Los sucesos en la política actual, que algunos pueden llamar el regreso del péndulo, y otros, el camino natural después de todos los hechos ocurridos desde 2015 a la fecha, deben analizarse no de forma aislada sino de manera integral, histórica y que esto nos haga reflexionar del porqué de la situación y cómo enderezar el rumbo para lograr la democracia anhelada, el desarrollo, la consolidación de la república y el crecimiento en libertad.

Muchas personas podrían decir que el inicio de toda esta época inició a raíz de los sucesos de la línea 1, cuando se acusó y se logró la renuncia y posterior encarcelamiento de la entonces vicepresidente de la república Ingrid Roxana Baldetti Elías. La euforia inicial de ese primer golpe a la corrupción enquistada y presumida por muchos funcionarios del malgobierno del Partido Patriota concedió un amplio respaldo a la gestión hasta ese momento deslucida de la CICIG y de la fiscal general Thelma Esperanza Aldana Hernández.

A pocos días de no una posible no renovación del mandato de la CICIG por el entonces presidente Otto Fernando Pérez Molina, se vio obligado a renovar el mandato, el cual se extendería por cuatro años más, entre polémicas, acusaciones y un sinfín de situaciones.

Hoy, en nuestro amado país, nos encontramos en una situación que no nos encontrábamos desde hace varios años, sino décadas. Aparentemente, el partido de gobierno y sus aliados han logrado conformar un gran frente que ocupa todos los espacios de la república, siendo pocos los disidentes en todo el sistema. El Organismo Legislativo suma una mayoría suficiente para las elecciones de segundo grado, aprobación de leyes y otros consensos. El Organismo Judicial, sus magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de apelaciones, con una extensión (posiblemente ilegal) de dos años y nueve meses de su mandato constitucional de cinco años, pareciera responder a los mandatos exteriores provenientes del Poder Ejecutivo, mientras que aquellos jueces que respaldaron las acciones del Ministerio Público en el tiempo de Thelma Esperanza Aldana Hernández, muchas veces irrespentando las garantías constitucionales de juicios justos, la presunción de inocencia y el debido proceso, salen del sistema de diversas maneras.

La Corte de Constitucionalidad, con todo el poder que fue acumulando en diversas acciones de amparo o resoluciones en los últimos años, pese a que es conformada a propuesta de cinco órganos diferentes, está alineada en un solo rumbo. Lo mismo sucede con la conformación del Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General de Cuentas de la Nación. No se diga de la fiscal general del Ministerio Público que posiblemente haya reforzado el combate a algunos crímenes que le son importantes a la población y ha corregido los abusos realizados – y muchas veces denunciado – de la CICIG y las fiscalías anteriores, pero no ha dado resultados al combate a la corrupción tan necesario e importante para la ciudadanía.

La guinda del pastel pareciera fue la elección, con un proceso que se vio empañado por haberse interrumpido a media elección de la terna que conformaría la nómina de candidatos, del Procurador de los Derechos Humanos reciente. Una elección deslucida por el proceso de antejuicio en contra del Procurador electo por acusaciones anteriores, tanto de “malas juntas” como de gastos excesivos en viáticos en algún otro puesto anterior. La elección próxima del contralor general de cuentas de la nación únicamente es el continuismo de este péndulo que se fue al otro extremo.

Pese a que hay algunas dudas acerca de la “alineación” de todos los funcionarios mencionados, especialmente del PDH y del magistrado en la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos de Guatemala, como también del Tribunal Supremo Electoral, los hechos hasta hoy parecieran contrarios.

Esta reacción de toma de espacios es un péndulo. Desgraciadamente los péndulos vuelven al otro lado, solo es cuestión de tiempo.

No llegamos aquí de un momento a otro. La primera gran toma de todos los espacios se inició en el gobierno de la UNE cuando cooptarían varios espacios, entre ellos de una forma burda el Ministerio Público con la elección de la Dra. Claudia Paz y Paz, posterior a la malograda designación del Dr. Conrado Reyes Sagastume, a quien descalificaron con una sentencia manipulada, en el inicio de un sinfín de argucias que vivimos posteriormente. Se consolidó esa cooptación con la designación de la Dra. Gloria Patricia Porras Escobar en la Corte de Constitucionalidad, donde por años no se hizo nada sin su consentimiento y aprobación bajo amenazas a sus colegas, subalternos y otros. Se designó magistrados alineados a sus intereses para procurar los objetivos que respondían directamente al grupo que la apoyaba.

De esa manera, también fue adscrita a esa alianza el Contralor General de Cuentas de la Nación, a través de la reelección – por demás irregular – del hoy diputado por ese partido Carlos Enrique Mencos Morales. La toma de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, mediante una jugada astutamente engañosa a los diputados del Lic. Augusto Jordan Rodas Andrade y las alianzas, principalmente con el exembajador de los EE.UU. en Guatemala, Todd D. Robinson, quien sigue, desde su posición de Subsecretario de Estado para la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) queriendo influir, y del excomisionado de la CICIG Iván Velásquez Gómez.

Así que la falta de un sistema de contrapesos efectivo durante esos últimos años ha tenido como consecuencia que todos los espacios donde hubiera oportunidad de influir sean vistos como necesarios a ser ocupados y no volver a los tiempos en que no se respetó la presunción de inocencia, la independencia judicial, el debido proceso, etc.

Desgraciadamente, esto no coadyuva a que tengamos una mejor democracia, a la construcción de la república, al aseguramiento de la justicia y al desarrollo de todos en un ambiente de libertad. Pese a que haya en este momento muchos que aplaudan las medidas y otros las denuncien, aunque antes apoyaron la toma de las mismas instituciones por los grupos anteriores, esto no es el camino adecuado para construir una sociedad de personas libres en un Estado de Derecho que proteja a las personas y sus derechos individuales. Es imprescindible dirigir el rumbo hacia la construcción de la república, una sociedad que proteja la vida, la libertad, la propiedad privada y la familia en un sistema de justicia consolidado. Todo eso, antes que el péndulo pudiera irse completamente para el otro lado.