Luego de que se anunciara que se tomarían medidas extremas para combatir la corrupción en las aduanas, las repercusiones han sido varias e incluyen la renuncia del Ministro de Finanzas, Pavel Centeno. Fue él quien reconoció que existen grupos que tienen el “control” de las aduanas en el país, situación que según él causa una disminución en la captación de impuestos, que en siete meses consecutivos reportan una tendencia negativa.

“Las mafias tienen el control, y por eso no estamos recaudando. La economía creció y los impuestos gravados al consumo también. La pérdida está en aduanas, en el IVA de importaciones”, refirió Centeno.

Estas “mafias” que evaden impuestos no han sido identificadas ni se han proporcionado mayores detalles al respecto. Tampoco el Ejecutivo informó más acerca de estos hallazgos. Sin embargo, admitieron que el Estado no tiene el control 100% de las rutas fiscales, el desembarque y embarque de contenedores en los recintos y que este es un problema acumulado de varios años.

Por otro lado, un informe de la Cámara de Industria de Guatemala (CCG) señala que el contrabando es el principal flagelo. Allí se estima que el año pasado las pérdidas por contrabando y defraudación aduanera alcanzaron unos Q10 mil millones.

Algunos sectores con problemas de contrabando son el combustible, cuyo monto calculado de defraudación fiscal es de Q530 millones anuales.

El sector avícola (huevos y pollo), hasta el 15 por ciento del consumo nacional, es de contrabando. Arroz, aguas carbonatadas, cigarrillos y bebidas alcohólicas son otros productos contrabandeados.

Sin embargo, la (CCG) declaró ayer que miembros de esa entidad resolvieron en reunión extraordinaria oponerse a la intervención de la SAT, medida propuesta por Centeno y aprobada por el presidente Pérez Molina.

Los agremiados opinan que esa medida pone en riesgo la institucionalidad del Estado. “No estamos en contra del combate del contrabando, pero creemos que en lugar de esa medida se debe fortalecer la Intendencia de Aduanas”, declararon a la prensa.

Según la CCG, cuando fueron intervenidos los puertos Quetzal y Santo Tomás, en años anteriores, hubo retrasos en las importaciones y exportaciones.

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señala que hay mucha discrecionalidad y prácticas de corrupción, se sabe que hay altos niveles de defraudación aduanera. Por esa razón, opinan que si es para terminar con eso, es importante la medida (de intervenir), pero si solo es para justificar su bajo nivel de recaudación, entonces no es el camino correcto.

También la CIG informó que tienen reportes de socios que se ven afectados con atrasos en el trato de la mercadería, empleados les han pedido “algún tipo de estímulos económicos” por hacer la “cola más corta”.

Analistas han dicho que otro de los problemas que hay desde hace mucho tiempo son los llamados “fly”, que son los contenedores que sacan de la aduana sin haber pagado los impuestos. Por alguna situación no se ha podido implementar un control de cuenta corriente de los contenedores para controlar cuántos hay en el recinto, cuántos entraron y cuántos salieron.

Es vox populi que personal de la SAT o ajeno se pone de acuerdo con gente de las portuarias y sacan de noche los contenedores. Las puertas no son del recinto aduanero, sino de la portuaria, aunque las dos portuarias ya están intervenidas.

Muchos opinan que para combatir esto se necesitan mayores controles tecnológicos y cambios en los procedimientos, sobre todo buscar que no haya mecanismos “arbitrarios” por parte del personal en las aduanas que pueda tener vínculos con esos grupos.

Se debe eliminar la discrecionalidad por parte del personal en aduanas, que es la que puede generar la corrupción.