Justicia en deuda
Es necesario que nuestra CC se pronuncie sobre este proceso ya mismo. Errar es de humanos. Simplemente hay que reconocer que es inviable escuchar “a viva voz” la opinión de 160 diputados sobre 270 candidatos a magistraturas.
Por si no lo sabían, los guatemaltecos estamos de aniversario. Esta semana se cumplen tres años de la extensión irregular de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un aniversario que no es para celebrar y que pone en evidencia cómo nuestro sistema de justicia le ha fallado a nuestro país.
En un partido de fútbol existe el mecanismo de prórroga que dura 30 minutos repartidos en dos partes de 15 cada uno. Si la prórroga también acaba sin un ganador, se procede a los penaltis. De la misma manera, existen mecanismos institucionales para prolongar temporalmente ciertos mandatos con el fin de evitar una vacante y vacío legal. A raíz de ciertos amparos, se extendió el plazo de la actual Corte Suprema de Justicia. Pero pareciera que nos quedamos en un limbo en los penaltis pues los jugadores no se aproximan al balón como un mecanismo artificial para extender el tiempo de juego.
En una democracia republicana los ciudadanos y sus instituciones se rigen bajo el ordenamiento del marco constitucional. Parte fundamental del Estado de Derecho es el respeto a la investidura del poder, como también lo es el respeto por los plazos constitucionales. Esto no es un juicio de valor sobre el desempeño de la corte o sus integrantes. Lo que si constituye un juicio de valor es decir que las instituciones de justicia deben liderar con el ejemplo al mostrar su respeto de los plazos dictados en nuestro marco legal y constitucional.
Como recordarán, nuestra Constitución indica que las cortes deben renovarse cada 5 años e indica el procedimiento para lograrlo. Nuestros próceres constitucionales buscaron un esquema de comisiones de postulación para profesionalizar el esquema de selección. Sin embargo, debemos reconocer que dicho esquema ha politizado la academia. Si no nos gusta y queremos ajustar dicho esquema, tendríamos que cambiar la Constitución. Pero, lo que no podemos hacer es desobedecer cínicamente un mandato constitucional.
Tristemente nuestro sistema de justicia está en deuda con toda Guatemala, no solo por la renovación de magistrados a la CSJ y Cortes de Apelaciones, también porque vemos a ciertos jueces defendiendo aberraciones jurídicas como la multi-causa y la prisión preventiva, porque percibimos un innegable sesgo político en la priorización de casos y en los fallos, porque hemos permitido que se perpetúen malas prácticas del pasado, porque las masas han sido condicionadas y claman por la justicia mediática y selectiva independientemente de lo que diga la evidencia, porque somos incapaces de implementar los brazaletes electrónicos, y porque seguimos manejando una justicia "de papel" con poca o nula digitalización.
Claro que debemos reconocer que el proceso de designación de magistrados está agotado. Se requiere un diálogo incluyente para revisar el sistema de nombramientos, así como para revisar algunas leyes corolarias tales como como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley de Carrera Judicial, etcétera. Un diálogo aterrizado y gradual que nos vaya aproximando a ese sistema mejorado de justicia al que aspiramos y nos merecemos los guatemaltecos. Cortes objetivas y transparentes.
Como país, hemos avanzado en muchos aspectos. Hemos acumulado ciertas victorias, por mencionar algunas está la mejora en nuestra capacidad de atracción de inversión extranjera y generación de empleos formales, la aprobación de varias leyes que fomentan el desarrollo y el empleo, la reactivación de la inversión en infraestructura, etcétera. Sin embargo, esos avances en ciertos sub-sistemas nacionales de poco importan si el sub-sistema de justicia apunta en la dirección contraria.
Es necesario que nuestra CC se pronuncie sobre este proceso ya mismo. Errar es de humanos. Simplemente hay que reconocer que es inviable escuchar “a viva voz” la opinión de 160 diputados sobre 270 candidatos a magistraturas. Para eso sirve el tablero electrónico que nos permite registrar el voto individual por diputado para cada candidato. Ojalá el sistema de justicia pueda dar el ejemplo y apegarse de manera irrestricta a la ley, empezando por la renovación de las cortes en los plazos establecidos y que nos encausen hacia ese Estado de Derecho que anhelamos y nos merecemos los guatemaltecos.
Justicia en deuda
Es necesario que nuestra CC se pronuncie sobre este proceso ya mismo. Errar es de humanos. Simplemente hay que reconocer que es inviable escuchar “a viva voz” la opinión de 160 diputados sobre 270 candidatos a magistraturas.
Por si no lo sabían, los guatemaltecos estamos de aniversario. Esta semana se cumplen tres años de la extensión irregular de nuestra Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un aniversario que no es para celebrar y que pone en evidencia cómo nuestro sistema de justicia le ha fallado a nuestro país.
En un partido de fútbol existe el mecanismo de prórroga que dura 30 minutos repartidos en dos partes de 15 cada uno. Si la prórroga también acaba sin un ganador, se procede a los penaltis. De la misma manera, existen mecanismos institucionales para prolongar temporalmente ciertos mandatos con el fin de evitar una vacante y vacío legal. A raíz de ciertos amparos, se extendió el plazo de la actual Corte Suprema de Justicia. Pero pareciera que nos quedamos en un limbo en los penaltis pues los jugadores no se aproximan al balón como un mecanismo artificial para extender el tiempo de juego.
En una democracia republicana los ciudadanos y sus instituciones se rigen bajo el ordenamiento del marco constitucional. Parte fundamental del Estado de Derecho es el respeto a la investidura del poder, como también lo es el respeto por los plazos constitucionales. Esto no es un juicio de valor sobre el desempeño de la corte o sus integrantes. Lo que si constituye un juicio de valor es decir que las instituciones de justicia deben liderar con el ejemplo al mostrar su respeto de los plazos dictados en nuestro marco legal y constitucional.
Como recordarán, nuestra Constitución indica que las cortes deben renovarse cada 5 años e indica el procedimiento para lograrlo. Nuestros próceres constitucionales buscaron un esquema de comisiones de postulación para profesionalizar el esquema de selección. Sin embargo, debemos reconocer que dicho esquema ha politizado la academia. Si no nos gusta y queremos ajustar dicho esquema, tendríamos que cambiar la Constitución. Pero, lo que no podemos hacer es desobedecer cínicamente un mandato constitucional.
Tristemente nuestro sistema de justicia está en deuda con toda Guatemala, no solo por la renovación de magistrados a la CSJ y Cortes de Apelaciones, también porque vemos a ciertos jueces defendiendo aberraciones jurídicas como la multi-causa y la prisión preventiva, porque percibimos un innegable sesgo político en la priorización de casos y en los fallos, porque hemos permitido que se perpetúen malas prácticas del pasado, porque las masas han sido condicionadas y claman por la justicia mediática y selectiva independientemente de lo que diga la evidencia, porque somos incapaces de implementar los brazaletes electrónicos, y porque seguimos manejando una justicia "de papel" con poca o nula digitalización.
Claro que debemos reconocer que el proceso de designación de magistrados está agotado. Se requiere un diálogo incluyente para revisar el sistema de nombramientos, así como para revisar algunas leyes corolarias tales como como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley de Carrera Judicial, etcétera. Un diálogo aterrizado y gradual que nos vaya aproximando a ese sistema mejorado de justicia al que aspiramos y nos merecemos los guatemaltecos. Cortes objetivas y transparentes.
Como país, hemos avanzado en muchos aspectos. Hemos acumulado ciertas victorias, por mencionar algunas está la mejora en nuestra capacidad de atracción de inversión extranjera y generación de empleos formales, la aprobación de varias leyes que fomentan el desarrollo y el empleo, la reactivación de la inversión en infraestructura, etcétera. Sin embargo, esos avances en ciertos sub-sistemas nacionales de poco importan si el sub-sistema de justicia apunta en la dirección contraria.
Es necesario que nuestra CC se pronuncie sobre este proceso ya mismo. Errar es de humanos. Simplemente hay que reconocer que es inviable escuchar “a viva voz” la opinión de 160 diputados sobre 270 candidatos a magistraturas. Para eso sirve el tablero electrónico que nos permite registrar el voto individual por diputado para cada candidato. Ojalá el sistema de justicia pueda dar el ejemplo y apegarse de manera irrestricta a la ley, empezando por la renovación de las cortes en los plazos establecidos y que nos encausen hacia ese Estado de Derecho que anhelamos y nos merecemos los guatemaltecos.