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Reestructuración de deudas soberanas, nueva preocupación del FMI

Redacción República
12 de octubre, 2013

La definición de un marco legal que otorgue más previsibilidad a los procesos de restructuración de deudas soberanas debe ser una prioridad a discutir, sostuvo este sábado el vicedirector gerente del FMI, David Lipton.

Es necesario ‘discutir como fortalecer el marco legal para actuar sobre problemas de acciones colectivas que surgen en este contexto’, dijo el alto dirigente del FMI al abrir un panel especial durante la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington.

La cuestión de un marco legal previsible para la reestructuración de deudas soberanas se tornó un tema sensible desde que un litigio entre Argentina y fondos especulativos llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó finalmente abordar el caso.

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Un fallo de un tribunal de Nueva York favoreció a los fondos NML Capital y Aurelius, que rechazaron plegarse a restructuraciones de la deuda soberana lanzadas por Argentina y litigan contra ese país en las cortes por sus tenencias.

La negativa de la Corte Suprema de abordar el caso la semana pasada supuso un segundo revés para el país sudamericano, que ya había apelado la sentencia y perdido ese recurso. Argentina tiene ahora una última instancia de apelación.

Argentina reorganizó en dos canjes, en 2005 y 2010, la deuda del 93% de los acreedores que tenían títulos en cesación de pagos desde 2001, con grandes pérdidas de hasta 67% del capital para los tenedores.

En su intervención de este sábado Lipton dijo que ‘el actual litigio (sobre los papeles argentinos) en cortes estadounidenses arroja luz sobre ciertas limitaciones en el actual modelo contractual al tratarse de acciones colectivas’ en casos de deuda, dijo el funcionario.

Durante la jornada, el ministro argentino de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que los procesos mantenidos por los fondos especulativos se apoyan en la ‘falta de un marco legal internacional para la reestructuración de deudas soberanas’.

Las reestructuraciones se realizan caso por caso.

La continuidad de esos litigios, añadió Lorenzino, ‘impide que se complete el proceso de reestructuración de la deuda argentina (…) y amenazan todo futuro proceso de restructuración en cualquier otro país’.

De acuerdo con el ministro argentino, la normalización del proceso es esencial ya que constituye ‘una señal positiva que brinda a los mercados confianza en la capacidad del país de continuar asumiendo su deuda pública de forma regular’.


¿Dónde empezar?

Sin embargo, aunque expertos coinciden en la conveniencia de definir un marco legal que envíe un mensaje de previsibilidad al mercado, no parece existir un consenso sobre dónde empezar ese proceso.

Para Jeromin Zettelmeyer, economista del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, una forma de comenzar sería modificar los mecanismos internos dentro del propio FMI, ‘para que los países que se encaminan a una situación de deuda insostenible sean atendidos mucho antes’, sin que la situación obligue a una reestructuración de deuda.

En tanto, Lee Buchheit, de la firma de abogados Cleary Gottlieb, recordó que en el caso de la crisis griega, el FMI intervino con un tercio de los recursos para el rescate al país, que reestructuró asimismo sus adeudos.

‘Me pregunto qué porcentaje de la solución aportaría el FMI en caso de que esa situación se presente en una de las grandes economías emergentes’, dijo.

Un documento interno del FMI redactado este año dejó clara la preocupación de los técnicos de la entidad ante la posibilidad de que otros procesos de restructuración de deuda resulten afectados por litigios iniciados por fondos especulativos.

Si la decisión contraria a Argentina en su disputa con estos fondos que compraron la deuda ya en default se mantiene, ‘podría tener implicaciones en la restructuración de deudas soberanas’ al tornar ‘el proceso de restructuración mucho más complicado’, apuntó ese documento.

A mediados de setiembre, el Congreso argentino aprobó una ley para reabrir el canje de deuda para el 7% de bonistas que rechazaron plegarse a los dos canjes anteriores, algunos de los cuales litigan contra el país en la Justicia.

Argentina sostiene que ningún acreedor debe cobrar un deuda al 100% en efectivo porque se establecen diferencias entre los acreedores, que la exponen a un aluvión de juicios de los tenedores que aceptaron los canjes.

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