La semana pasada la Comisión de Asuntos Electorales entregó a la Dirección Legislativa el dictamen favorable de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la iniciativa 5886. Esta contiene reformas importantes, tanto técnicas como de fondo, que resuelven problemáticas y errores evidentes en el marco legislativo vigente. Sin duda, estos cambios permitirían fortalecer el próximo proceso electoral para que sea más transparente y democrático.
En muchísimas ocasiones he mencionado que nuestra LEPP contiene conflictos y errores que deben ser atendidos con sentido de urgencia. La LEPP que se utilizó en el proceso electoral de 2019 es defectuosa y debemos modificarla para fortalecer nuestra democracia. Aunque en el proceso electoral de 2019 los guatemaltecos tuvimos más oferta política, no fue posible conocer a fondo las propuestas, hubo menos debates, menos publicidad, descontrol en redes sociales, etcétera. Ciertamente los tiempos políticos estuvieron totalmente desincronizados. A estos problemas se suma la baja tasa de empadronamiento y, por consiguiente, de participación de los jóvenes en nuestra democracia. Según datos de RENAP, un promedio de 401,000 jóvenes alcanza la mayoría de edad cada año. Sin embargo, tan solo 23,900 de ellos se empadronan para votar. Afortunadamente, la iniciativa 5886 ofrece una propuesta para atender las deficiencias aberrantes de la ley actual.
Recordemos que la justicia solo es efectiva cuando se aplica de manera uniforme y sin sesgos. El lenguaje ambiguo de la actual LEPP se presta a perpetuar los errores (por no decir horrores) de interpretación. Además de corregir muchos de estos problemas de ambigüedad de lenguaje y posibles subjetividades en su aplicación, la propuesta incluye el concepto de “Listados Abiertos”. Esto quiere decir que nos devuelve el poder a los ciudadanos y se lo arrebata al que hoy controla como se arma la lista y el orden de preferencia. Además, le otorga al elector (como debe ser) el poder de decidir quién será su diputado, promoviendo la competencia entre diputados del mismo partido para ganar el favor del voto. Por otro lado, otro cambio importante que contempla esta iniciativa es la delimitación y definición de lo que se considera “campaña anticipada”. Esto evitará la persecución selectiva y la mala práctica de eliminación de adversarios políticos de manera subjetiva. La propuesta también promueve la participación cívica de los jóvenes al empadronar a todo aquel que obtenga su DPI, eliminando el paso adicional de empadronamiento.
La propuesta no es perfecta. Despertó tachas inmediatas y críticas por parte de ciertos personajes, quienes seguramente prefieren el turbio marco legal existente. Otros buscan aprovechar la oportunidad para desmantelar el actual sistema de Juntas Electorales que tan bien nos ha servido como país. Finalmente, algunos “trasnochados”, dentro del mismo Congreso, se oponen a la LEPP, no por las necesarias correcciones, sino porque habrían preferido un sistema basado en cuotas (por género, etnia, etc.). Está demostrado que las cuotas solo perpetúan los problemas que supuestamente buscan resolver. Promover cuotas es promover la discriminación racial y de género. Además, el poder lo sigue manteniendo quien arma el listado. Los listados abiertos son una mucho mejor solución para lograr esa representatividad que buscamos entre quienes nos representan en el Congreso.
La iniciativa 5886, por tratarse de una ley constitucional, necesita al menos 107 votos a favor desde el Congreso, así como la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad, para poder ser aprobada. La realidad es que será poco probable su aprobación si los ciudadanos no exigimos la renovación de la LEPP. En las palabras de un diputado infame, son “un perro amarrado con longanizas”. Su aprobación antes del 20 de enero de 2023, fecha en que el Tribunal Supremo Electoral convocará oficialmente a elecciones, solo será factible si los ciudadanos lo exigimos.
De no suceder en tiempo, lamentablemente estas reformas no afectarán las próximas elecciones. Estaremos condenados a errar dos veces con la actual LEPP. Sería terrible para nuestra democracia el ir a las elecciones 2023 con la deficiente ley que usamos en el 2019. Si queremos fortalecer nuestra democracia y velar por la certeza jurídica, es fundamental que nuestra LEPP cambie. Aún estamos a tiempo de enmendar los “horrores” del proceso electoral pasado, aprendamos de la experiencia y no los repitamos. Ojalá, en lo que queda del 2022, nuestros diputados velen por orden democrático y hagan lo posible para efectuar estos cambios tan necesarios a nuestra ley.
La semana pasada la Comisión de Asuntos Electorales entregó a la Dirección Legislativa el dictamen favorable de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la iniciativa 5886. Esta contiene reformas importantes, tanto técnicas como de fondo, que resuelven problemáticas y errores evidentes en el marco legislativo vigente. Sin duda, estos cambios permitirían fortalecer el próximo proceso electoral para que sea más transparente y democrático.
En muchísimas ocasiones he mencionado que nuestra LEPP contiene conflictos y errores que deben ser atendidos con sentido de urgencia. La LEPP que se utilizó en el proceso electoral de 2019 es defectuosa y debemos modificarla para fortalecer nuestra democracia. Aunque en el proceso electoral de 2019 los guatemaltecos tuvimos más oferta política, no fue posible conocer a fondo las propuestas, hubo menos debates, menos publicidad, descontrol en redes sociales, etcétera. Ciertamente los tiempos políticos estuvieron totalmente desincronizados. A estos problemas se suma la baja tasa de empadronamiento y, por consiguiente, de participación de los jóvenes en nuestra democracia. Según datos de RENAP, un promedio de 401,000 jóvenes alcanza la mayoría de edad cada año. Sin embargo, tan solo 23,900 de ellos se empadronan para votar. Afortunadamente, la iniciativa 5886 ofrece una propuesta para atender las deficiencias aberrantes de la ley actual.
Recordemos que la justicia solo es efectiva cuando se aplica de manera uniforme y sin sesgos. El lenguaje ambiguo de la actual LEPP se presta a perpetuar los errores (por no decir horrores) de interpretación. Además de corregir muchos de estos problemas de ambigüedad de lenguaje y posibles subjetividades en su aplicación, la propuesta incluye el concepto de “Listados Abiertos”. Esto quiere decir que nos devuelve el poder a los ciudadanos y se lo arrebata al que hoy controla como se arma la lista y el orden de preferencia. Además, le otorga al elector (como debe ser) el poder de decidir quién será su diputado, promoviendo la competencia entre diputados del mismo partido para ganar el favor del voto. Por otro lado, otro cambio importante que contempla esta iniciativa es la delimitación y definición de lo que se considera “campaña anticipada”. Esto evitará la persecución selectiva y la mala práctica de eliminación de adversarios políticos de manera subjetiva. La propuesta también promueve la participación cívica de los jóvenes al empadronar a todo aquel que obtenga su DPI, eliminando el paso adicional de empadronamiento.
La propuesta no es perfecta. Despertó tachas inmediatas y críticas por parte de ciertos personajes, quienes seguramente prefieren el turbio marco legal existente. Otros buscan aprovechar la oportunidad para desmantelar el actual sistema de Juntas Electorales que tan bien nos ha servido como país. Finalmente, algunos “trasnochados”, dentro del mismo Congreso, se oponen a la LEPP, no por las necesarias correcciones, sino porque habrían preferido un sistema basado en cuotas (por género, etnia, etc.). Está demostrado que las cuotas solo perpetúan los problemas que supuestamente buscan resolver. Promover cuotas es promover la discriminación racial y de género. Además, el poder lo sigue manteniendo quien arma el listado. Los listados abiertos son una mucho mejor solución para lograr esa representatividad que buscamos entre quienes nos representan en el Congreso.
La iniciativa 5886, por tratarse de una ley constitucional, necesita al menos 107 votos a favor desde el Congreso, así como la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad, para poder ser aprobada. La realidad es que será poco probable su aprobación si los ciudadanos no exigimos la renovación de la LEPP. En las palabras de un diputado infame, son “un perro amarrado con longanizas”. Su aprobación antes del 20 de enero de 2023, fecha en que el Tribunal Supremo Electoral convocará oficialmente a elecciones, solo será factible si los ciudadanos lo exigimos.
De no suceder en tiempo, lamentablemente estas reformas no afectarán las próximas elecciones. Estaremos condenados a errar dos veces con la actual LEPP. Sería terrible para nuestra democracia el ir a las elecciones 2023 con la deficiente ley que usamos en el 2019. Si queremos fortalecer nuestra democracia y velar por la certeza jurídica, es fundamental que nuestra LEPP cambie. Aún estamos a tiempo de enmendar los “horrores” del proceso electoral pasado, aprendamos de la experiencia y no los repitamos. Ojalá, en lo que queda del 2022, nuestros diputados velen por orden democrático y hagan lo posible para efectuar estos cambios tan necesarios a nuestra ley.