Esta semana vivimos nuevamente la abierta y descarada violación a nuestro derecho de transitar libremente por el territorio nacional, garantizado en el artículo 26 de la Constitución, que dice: “toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley”.

Me refiero a la manifestación de la organización llamada 48 Cantones. Claramente, no es la primera vez ni será la última, especialmente porque ahora lograron su objetivo. El gobierno decidió hacerles caso y dieron marcha atrás a una ley que establecía la obligatoriedad de facturar a partir de consumos de Q2,500. Veamos.

Los manifestantes viven en la economía informal. Me atrevo a decir que nunca han emitido una factura ni lo harán en el futuro. O sea, esta ley no les afectaba en lo más mínimo. Sin embargo, el financista de la manifestación decidió que este era un tema importante para oponerse.

Más allá de si la ley era favorable o no, si estábamos de acuerdo o la rechazábamos, el tema es la nefasta acción por parte del gobierno al ceder a la presión de un grupo de vividores de la conflictividad. En vez de reprimir la manifestación para garantizar el libre tránsito, circulación y seguridad de toda la población afectada, cedieron a las exigencias. ¡Inaudito!

¿Qué sucedería si nosotros, los que sí trabajamos, producimos y pagamos impuestos, iniciamos acciones como la de los 48 Cantones? Un gran número de leyes aprobadas en el Congreso hacen más daño de lo que pudieran resolver o normar. Son redactadas de forma confusa e interpretativa. Estamos sujetos a cómo los abogados y los jueces interpretarán cada una. En esa incertidumbre, los que sí cumplimos a cabalidad con las infinitas regulaciones, nos vemos expuestos a ser acusados por incumplimiento o violación a la ley.

Ah! Pero a quienes violan la ley, abusan, extorsionan a los funcionarios públicos e impiden, con sus actos, el desarrollo del país, sí son escuchados por los politicos de turno y les hacen caso. Nuevamente, ¡inaudito!

A lo largo de los años han surgido cámaras empresariales, gremiales, asociaciones, colegios profesionales y otras organizaciones, que han luchado por mejorar el clima de negocios en Guatemala. Cabildean en las diferentes instancias de la estructura gubernamental. Emiten comunicados, análisis y boletines. Organizan conferencias en las que expertos en los temas a discutir, exponen sus ideas. 

Estas acciones, enmarcadas en ley, pacíficas, estructuradas y formales, no siempre son escuchadas y mucho menos implementadas. Toma años de esfuerzos, dinero y tiempo para lograr algunos éxitos que favorezcan al sector empresarial.  

Se les olvida a los políticos que somos el sector privado quienes pagamos sus salarios, prebendas, privilegios, seguridad y cuanta cosa. Pero es a los revoltosos, que no pagan impuestos, bloquean y atentan contra la libertad de todos, a quienes les hacen caso. Por tercera vez, ¡inaudito!

¿Habrá algún candidato a la presidencia, alcaldía o diputación que tenga conciencia de esto y, sobre todo, valentía para decir en sus mitines políticos ¡ya basta de tanto abuso!? Estoy segura que no. Si surge alguien, será una grata sorpresa y un haz de esperanza, aunque sea muy pequeño. Están tras los votos, no tras el desarrollo del país.

Y luego nos preguntamos por qué, cada cuatro años, escuchamos las mismas promesas vacías, que nunca serán cumplidas. Ese no es el objetivo al ocupar un cargo público.