Se debe dejar algo claro de una buena vez: la gran mayoría -si no es que todos- de quienes decían que buscaban justicia, sujeción a la ley y Estado de Derecho a través de lo que llamaron “lucha en contra de la corrupción y la impunidad”, simplemente no buscaban eso.  Lo que buscaron no fue limpiar o reformar un sistema sino sustituir mediante ataques judiciales (lawfare) y no a través del proceso democrático, a quienes ellos consideraron que ostentaban algún poder; quisieron desbancar a quienes ellos llamaron statu quo para ellos constituirse, anti democráticamente, en nomenklatura.  

Al infame Joseph Göbbels se le atribuye haber dicho: “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” y en parte tuvo razón.  Pero Göbbels no vivió en la era donde, a pesar de la enorme desinformación que hay en redes sociales, se tiene acceso casi inmediato y universal, a una gran cantidad de fuentes de información.  Ahora es más difícil que una mentira, aunque sea repetida mil veces se convierta y mantenga como “verdad” por mucho tiempo.  

El entramado que significo la CICIG y su grupo de fans -entre los que estaban y todavía están, periodistas y medios de comunicación- quiso vender como verdad, la mentira de que querían sujeción a la ley y que se hiciera justicia, pero la realidad les ha evidenciado como embusteros.  Al primer atisbo de que ellos y ellas pudiesen ser llamados a rendir cuentas en el sistema de justicia, huyeron, argumentando mil y una cosas.  Todas excusas. 

Personas en el poder siempre han recurrido a la mentira y al engaño para justificarse, pero la mentira de que lo que ellos buscaban era justicia -y no venganza o retribución- se desveló tan pronto como dejaron de ser ellos -y ellas- quienes impartían esa justicia y les tocó ser sujetos a las mismas leyes y los mismos procedimientos que ellos usaron para alcanzar sus fines.  Cuando no eran ellos -y ellas- los jueces, fiscales y operadores, entonces esas leyes devinieron injustas, esos procedimientos arbitrarios y la justicia, injusta.  

La lista de estos personajes es larga.  No se puede hablar de los ex comisionados de la CICIG porque tuvieron y tienen inmunidad a la persecución penal por sus actos; ni modo, así lo firmamos. 

Uno de los primeros que huyó cuando percibió que ya no tendría protección indebida, cuando ya no tendría el acceso al poder de la CICIG fue Alfonso Carrillo.  A la semana de que se declarara non grato (sic) a Iván Velásquez, Carrillo huyó del país y no ha vuelto más que unas pocas veces.  Luego de todo lo que hizo, resulta que ahora el sistema de justicia -el mismo que aprovechó y le redituó- es malo.  

Claudia Paz y Paz, ex fiscal general, se fue durante el período de Thelma Aldana; uno pensaría que se sentiría cómoda con Aldana al frente del MP y con la CICIG en pleno auge, pero no.  Ella se fue sin que pudiese rendir cuentas y responder acusaciones que entiendo que tiene.  

Thelma Aldana es, por supuesto, una de las más emblemáticas prófugas; estando las mismas leyes vigentes, las mismas instituciones y el mismo sistema -pero ya no ella al frente- decidió que llamarla a enfrentar la justicia era “persecución política”.  No cambió nada, solo que ella ya no era la que acusaba, sino la señalada.  

Gloria Porras, ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad, no se quedó a seguir la pelea legal por su reelección; ni siquiera a entregar su magistratura.  Se fue antes de que la protección del antejuicio cesara.  Ya sin estar ella en la Corte, el sistema que ayudó a formar le pareció retorcido.  No confió en el sistema ni en las leyes del país estando ella fuera de la Corte; cuando fue magistrada -por 10 años- entonces el sistema judicial era justo, pero ya no en el instante mismo que no fungía como magistrada. 

Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de la FECI huyó luego de ser destituido; se fue, en medio de la noche, por la frontera hacia El Salvador, desde donde luego viajó a Estados Unidos.  Ya sin el parapeto del puesto, no estuvo dispuesto a enfrentar las acusaciones que se le hicieron y que serían evaluadas -juzgadas- en el mismo sistema que él utilizó siendo fiscal y bajo las mismas leyes que él aplicó.  Nada distinto, excepto que él ya no era quien acusaba; ya no era autoridad.  

Erika Aifán se fue incluso antes de que se le retirara la inmunidad; ella no esperó a que la Corte Suprema de Justicia decidiese que, en efecto, se le retiraba la inmunidad para investigarla, sino que, anticipando el resultado, huyó.  Ni siquiera se quedó para que se le investigase, ya no digamos presentarse ante la justicia (la misma que ella integró y con las mismas leyes que ella aplicó).  Si ella no era quien impartía justicia, esa justicia era injusta.  

Aparte de los mencionados, varios fiscales de menor rango se han ido también de Guatemala huyendo -algunos- de las acusaciones que se les hicieron y otros antes de que se les fueran a hacer; como que supieran que sus acciones ameritarían luego ser investigadas.  Tenían razón.

El último en irse en medio de la noche fue el ex Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, quien al igual que otros antes que él, dejó el territorio nacional en el instante que ya no le protegía el antejuicio.  Las denuncias que pueda tener -y las que pudieran ser presentadas- serían tratadas de igual forma que muchas otras antes, bajo el mismo sistema y le serían aplicables las mismas leyes que existían mientras él las utilizó.  De nuevo, lo único que cambiaría es que él ya no era autoridad.

Todos -excepto Jordán Rodas, por el momento- han buscado refugio en las enaguas de la administración Biden y viven, con estatus de exilados o no, en Washington, D.C.  Mientras muchos de ellos -y ellas- rehúsan rendir cuentas ante la justicia, para mantenerse se supone que tendrán algún emolumento de cualquiera del sin fin de oenegés estadounidenses que por décadas han financiado a las locales sin que se vea mejoría alguna, más que en las cuentas monetarias de quienes las manejan.  

Todos ellos se hacen llamar y se dicen “exilados” o “perseguidos políticos” pero en realidad son prófugos -algunos- y otros simplemente cobardes que utilizaron y abusaron su posición para perseguir y destruir.  Desde que ellos ajusticiaron -porque no impartieron justicia- los procedimientos legales y el sistema de justicia no ha cambiado, es decir, que no pueden alegar que las condiciones variaron y ahora son perniciosas; lo único que cambió es que ellos -y ellas- ya no están en posiciones de poder, desde donde pudieron ajusticiar.

La larga lista de prófugos y auto exiliados muestra su nulo respeto con el Estado de Derecho y con el sistema de justicia; de tenerle, estarían dispuestos a enfrentar acusaciones por demás espurias -si lo fuesen- porque estarían tranquilos que las leyes que ellos y ellas aplicaron les serían aplicadas, no otras.  Estarían tranquilos o por lo menos tendrían el coraje de enfrentar acusaciones sin siquiera tener que demostrar su inocencia, pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.  Eso dice la Constitución, pero claro, cuando ellos y ellas ejercían cargo público y tenían poder, las acusaciones mediáticas que hicieron bastaban para que se les condenase tanto públicamente como judicialmente.  

El título de esta columna evoca el del libro que Maite Rico y Bertrand de la Grange escribieron sobre el embuste -La Genial Impostura- del llamado subcomandante Marcos.  La de los acá mencionados, y la de muchos otros iguales a ellos no fue genial -por suerte- porque la verdad de sus intenciones se conoció más pronto que tarde.  La de los acá mencionados fue una burda impostura.