Aquí se incluyen verificaciones que se están realizando en establecimientos educativos públicos y privados, llevando a cabo medidas de prevención para que no sean violentados los derechos de los padres de familia.
Se busca que los establecimientos educativos, públicos y privados, no cobren bonos, cuotas, donaciones o cualquier figura que puedan estipular como un incremento a las cuotas autorizadas.
Dentro del Plan de Verificación que se está llevando a cabo, cada institución vela de conformidad con las atribuciones legales que le compete. El Ministerio de Educación verifica que la documentación que acredita las carreras y las cuotas sean las autorizadas, así como que las calidades y competencia de los docentes para impartir los cursos asignados.
Por su parte, el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) revisa la existencia del Libro de Quejas, así como del Contrato de Adhesión debidamente autorizado que contiene los derechos de los consumidores.
El Ministerio de Trabajo verifica que las prestaciones laborales otorgadas de conformidad con la ley a los maestros, profesores y personal administrativo.
La SAT revisa que la emisión y entrega de las facturas correspondientes por la venta de útiles escolares, uniformes y servicio de transporte de bus escolar, así como que estén inscritos ante la SAT. También inspecciona la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen de los cursos que estén autorizados por la autoridad competente.
Para el diseño de este operativo se consideraron denuncias presentadas por padres de familia. Entre las principales inconformidades se encuentran la negación del servicio educativo, las altas cuotas, lista de útiles extensas, compra de útiles y enseres de mantenimiento del propio colegio, pagos de bonos no debidamente identificados, entre otros.
Paralelamente, recomiendan a los padres de familia con hijos en proceso de inscripción y reinscripción, que constaten que estén exhibidos los precios y tarifas en montos totales a pagar y que exijan notas, facturas o comprobantes de los pagos realizados.
Ningún establecimiento educativo puede negar los servicios educativos disponibles, ni condicionar la inscripción a la contratación de actividades o servicios adicionales. No deben aplicar cargos o cuotas adicionales injustificadas.
Aquí se incluyen verificaciones que se están realizando en establecimientos educativos públicos y privados, llevando a cabo medidas de prevención para que no sean violentados los derechos de los padres de familia.
Se busca que los establecimientos educativos, públicos y privados, no cobren bonos, cuotas, donaciones o cualquier figura que puedan estipular como un incremento a las cuotas autorizadas.
Dentro del Plan de Verificación que se está llevando a cabo, cada institución vela de conformidad con las atribuciones legales que le compete. El Ministerio de Educación verifica que la documentación que acredita las carreras y las cuotas sean las autorizadas, así como que las calidades y competencia de los docentes para impartir los cursos asignados.
Por su parte, el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) revisa la existencia del Libro de Quejas, así como del Contrato de Adhesión debidamente autorizado que contiene los derechos de los consumidores.
El Ministerio de Trabajo verifica que las prestaciones laborales otorgadas de conformidad con la ley a los maestros, profesores y personal administrativo.
La SAT revisa que la emisión y entrega de las facturas correspondientes por la venta de útiles escolares, uniformes y servicio de transporte de bus escolar, así como que estén inscritos ante la SAT. También inspecciona la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen de los cursos que estén autorizados por la autoridad competente.
Para el diseño de este operativo se consideraron denuncias presentadas por padres de familia. Entre las principales inconformidades se encuentran la negación del servicio educativo, las altas cuotas, lista de útiles extensas, compra de útiles y enseres de mantenimiento del propio colegio, pagos de bonos no debidamente identificados, entre otros.
Paralelamente, recomiendan a los padres de familia con hijos en proceso de inscripción y reinscripción, que constaten que estén exhibidos los precios y tarifas en montos totales a pagar y que exijan notas, facturas o comprobantes de los pagos realizados.
Ningún establecimiento educativo puede negar los servicios educativos disponibles, ni condicionar la inscripción a la contratación de actividades o servicios adicionales. No deben aplicar cargos o cuotas adicionales injustificadas.