La alianza política color “toronja”, donde los más beneficiados son los partidos Libertad Democrática Renovada (LIDER) y Partido Patriota (PP), fue el resultado de la aprobación del presupuesto 2015 que afila la máquina electoral de las dos agrupaciones.
Por casi dos meses el proyecto de ingresos y egresos para el 2015 presentado por el Ejecutivo fue objeto de análisis de parte de muchos expertos y analistas de diferentes corrientes y sectores. Ellos recomendaban no favorecer programas clientelares y establecer un monto total adecuado a una recaudación fiscal realista. Había recomendaciones puntuales y técnicas de cuánto bajar al monto total, entre Q2,000 millones y Q5,000 millones, y en qué rubros (ver notas relacionadas).
Sin embargo, a dos días de que venciera el plazo límite legal se aprobó de urgencia nacional en una sesión llena de enfrentamientos; muchos de los congresistas dijeron no conocer los nuevos montos porque no se les dio una copia previamente.
Ese día la alianza volvió a actuar. Fueron 106 diputados, principalmente de los partidos Libertad Democrática Renovada (LIDER), Partido Patriota (PP) y TODOS, quienes aprobaron la nueva propuesta. Esto fue calificado como una negociación “opaca” y “poco transparente” por los otros bloques. “Fue un gol, le metieron un gol al país, sobre todo por ciertos aspectos que nadie conocía”, opina Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Incluso hay señalamientos de compra de votos, extremo que fue denunciado por dicho partido que en conferencia de prensa dijo que pedirán a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que investigue. También señalaron que harán una denuncia en el Ministerio Público (MP).
Tanto analistas como opositores y observadores en general no salen de su asombro al ver cómo funcionó una máquina política para lograr sus objetivos, a pesar de ser supuestamente opuestos. En declaraciones, el analista del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), Hugo Maúl, señaló que dicho presupuesto se aprobó sin ninguna base técnica ni legal, tampoco hubo debate, por lo que cabe pensar en una oscura negociación hecha a espaldas de la población “quien a la larga es quien va a pagarlo”.
Pero el Decreto 22-2014 guardaba más sorpresas que se han ido desentrañando poco a poco para más estupor y rechazo.
Detalles de lo aprobado
El misterioso nuevo proyecto de ingresos y egresos 2015, contenido en el Decreto 22-2014, se fue conociendo poco a poco en los últimos días, y quienes lo analizan no salen de su asombro. El monto total aprobado es de Q70,600 millones, Q1,241.1 millones menos de lo que se había propuesto originalmente.
Se detalla que esto se financiará con Q58,294 millones de ingresos corrientes (de los cuales Q54,702 millones son tributarios), Q20 millones en ingresos de capital y Q12,286 millones en fuentes financieras (incluye Q4,000 millones en deuda interna y Q8,154 millones en deuda externa).
La referida reducción se hizo de la siguiente manera:
El planteamiento de este presupuesto parece estar lleno de enredos o “trampas”. Como se puede apreciar en la tabla anterior, en teoría se le restó Q210 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) que se quedó con un presupuesto de Q4,890 millones. Pero el rubro Obligaciones del Estado, a cargo del Tesoro, en lugar de bajar subió a Q25,188.6 millones, de los cuales Q1,965 están destinados a “otros aportes a cargo del Micivi”. No se especifica en qué se usarán estos fondos ni se establecen controles.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), esta asignación es una “asignación inusual, opaca e injustificada”, que corre el riesgo de desviarse con fines políticos durante la campaña electoral del 2015.
Por su parte Barreda criticó esta asignación al Ministerio de Comunicaciones y también a los Consejos Departamentales de Desarrollo porque consideran que así serán beneficiados los precandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
Hay muchos otros puntos del decreto 22-2014 que están siendo analizados. Por ejemplo, se aprueba una ampliación de Q700 millones para la erogación de donaciones externas. También se faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para que gobernadores y alcaldes puedan contratar Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para proyectos de infraestructura. Esto había sido prohibido antes porque daba lugar a corrupción.
Se abre la posibilidad de adquirir más deuda flotante porque se pueden adjudicar obras con fondos más allá de los disponibles en presupuestos de Ministerios o comunas al no haber comprobantes de disponibilidad financiera. Otro punto es que se otorga discrecionalidad para incrementar el subsidio del transporte público, según el texto el incremento será “en función de las necesidades”.
También se deja a discreción el manejo de asignación de gastos para cubrir las pérdidas operacionales del Banco de Guatemala (Banguat). El Ministerio de Finanzas Públicas queda facultado para utilizarlos en atender los compromisos de los servicios de la deuda pública y financiamiento del presupuesto, “si fuera necesario”.
Otro tema es que si bien se le recortó Q730 millones al Ministerio de Desarrollo Social dicha Cartera ya analiza incrementar unos 50 mil beneficiarios más en los programas sociales, considerados clientelares que podrían servir para hacer campaña en un año electoral. La mayoría de analistas señalaron que esto debía evitarse pero no se hizo.
Estos son algunos de los puntos más relevantes que se destacan en el documento aprobado.
Quitaron candados e incluyeron impuestos
Las reacciones a lo actuado no se hicieron esperar, las cuales son en su mayoría de rechazo y repudio. Además, los sectores afectados se están pronunciando acerca de lo que esto los afecta.
Un ejemplo es que se decretó un incremento del impuesto a la distribución del cemento, que pasó de Q1.50 a Q5 por quintal. Ante esto Pelayo Llarena, presidente de la Cámara de la Construcción (CGC), informó que el costo de la vivienda social podría aumentar hasta en un 6%.
Por esa razón, la CGC se opone “firmemente” al aumento de los impuestos aprobados dentro del Presupuesto 2015. “Solicitamos al Presidente de la República que reconsidere en especial los artículos 56, 57, 61, 76 y 77 por el impacto que tendrá en la población guatemalteca”, aseguró. También critican el hecho que se puedan contratar ONGs para diferentes proyectos, incluso en construcción, donde muchos de los beneficiados son los mismos diputados oficialistas, con vínculos a estas organizaciones.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dio a conocer que consideran que las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto no fueron atendidas, pues no hubo discusión y se actuó precipitadamente.
Entre otras cosas critican el hecho que se eliminó el Certificado de Disponibilidad Financiera, que servía al Estado como instrumento de control y disciplina en la contratación de deuda pública. También denuncian que se anuló la prohibición de pagar gasto corriente con deuda, lo que abre la oportunidad para que el Estado asuma más compromisos financieros sin parámetros que limiten su nivel de endeudamiento.
De esa cuenta, consideran que en un sólo acto se aprobó el endeudamiento más grande en la historia del país, se eliminó además la condición de aprobar uno a uno los préstamos del Estado por parte del Congreso, por lo que éstas y otras faltas a la transparencia y rendición de cuentas son susceptibles de impugnación legal.
Tanto la CCG como el CACIF se encuentran analizando el decreto 22-2014 para decidir si tomarán alguna medida legal que lo impugne parcial o totalmente. La Cámara de Comercio y la Cámara de Industria se encuentran haciendo sus análisis para luego darlos a conocer. El director Ejecutivo de esta última, Javier Zepeda, adelantó que están asombrados no sólo con las asignaciones sino con la nuevos impuestos que hacen perder lo atractivo del país a las inversiones.
En cuanto al aumento de las regalías en la minería, que subió de 5% a 10%, la Gremial de Minas y Canteras dijo que esto podría afectar el precio de las acciones de compañías que cotizan en la Bolsa, que además restará competitividad a una incipiente actividad en Guatemala. “Esto además podría fomentar la ya preocupante minería ilegal”, expresó Mario Orellana, presidente de dicha gremial.
Otro sector afectado es el de las telecomunicaciones, a quienes se les impuso un pago de Q5 mensuales por cada línea fija o móvil. Además de una cuota de Q100 a las “centrales de llamadas o líneas concentradoras”.
Mientras que las compañías telefónicas todavía no se pronuncian, la Gremial de Telecomunicaciones iniciará reuniones para analizar las implicaciones que esto tiene. Ricardo Sagastume, representante de dicha Gremial, dijo que el nuevo gravamen constituye “un verdadero castigo y un error garrafal, pues las telecomunicaciones constituyen la actividad más competitiva que existe en Guatemala”.
Una interrogante crucial es para qué se van a usar estos ingresos extras. “Es decir, ¿qué va a recibir a cambio el ciudadano? Se puede ver que plantearon dichos impuestos sin medir el impacto que tendrán y que muy posiblemente serán usados en corrupción y despilfarro”, señala Hugo Maúl.
Lo que se puede hacer
En un comunicado ICEFI resalta que las medidas incluidas en el decreto 22-2014 “son ilegítimas y constituyen serios retrocesos a lo que se había logrado con la aprobación en octubre del 2013” en las leyes de transparencia.
Por otro lado, no queda claro si se incluye en el gasto los recursos necesarios para que el Ministerio de Educación cumpla con los compromisos adquiridos en el Pacto Colectivo y el aumento a los maestros. De no haberlo incluido “podrían volver a registrarse problemas de ingobernabilidad”.
En vista de que cualquier persona que se sienta afectada puede presentar una acción de amparo se espera que sean varias. También se pueden presentar recursos de inconstitucionalidad, en caso concreto para puntos específicos o general, contra todo el documento. Otra posibilidad que se menciona es la del veto presidencial.
Maúl señala que le toca ahora a la oposición y a abogados especialistas analizar si lo aprobado riñe con leyes superiores. Se ve especial problema en la creación de nuevos impuestos, pues los diputados pudieron incurrir en fraude de ley por utilizar el Proyecto del Presupuesto del próximo año para crear un paquete fiscal.
“La población también debe enterarse de lo que pasó y recordarlo cuando vayan a votar en un año”, concluye Maúl.
La alianza política color “toronja”, donde los más beneficiados son los partidos Libertad Democrática Renovada (LIDER) y Partido Patriota (PP), fue el resultado de la aprobación del presupuesto 2015 que afila la máquina electoral de las dos agrupaciones.
Por casi dos meses el proyecto de ingresos y egresos para el 2015 presentado por el Ejecutivo fue objeto de análisis de parte de muchos expertos y analistas de diferentes corrientes y sectores. Ellos recomendaban no favorecer programas clientelares y establecer un monto total adecuado a una recaudación fiscal realista. Había recomendaciones puntuales y técnicas de cuánto bajar al monto total, entre Q2,000 millones y Q5,000 millones, y en qué rubros (ver notas relacionadas).
Sin embargo, a dos días de que venciera el plazo límite legal se aprobó de urgencia nacional en una sesión llena de enfrentamientos; muchos de los congresistas dijeron no conocer los nuevos montos porque no se les dio una copia previamente.
Ese día la alianza volvió a actuar. Fueron 106 diputados, principalmente de los partidos Libertad Democrática Renovada (LIDER), Partido Patriota (PP) y TODOS, quienes aprobaron la nueva propuesta. Esto fue calificado como una negociación “opaca” y “poco transparente” por los otros bloques. “Fue un gol, le metieron un gol al país, sobre todo por ciertos aspectos que nadie conocía”, opina Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Incluso hay señalamientos de compra de votos, extremo que fue denunciado por dicho partido que en conferencia de prensa dijo que pedirán a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que investigue. También señalaron que harán una denuncia en el Ministerio Público (MP).
Tanto analistas como opositores y observadores en general no salen de su asombro al ver cómo funcionó una máquina política para lograr sus objetivos, a pesar de ser supuestamente opuestos. En declaraciones, el analista del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), Hugo Maúl, señaló que dicho presupuesto se aprobó sin ninguna base técnica ni legal, tampoco hubo debate, por lo que cabe pensar en una oscura negociación hecha a espaldas de la población “quien a la larga es quien va a pagarlo”.
Pero el Decreto 22-2014 guardaba más sorpresas que se han ido desentrañando poco a poco para más estupor y rechazo.
Detalles de lo aprobado
El misterioso nuevo proyecto de ingresos y egresos 2015, contenido en el Decreto 22-2014, se fue conociendo poco a poco en los últimos días, y quienes lo analizan no salen de su asombro. El monto total aprobado es de Q70,600 millones, Q1,241.1 millones menos de lo que se había propuesto originalmente.
Se detalla que esto se financiará con Q58,294 millones de ingresos corrientes (de los cuales Q54,702 millones son tributarios), Q20 millones en ingresos de capital y Q12,286 millones en fuentes financieras (incluye Q4,000 millones en deuda interna y Q8,154 millones en deuda externa).
La referida reducción se hizo de la siguiente manera:
El planteamiento de este presupuesto parece estar lleno de enredos o “trampas”. Como se puede apreciar en la tabla anterior, en teoría se le restó Q210 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) que se quedó con un presupuesto de Q4,890 millones. Pero el rubro Obligaciones del Estado, a cargo del Tesoro, en lugar de bajar subió a Q25,188.6 millones, de los cuales Q1,965 están destinados a “otros aportes a cargo del Micivi”. No se especifica en qué se usarán estos fondos ni se establecen controles.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), esta asignación es una “asignación inusual, opaca e injustificada”, que corre el riesgo de desviarse con fines políticos durante la campaña electoral del 2015.
Por su parte Barreda criticó esta asignación al Ministerio de Comunicaciones y también a los Consejos Departamentales de Desarrollo porque consideran que así serán beneficiados los precandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
Hay muchos otros puntos del decreto 22-2014 que están siendo analizados. Por ejemplo, se aprueba una ampliación de Q700 millones para la erogación de donaciones externas. También se faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para que gobernadores y alcaldes puedan contratar Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para proyectos de infraestructura. Esto había sido prohibido antes porque daba lugar a corrupción.
Se abre la posibilidad de adquirir más deuda flotante porque se pueden adjudicar obras con fondos más allá de los disponibles en presupuestos de Ministerios o comunas al no haber comprobantes de disponibilidad financiera. Otro punto es que se otorga discrecionalidad para incrementar el subsidio del transporte público, según el texto el incremento será “en función de las necesidades”.
También se deja a discreción el manejo de asignación de gastos para cubrir las pérdidas operacionales del Banco de Guatemala (Banguat). El Ministerio de Finanzas Públicas queda facultado para utilizarlos en atender los compromisos de los servicios de la deuda pública y financiamiento del presupuesto, “si fuera necesario”.
Otro tema es que si bien se le recortó Q730 millones al Ministerio de Desarrollo Social dicha Cartera ya analiza incrementar unos 50 mil beneficiarios más en los programas sociales, considerados clientelares que podrían servir para hacer campaña en un año electoral. La mayoría de analistas señalaron que esto debía evitarse pero no se hizo.
Estos son algunos de los puntos más relevantes que se destacan en el documento aprobado.
Quitaron candados e incluyeron impuestos
Las reacciones a lo actuado no se hicieron esperar, las cuales son en su mayoría de rechazo y repudio. Además, los sectores afectados se están pronunciando acerca de lo que esto los afecta.
Un ejemplo es que se decretó un incremento del impuesto a la distribución del cemento, que pasó de Q1.50 a Q5 por quintal. Ante esto Pelayo Llarena, presidente de la Cámara de la Construcción (CGC), informó que el costo de la vivienda social podría aumentar hasta en un 6%.
Por esa razón, la CGC se opone “firmemente” al aumento de los impuestos aprobados dentro del Presupuesto 2015. “Solicitamos al Presidente de la República que reconsidere en especial los artículos 56, 57, 61, 76 y 77 por el impacto que tendrá en la población guatemalteca”, aseguró. También critican el hecho que se puedan contratar ONGs para diferentes proyectos, incluso en construcción, donde muchos de los beneficiados son los mismos diputados oficialistas, con vínculos a estas organizaciones.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dio a conocer que consideran que las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto no fueron atendidas, pues no hubo discusión y se actuó precipitadamente.
Entre otras cosas critican el hecho que se eliminó el Certificado de Disponibilidad Financiera, que servía al Estado como instrumento de control y disciplina en la contratación de deuda pública. También denuncian que se anuló la prohibición de pagar gasto corriente con deuda, lo que abre la oportunidad para que el Estado asuma más compromisos financieros sin parámetros que limiten su nivel de endeudamiento.
De esa cuenta, consideran que en un sólo acto se aprobó el endeudamiento más grande en la historia del país, se eliminó además la condición de aprobar uno a uno los préstamos del Estado por parte del Congreso, por lo que éstas y otras faltas a la transparencia y rendición de cuentas son susceptibles de impugnación legal.
Tanto la CCG como el CACIF se encuentran analizando el decreto 22-2014 para decidir si tomarán alguna medida legal que lo impugne parcial o totalmente. La Cámara de Comercio y la Cámara de Industria se encuentran haciendo sus análisis para luego darlos a conocer. El director Ejecutivo de esta última, Javier Zepeda, adelantó que están asombrados no sólo con las asignaciones sino con la nuevos impuestos que hacen perder lo atractivo del país a las inversiones.
En cuanto al aumento de las regalías en la minería, que subió de 5% a 10%, la Gremial de Minas y Canteras dijo que esto podría afectar el precio de las acciones de compañías que cotizan en la Bolsa, que además restará competitividad a una incipiente actividad en Guatemala. “Esto además podría fomentar la ya preocupante minería ilegal”, expresó Mario Orellana, presidente de dicha gremial.
Otro sector afectado es el de las telecomunicaciones, a quienes se les impuso un pago de Q5 mensuales por cada línea fija o móvil. Además de una cuota de Q100 a las “centrales de llamadas o líneas concentradoras”.
Mientras que las compañías telefónicas todavía no se pronuncian, la Gremial de Telecomunicaciones iniciará reuniones para analizar las implicaciones que esto tiene. Ricardo Sagastume, representante de dicha Gremial, dijo que el nuevo gravamen constituye “un verdadero castigo y un error garrafal, pues las telecomunicaciones constituyen la actividad más competitiva que existe en Guatemala”.
Una interrogante crucial es para qué se van a usar estos ingresos extras. “Es decir, ¿qué va a recibir a cambio el ciudadano? Se puede ver que plantearon dichos impuestos sin medir el impacto que tendrán y que muy posiblemente serán usados en corrupción y despilfarro”, señala Hugo Maúl.
Lo que se puede hacer
En un comunicado ICEFI resalta que las medidas incluidas en el decreto 22-2014 “son ilegítimas y constituyen serios retrocesos a lo que se había logrado con la aprobación en octubre del 2013” en las leyes de transparencia.
Por otro lado, no queda claro si se incluye en el gasto los recursos necesarios para que el Ministerio de Educación cumpla con los compromisos adquiridos en el Pacto Colectivo y el aumento a los maestros. De no haberlo incluido “podrían volver a registrarse problemas de ingobernabilidad”.
En vista de que cualquier persona que se sienta afectada puede presentar una acción de amparo se espera que sean varias. También se pueden presentar recursos de inconstitucionalidad, en caso concreto para puntos específicos o general, contra todo el documento. Otra posibilidad que se menciona es la del veto presidencial.
Maúl señala que le toca ahora a la oposición y a abogados especialistas analizar si lo aprobado riñe con leyes superiores. Se ve especial problema en la creación de nuevos impuestos, pues los diputados pudieron incurrir en fraude de ley por utilizar el Proyecto del Presupuesto del próximo año para crear un paquete fiscal.
“La población también debe enterarse de lo que pasó y recordarlo cuando vayan a votar en un año”, concluye Maúl.