos, trámites, complejidades, con la digitalización de las cortes.
El eliminar el papel de los trámites judiciales implica un sinfín de mejoras en nuestros procesos. Permitiría una importante reducción de costos y tiempos, tener una mejor administración de la información para poder así agilizar audiencias, conocer el estatus de los casos en tiempo real, reducir tiempos de respuesta, desahogar procesos, brindar a los implicados acceso a la misma documentación en tiempo real y de manera simultánea, y más
Para poder continuar con la digitalización, se deben de poder digitalizar los expedientes. Y, para ello, se debe lograr la implementación del timbre digital. Recordemos que los abogados y notarios tienen que pagar un impuesto para poder ejercer sus profesiones, este impuesto es el timbre forense y el timbre notarial. Es necesario modificar las características de esta “estampilla”, para que pueda ser “adherida” de manera digital a los documentos electrónicos. Esperemos que esta iniciativa sea aprobada por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y que, con ello, demos un paso decidido hacia la modernización que se exige en el siglo XXI.
Hoy la justicia es lenta, cara y engorrosa, por lo que no genera confianza ni está al servicio de todos los guatemaltecos por igual. Es innegable que la digitalización de los procesos nos acercaría a una justicia pronta y cumplida. Y es indiscutible que esa justicia pronta y cumplida es un requerimiento básico para alcanzar la prosperidad que anhelamos como nación. Ojalá sigamos avanzando hacia lograr la digitalización de nuestro sistema de justicia.