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Lo aconsejable

María Dolores Arias
11 de julio, 2017

¿Desde cuándo lo aconsejable es violar el derecho individual? ¿Desde cuándo un grupo de personas tiene potestad sobre otro? ¿Desde cuándo vivir en sociedad se convierte en un sacrificio y no en un beneficio?

El reciente amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que ordenó la suspensión de las licencias de explotación y exploración de la Minera San Rafael ha generado argumentos a favor y en contra de dicha resolución.  Los argumentos más indolentes son aquellos que utilizan la lucha de clases como parte de su ataque o defensa, ante éstos no vale la pena perder el tiempo. 

Muchos argumentos se enfocan en el ámbito económico, afirman que el daño a la economía guatemalteca es incalculable, con lo que estoy de acuerdo, ya que desde el 2014 la Minera ha pagado entre impuestos,  regalías y aportes voluntarios más de Q1,000 millones al gobierno.  Además han invertido más de Q85 millones en proyectos de desarrollo y se han beneficiado a más de 25 mil personas con programas sociales, por solo mencionar algunos de los beneficios.

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Todo esto se dejará de producir por la decisión de los magistrados de la Corte, esto es lo que se ve. Lo que no se ve es la reputación del país en cuanto a certeza jurídica, lo que no se ve son todas aquellas oportunidades de negocios e inversiones que se pierden en un país que las necesita para salir del subdesarrollo y la pobreza.

Quienes se han enfocado en la parte jurídica han criticado la falta de profesionalismo y seriedad en la argumentación para declarar el amparo provisional, hay quienes consideran que se debió fundamentar sólidamente la decisión y no sólo resolver “en virtud que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable”, debido al rol que desempeñan los magistrados de la Corte al sentar precedentes mediante sus sentencias.  Además indican que si fuera razonable la sanción sería contra las autoridades que otorgaron la licencia y no la empresa.

En lo personal, considero que la crítica hacia la decisión de la corte no solo debe basarse en el daño a la economía ya que este criterio no debe ser el sustento de las decisiones jurídicas. Me explico, no importa si se afecta mucho o poco el crecimiento del PIB, no importa si paga muchos o pocos impuestos. El punto de fondo es si es moral que un grupo de personas te impongan sus fines, violando tus derechos individuales.

Considero que el problema de fondo con esta decisión es que la Corte avala que el permiso de un grupo de la comunidad está por encima del derecho del resto. El problema de fondo es que  estas resoluciones hacen que  vivir en sociedad se convierta en un sacrificio. El problema de fondo es que las cortes en lugar de proteger los derechos individuales de aquellos que cumplen con la Ley, los ataca. 

Muy diferente sería el caso si se comprobara, técnica y verazmente, que esta empresa afecta la vida, la propiedad o la libertad de alguna persona o grupo de personas; ahí las cortes deberán proteger a la víctima del agresor e impartir justicia. Sin embargo en este amparo provisional ese no es el caso.

Si vamos un poco más a fondo, podríamos cuestionar ¿por qué, los que se autonombran defensores de los más pobres, no han luchado con el mismo ímpetu exigiendo que también el subsuelo sea propiedad privada y sean los dueños y no el gobierno el que decida qué hacer con su tierra?

Mi punto es que más allá de las pasiones que desata el tema de la minería debemos enfocarnos en el principio básico del por qué es importante proteger los derechos individuales y el por qué convivimos en sociedad.  Lo verdaderamente aconsejable es que si queremos progresar y vivir en armonía, debemos defender la certeza jurídica y el respeto de los derechos individuales.

@Md30

Facebook.com/Mda30

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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