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Las capturas de abogados que formaron parte de la CICIG

Si me preguntan, diría que las formas utilizadas al capturar a estos abogados no fueron las correctas, pero debo decir, que no lo han sido en ninguno de los dos bandos, el respeto a los derechos constitucionales y humanos debe de prevalecer siempre

Jose Goubaud |
15 de febrero, 2022

A finales del año 2018, la Fundación Contra el Terrorismo, presentó una denuncia contra el ex fiscal, Juan Francisco Sandoval, por supuestas anomalías en el caso Odebretcht. Dentro de las irregularidades señaladas por la fundación encontramos varios señalamientos, el primero de ellos es que el Licenciado Sandoval estableció de forma ilegal un acuerdo de colaboración eficaz con la compañía Odebretch; varias personas me preguntan por qué se dice que estos acuerdos no son lícitos, como primer indicio se señala que estos convenios de colaboración eficaz se firmaron en Brasil, para esto el ex fiscal tuvo que viajar fuera del país, por lo que automáticamente perdería su calidad de funcionario al perder su jurisdicción legal, la forma oficial en que pudiera haber realizado actos legales fuera del país es que contara con autorización diplomática. Lo cual, según el expediente de investigación, no fue solicitado por la ex fiscal general Thelma Aldana, por esto, al perder competencia, las negociaciones o documentos firmados en el extranjero por Sandoval, perderían legitimidad.

Él debió contar con el aval internacional del cónsul guatemalteco en Brasil quién, siguiendo las formas legales, debió de haber legalizado todos los documentos y haberlos enviado a través del canal del ministerio de Relaciones Exteriores para poder así incorporarlos legalmente al expediente. Como segundo punto, se encuentra el tipo de negociación realizada con los acusados, la fundación contra el terrorismo afirma que los abogados de FECI, realizaron un convenio con representantes de Odebretch en el que por “colaborar” con la investigación, Sandoval aprobó un trato, con el cual,  los apoderados de esta organización lograron evadir la justicia y lo que es peor aún, no se les requería ningún pago o indemnización para Guatemala. 

Al contrario de lo que hicieron todos los países en los que esta empresa realizó actos de corrupción; como es bien sabido, las demandas civiles del Estado corresponden exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación, por lo que la PGN en el año 2020, emitió un informe jurídico dónde exponía que desconocía las diligencias judiciales celebradas en Brasil, aduciendo que el MP, nunca les notificó de lo realizado por ellos, y  que ese acuerdo negociado por él ex fiscal, había afectado el mecanismo legal para que el país pudiera recuperar los más de 300 millones de quetzales que se le habían pagado a la empresa, de igual forma, Juan Francisco Sandoval, Leydi Santizo y Xiomara Sosa. Firmaron peticiones para que una Juez de Guatemala, uniera varios casos a una sola causa legal, lo cual es ilegal, constancia de ello es la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia en la que dictamina que esta acción no estaba apegada a derecho, a las acciones anteriores se le pueden imputar varios delitos, entre ellos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal y la averiguación de la verdad entre otros.

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Las versiones de Sandoval y su abogada son distintas, ellos afirman que si hubo control jurisdiccional de un juez, pero no dice quién es ese Juez, si este era de Brasil, esa negociación sólo tendría efecto en Brasil, para que tuviera validez en Guatemala debió de haber un abogado del Estado de Guatemala autorizado diplomáticamente para que los acuerdos surtieran efecto en el país. Afiirman que también tenían un respaldo judicial, no se comprende a que se refieren con esto porque ningún Juez podría otorgar un permiso a un fiscal para que actúe fuera de las fronteras del país, de igual forma, aseguran que la PGN sí estuvo presente en cada una de las audiencias, pero estas audiencias que ellos hablan se dieron en Guatemala y nunca fuera del territorio nacional, por lo que no se entiende la defensa de la abogada y de Sandoval.

Por lo anterior, el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, tiene orden de captura y el pasado jueves 10 de febrero, se realizó la captura de la Licenciada Leydi Santizo, quien fuera mandataria de la CICIG, y se ordenó la aprehensión de la abogada Eva Xiomara Sosa, , también ex fiscal de la FECI. Todos relacionados al caso Odebretch, estas órdenes de captura han sido aplaudidas por unos y criticadas por otros. Los detractores, señalan que no se está siguiendo el debido proceso, que los allanamientos no eran necesarios, que no había necesidad de ordenar la captura de ninguna de ellas, que se debió de haber citado a las abogadas, que es una represalia a su trabajo de lucha contra la corrupción, que es una persecución en su contra, que no han tenido acceso a la información acusatoria y que han pasado más de 24 horas sin haber sido escuchada por un juez violentando sus derechos, ¿le suena todo esto conocido estimado lector?

Recordemos que durante el mandato de la CICIG y estando al frente de la FECI el Licenciado Sandoval, actuaron de la misma forma, violentaron la presunción de inocencia de todos los sindicados, utilizaron las mismas medidas coercitivas que ahora critican. Los acusados de ese entonces,  utilizaban las mismas retóricas de la persecución política o represalias personales, con la diferencia que esos imputados no contaban con las cajas de resonancia de medios  y redes sociales con los que cuentan ahora los ex fiscales.

Si me preguntan, diría que las formas utilizadas al capturar a estos abogados no fueron las correctas, pero debo decir, que no lo han sido en ninguno de los dos bandos, el respeto a los derechos constitucionales y humanos debe de prevalecer siempre, el debido proceso y la legalidad deben de ser utilizados por todos todo el tiempo y que los errores de unos no justifica que los hagan otros, sé que esta opinión no será popular, habrán algunos que digan que a estos ex fiscales, se les debe de aplicar la Ley del Talión. Debemos de reconocer que durante la CICIG y la FECI de Sandoval, se logró la captura de varios corruptos, pero de igual forma, debemos de recordar que se encarceló a muchos inocentes, todo por no haber seguido y respetado el debido proceso, se violentó la presunción de inocencia de las personas emitiendo prisión preventiva para casi todos los señalados. Debemos de recordar que  la privación de libertad en el derecho penal es el último recurso y jamás el primero, a mi parecer es esa privación de libertad y la destrucción de la honorabilidad de personas inocentes lo que no se debe olvidar ni perdonar y por lo que deben de pagar todos los responsables.

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