Este lunes el Gobierno de Guatemala recibiró un escrito formal por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés). Así inicia la demanda contra el Estado por incumplimiento de las normas laborales dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país.
Ahora se tendrá plazo hasta el 1 de diciembre para que Guatemala presente sus alegatos y luego el país del norte le responderá aproximadamente el 9 de enero de 2015.
Según se dio a conocer, el panel arbitral está conformado por Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, el estadounidense Ted Posner, abogado laboralista que trabajó para USTR, y el canadiense Kevin Banks, profesor de Derecho Laboral.
Ellos conocerán la papelería y dirigirán el proceso. El representante de cada país defenderá su postura y el neutro, en este caso el canadiense, será el encargado de dar el dictamen final. Además, cada país puede contratar a más abogados.
Lo que está pendiente
Para mejorar las posibilidades de salir ganadores del arbitraje es necesario que el Congreso apruebe las modificaciones del Código de Trabajo lo que, según el Ministerio de Economía, podría incluso suspender el panel al ser lo que lo provocó. Por otro lado, las organizaciones sindicales temen que por el contrario el proceso termine con una sanción a Guatemala.
Según dice en el capítulo 16 del TLC que Guatemala firmó con Estados Unidos en el 2006, se establece una sanción económica de hasta US$15 millones (Q115 millones) por el incumplimiento a las leyes laborales. Dicha suma sería en beneficio del Ministerio de Trabajo de Guatemala, sin que se sepa cómo se administraría.
El 18 de septiembre último el jefe del USTR, Michael Froman, y Thomas E. Pérez, secretario de Trabajo de Estados Unidos, anunciaron en Washington la decisión de llevar a Guatemala a un panel arbitral por incumplir con los avances acordados en materia de derechos laborales, para lo cual se había establecido una hoja de ruta.
Lo que se le pide a Guatemala es Reformar el Código de Trabajo para otorgar autoridad a la Inspección General de Trabajo y sancionar a empresas que incumplan leyes. También regular los beneficios fiscales para las empresas que están bajo el decreto 29-89 y fijar plazos para dar trámite a denuncias y revisar las infracciones producto de las verificaciones a patronos. Otro tema es revocar beneficios para las compañías que no cumplan con el derecho laboral establecido.
Que prevalezca el respecto a la ley
La postura oficial del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (Cacif), emitida en un campo pagado, es que se puede invocar argumentos legales que permitirán lograr resultados favorables en este caso. La entidad ha manifestado su respaldo al Ministerio de Economía en su propósito de dar cumplimiento al Estado de Derecho y en particular a los tratados de comercios firmados por Guatemala.
Señalan además que hay suficientes avances en cuanto al cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia laboral, pues se ha asumido con seriedad la responsabilidad de lograr soluciones visibles en la relación entre empleadores y trabajadores.
Además de valorar las acciones que ya se han tomado con miras a fortalecer las instituciones encargadas de aplicar justicia en materia laboral, piden alcanzar una solución a las exigencias derivadas del cumplimiento del tratado internacional, en la medida que prevalezca el respeto a la Constitución y las leyes vigentes.
“Al aprobar lo que está pendiente en el Congreso de la República las reformas al Código de Trabajo, Guatemala cumpliría con lo que se la pedido por lo que dicho panel perdería su razón de ser. Aunque la reputación de Guatemala ya ha quedado dañada, así se evitarían daños más grandes”, declara el presidente del Cacif, Hermann Girón.
Este lunes el Gobierno de Guatemala recibiró un escrito formal por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés). Así inicia la demanda contra el Estado por incumplimiento de las normas laborales dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país.
Ahora se tendrá plazo hasta el 1 de diciembre para que Guatemala presente sus alegatos y luego el país del norte le responderá aproximadamente el 9 de enero de 2015.
Según se dio a conocer, el panel arbitral está conformado por Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, el estadounidense Ted Posner, abogado laboralista que trabajó para USTR, y el canadiense Kevin Banks, profesor de Derecho Laboral.
Ellos conocerán la papelería y dirigirán el proceso. El representante de cada país defenderá su postura y el neutro, en este caso el canadiense, será el encargado de dar el dictamen final. Además, cada país puede contratar a más abogados.
Lo que está pendiente
Para mejorar las posibilidades de salir ganadores del arbitraje es necesario que el Congreso apruebe las modificaciones del Código de Trabajo lo que, según el Ministerio de Economía, podría incluso suspender el panel al ser lo que lo provocó. Por otro lado, las organizaciones sindicales temen que por el contrario el proceso termine con una sanción a Guatemala.
Según dice en el capítulo 16 del TLC que Guatemala firmó con Estados Unidos en el 2006, se establece una sanción económica de hasta US$15 millones (Q115 millones) por el incumplimiento a las leyes laborales. Dicha suma sería en beneficio del Ministerio de Trabajo de Guatemala, sin que se sepa cómo se administraría.
El 18 de septiembre último el jefe del USTR, Michael Froman, y Thomas E. Pérez, secretario de Trabajo de Estados Unidos, anunciaron en Washington la decisión de llevar a Guatemala a un panel arbitral por incumplir con los avances acordados en materia de derechos laborales, para lo cual se había establecido una hoja de ruta.
Lo que se le pide a Guatemala es Reformar el Código de Trabajo para otorgar autoridad a la Inspección General de Trabajo y sancionar a empresas que incumplan leyes. También regular los beneficios fiscales para las empresas que están bajo el decreto 29-89 y fijar plazos para dar trámite a denuncias y revisar las infracciones producto de las verificaciones a patronos. Otro tema es revocar beneficios para las compañías que no cumplan con el derecho laboral establecido.
Que prevalezca el respecto a la ley
La postura oficial del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (Cacif), emitida en un campo pagado, es que se puede invocar argumentos legales que permitirán lograr resultados favorables en este caso. La entidad ha manifestado su respaldo al Ministerio de Economía en su propósito de dar cumplimiento al Estado de Derecho y en particular a los tratados de comercios firmados por Guatemala.
Señalan además que hay suficientes avances en cuanto al cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia laboral, pues se ha asumido con seriedad la responsabilidad de lograr soluciones visibles en la relación entre empleadores y trabajadores.
Además de valorar las acciones que ya se han tomado con miras a fortalecer las instituciones encargadas de aplicar justicia en materia laboral, piden alcanzar una solución a las exigencias derivadas del cumplimiento del tratado internacional, en la medida que prevalezca el respeto a la Constitución y las leyes vigentes.
“Al aprobar lo que está pendiente en el Congreso de la República las reformas al Código de Trabajo, Guatemala cumpliría con lo que se la pedido por lo que dicho panel perdería su razón de ser. Aunque la reputación de Guatemala ya ha quedado dañada, así se evitarían daños más grandes”, declara el presidente del Cacif, Hermann Girón.