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Programas sociales sin Estado de derecho es populismo

Mi crítica es hacia esa idea tan absurda de pretender construir un Welfare State en un país donde el Estado no aplica sus leyes ni imparte justicia.

Pablo Rosal |
21 de abril, 2022

Todo candidato o partido político que proponga programas sociales en un país donde no existe el rule of law son, desde mi punto de vista, populistas. En toda la historia de Latinoamérica ha predominado una cultura patrimonialista, es decir, una serie de costumbres y actitudes que ven al Estado como una forma de enriquecimiento propio. El resultado son países donde la ley se aplica selectivamente y, por tanto, se han creado ambientes propicios para la corrupción. En la administración y cargos públicos, la coima, el uso de «contactos» y los favores predominan. ¿Cómo es posible, entonces, proponer más programas que solamente exacerbarán este problema?

Yo no entiendo cómo, por ejemplo, idolatramos los logros vacíos alcanzados por la Revolución de octubre, especialmente aquellos de la administración de Juan José Arévalo. Si el día de hoy el Estado ha sido incapaz de tener presencia institucional en la mayor parte del territorio nacional, dudo mucho que la situación en 1945 haya sido mejor. En este contexto, aprobamos un Código de Trabajo que fuimos incapaces de aplicar en la mayor parte del país y que, hasta el día de hoy, ni el propio Estado cumple. En otras palabras, celebramos una legislación laboral que nunca se ha aplicado. ¡Nos encantan los símbolos vacíos!

También idolatramos programas como el Decreto 900 de Árbenz, la reforma agraria, que rápidamente se convirtió en un nido de corrupción. Muchos administradores encargados de ejecutarlo recibieron sobornos por parte de finqueros que querían evitar ser expropiados. Tampoco el Estado había hecho muchos avances en cuanto a su presencia institucional, por lo que muchos campesinos interpretaron la ley como una luz verde para ocupar las tierras que quisieran, hasta el punto de que se empezaron a invadir entre ellos. Jim Handy dejó clarísimo en Revolution in the Countryside que la ejecución de la reforma agraria, pese a que alcanzó sus metas de redistribución de la tierra, casi dejó al país en la anarquía.

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Con esto no estoy declarándome a favor o en contra de que el Estado provea educación, salud y cualquier programa que fomente el desarrollo en las áreas rurales o combatan la desnutrición. Mi crítica es hacia esa idea tan absurda de pretender construir un Welfare State en un país donde el Estado no aplica sus leyes ni imparte justicia. Mi objeción es hacia aquellos que pretenden otorgarle más funciones y recursos en un contexto donde no existe el respeto a la ley. Mi disgusto es hacia esos políticos que pretenden vendernos un montón de programas sociales cuando saben que están destinados al despilfarro y la corrupción.

El Estado se construye paso por paso, empezando con su capacidad de proveer los bienes públicos más básicos: seguridad y justicia. Sin eso, difícilmente conseguirá la legitimidad necesaria para recaudar más impuestos y financiar proyectos más ambiciosos.

Sin embargo, hay problemas en los que realmente no es necesario un programa del Estado. Recientemente, se discutió en redes una gráfica que indicaba que el guatemalteco promedio gasta alrededor de la mitad de sus ingresos en productos y servicios de salud. Una situación claramente vergonzosa. Ante esto, Semilla propuso la creación de farmacias populares. Una propuesta extremadamente complicada, empezando con las razones que ya expuse. Una parcial solución sería la eliminación de normas, trabas y procesos costosos que impiden la entrada de más competidores que ayuden a abaratar productos; pero esto no suena igual de bonito y no consigue tantos simpatizantes.

Al final, la «nueva política» también es cómplice en vender humo. En un país donde no hay respeto a la ley, todo programa social está destinado a la corrupción. Los populistas lo saben, pero tal es su deseo de llegar al poder que no pueden evitar ofrecerlos.

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