Antes de entrar al tema principal de esta columna, se hace necesario presentar al lector, cifras que pondrán en contexto el escenario que viven muchos guatemaltecos y del que ninguno de nosotros está exento si se utilizan los medios de transporte colectivos o se transita por la red vial del país. Sólo en los últimos 5 meses, según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, se han registrado 262 accidentes de tránsito en los que ha estado involucrado el transporte colectivo o de carga; en otras palabras, cada 30 días acontecen más de 50 accidentes que involucran este tipo de transportes. Estos 262 accidentes dejaron como saldo 132 personas fallecidas y 662 heridas, muchas de ellas con limitaciones físicas permanentes.

Según datos oficiales, en el segundo semestre del 2021, los accidentes de tránsito aumentaron un 18%, es decir se produjeron 4 mil 500 percances viales en sólo 6 meses, de estos accidentes, casi el 25% es responsabilidad del transporte de carga o de pasajeros, y aunque desde el año 1996, se cuenta con una  Ley de tránsito que en su Artículo 29, obliga a todo propietario de vehículo a contratar como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros, y en el año 2020, se crea el Acuerdo 17-2020, que obliga la Contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga; podemos deducir que en Guatemala, los transportistas se pasan las Leyes por el arco del triunfo.

Pero ¿qué exigen los transportistas y por qué están realizando bloqueos?, pues nada más y nada menos demandan que se anule el acuerdo 17-2020, las razones proporcionadas, según publicaciones en medios de comunicación y en los propios comunicados de los transportistas, sostienen que pagar un seguro contra terceros es lesivo para la economía del país y del transporte. Alegan que pagar este seguro provocaría más pobreza, más migración, aumentaría la canasta básica y el precio de los combustibles, sin embargo, por más que intento entender de qué forma podría provocar todos estos escenarios, lo único que llego a concluir, es que ocurriría todo lo contrario, el seguro protegería a los transportistas contra posibles reclamos por daños ocasionados a terceras personas trasladadas o no en su vehículo, también protegería los bienes de terceros, y ayudaría en el proceso legal de la responsabilidad civil del conductor,  si ponemos como ejemplo que un accidente leve de un transportista, sin lesiones, podría costar un promedio de 7 mil a 15 mil quetzales en reparación de vehículos de terceros y un accidente serio en el que hayan lesionados e inclusive muertos podría ascender a más de 300 mil quetzales, no se entiende por qué estos transportistas rechazarían un seguro, que costaría anualmente desde Q1,620.00 hasta Q.7,800.00, (dependiendo del tipo de vehículo que se vaya a asegurar), que es mucho más económico que cualquier percance vial en el que se pudiera ver involucrado.

Se entiende menos todavía, la forma en que estos presionan al gobierno, los bloqueos son el pan de cada día, cualquiera que quiere protestar por algo, lo primero que hace es obstaculizar una carretera, de lo que no se dan cuenta todos ellos, es que esta costumbre de antaño, ya no cuenta con el apoyo popular y que por el contrario, al realizar estos tapones pierden la empatía del pueblo. Ahora los bloqueos afectan a todos en formas y modos distintos, desde el pequeño agricultor que lleva sus productos al mercado para el sustento familiar, pasando por las personas que pierden una cita en el IGSS u Hospital público que han esperado por meses, hasta exportadores que pierden miles de quetzales por atrasos en la entrega de las mercancías, e inclusive unidades de emergencia que no pueden llegar a su destino llevando una vida prendiendo de un hilo  y lo que es peor todavía, una protesta sin un fundamento que convenza a la población.

Los transportistas deben aceptar que las cifras de accidentes y muertes relacionadas con esos medios de transporte, los ponen en una situación difícil para explicar por qué se oponen a la contratación de un seguro contra accidentes, cientos de testimonios de personas que quedaron mutiladas o quedaron postradas de por vida en cama o silla de ruedas sin que nadie se haga responsable por ellos o la muerte de alguno que era el sustento económico de otros, que ahora están desamparados, son evidencias suficientes que justifican la obtención de una garantía legal que cubra a estas personas, así mismo, las denuncias en juzgados de terceros afectados, que buscan la reparación de sus bienes porque no encuentran quien responda por estos pagos, los pone en una situación complicada de defender.

Es momento que el gobierno deje de estar aplazando el cumplimiento de esta normativa y aplique la Ley como corresponde, el peor error de un administración pública es postergar una acción que beneficia a las mayorías. Así mismo, los empresarios deben coadyuvar para que esta normativa no tenga tanta resistencia, esto se lograría si las empresas exigieran a los transportistas presentar su seguro contra terceros si desean trabajar con ellos, de igual forma los particulares que contraten transporte o los usuarios de taxis y moto taxis deberían exigir que el piloto tenga a la vista el seguro antes de subirse a la unidad, al final de cuentas, es el mercado de la oferta y la demanda quien moviliza de forma más eficientemente el cumplimiento de cualquier requisito.