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Comerciantes adversan intervención de aduanas y algunos aspectos de la nueva ley

Redacción República
13 de noviembre, 2013

Tras la llamada “intervención operativa” que ejecuta el Gobierno en las aduanas, han aumentado los procesos que dificultan el paso de las mercancías, según los empresarios del transporte y exportadores expresaron a los medios.

Señalan que la militarización en las aduanas y la falta de personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) están estancando el paso de los furgones entre tres y diez días. En los pasos hacia El Salvador (Ciudad Pedro de Alvarado y San Cristóbal) se suman las deficiencias técnicas y administrativas de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de El Salvador.

La Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), advirtieron que el retraso el traslado de la mercancía se debe a los anillos de seguridad por los que ahora se pasa. Procesos impuestos con el nuevo mecanismo dictado por la SAT y los ministerios de Gobernación y la Defensa.

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Según dichas entidades, no sirve de nada que se incremente la recaudación si los empresarios y el comercio pierden. Según ellos, antes de la acción militar el paso por una aduana se demoraba hasta tres días, ahora se ha duplicado y en algunos casos hasta triplicado esos tiempos.

Consideran que los anillos de seguridad son buena idea, pero deben dar resultado en los tres meses propuestos, porque si no se estaría perdiendo competitividad ante el mundo. Estos retrasos en tiempo se traducen en incrementos a los costos de operación de hasta US$150 diarios.

Sobre la ley

Por otro lado, en una conferencia en la AmCham expertos en la materia afirmaron que la nueva de Ley Nacional de Aduanas tiene algunos problemas de ejecución por resolver, por lo cual consideran necesario un reglamento que interprete cómo se deben aplicar. Por ejemplo, señalan que no deja claro temas como el pago de multas. Es necesario que exista un reglamento que acompañe a la ley para resolver dudas.

La normativa recientemente fue aprobada por el Congreso y aún está pendiente de ser enviada a la Secretaría General de la Presidencia.

Se debe revisar en el manifiesto de carga, pues el artículo 28 es ambiguo, ya que no dice si es un solo proceso administrativo o deben aplicarse más de uno. Este indica que si la transmisión del manifiesto se hace fuera tiempo implica una sanción de US$300; si se tramita con información incorrecta, son US$1,000, pero si en la tercera vez se envía con información incorrecta, son US$2,000.

En la ley debió haber quedado resumido un apartado en el que se recordara que el funcionario aduanero está sujeto a la ley, no es superior a la ella, ya que esto está disgregado en varias leyes. Opinan que muchas veces el importador y exportador no están conscientes de que también tienen derechos, no solo obligaciones ante la administración aduanera y estos artículos son los que le dan a él respaldo para exigir que se les respeten, que se les trate con diligencia, que se les de oportunidad de defensa.

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