Redacción
24 de marzo, 2014
La iniciativa del Ejecutivo para una Ley sobre Inversión y Empleo, ingresada bajo el número 46-44, parece encontrar un escenario complicado para su aprobación en el corto plazo, debido a diferencias entre la institucionalidad involucrada. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Congreso en enero de 2013 y recibió dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior el pasado 4 de febrero.
Y, a pesar que el 17 de marzo se aprobaron modificaciones, un análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) enviado a la Comisión de Economía del Legislativo cuestiona la iniciativa y el dictamen sobre la misma, argumentando que si la legislación fuera aprobada provocaría una reducción de los ingresos tributarios.
La nueva legislación busca sustituir la Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la de Zonas Francas (Decreto 65-89), que vencen el 31 de diciembre de 2014, pero que según acuerdos y compromisos del Estado de Guatemala con la Organización Mundial del Comercio (OMC) el país debería contar con legislación en la materia, a más tardar en el mes de junio del año en curso.
El escenario que se configura debido al análisis de la SAT posiciona un debate en torno a la incertidumbre legislativa que pudiera ocurrir si se llegase al plazo fatal cuando vencen las normativas vigentes y no hay una legislación que regule la materia. Además, la discusión sobre futuras inversiones, la creación de empleo y la situación de empresas acogidas a la normativa actual complican el panorama.
La postura de la SAT cuestiona el supuesto análisis técnico consensuado con la Comisión de Economía, cuyos miembros afirman que la Superintendencia conoció de las modificaciones a la iniciativa, por lo que rebaten la actual postura del ente recaudador. Los Ministerios de Finanzas y Economía no se han pronunciado sobre el tema.
El diputado Antonio Ralda, quien preside la Comisión, explica que al dictamen de ley se le hicieron enmiendas de control y transparencia para corregir los probables riesgos de pérdida de ingresos tributarios, como advirtió a inicios de marzo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “Incluso personal de la SAT participó en las discusiones”, explica el diputado. Para el legislador, si no se aprueba la ley se perderían unos 200 mil empleos directos y 300 mil indirectos porque al menos mil empresas podrían irse de Guatemala a países vecinos donde hay leyes con más incentivos para la inversión. Para el diputado Carlos Barreda, también integrante de la Comisión de Economía, lo que procede es que la iniciativa regrese a discusión en la Comisión y se revoquen los acuerdos llegados.
La SAT argumenta que la iniciativa de Ley, cuyo objetivo es atraer inversión y generar puestos de trabajo, restaría ingresos tributarios por Q1 mil o hasta Q2 mil millones al fisco en ingresos tributarios.
Por otro lado, este tropiezo pone al país en el filo de la navaja, ya que el tiempo transcurre, los tiempos políticos se complican por la pausa legislativa en Semana Santa y la posterior finalización en mayo del primer periodo ordinario de sesiones del Legislativo. En tanto, los compromisos internacionales del Estado y la incertidumbre legal que podría provocarse en la materia evidencian la urgencia de un consenso entre la institucionalidad involucrada para facilitar la inversión, la creación de empleos y evitar la pérdida de competitividad del país en relación con sus vecinos. Junio y diciembre 2014 son plazos fatales que deberán visualizarse por las instituciones pertinentes.
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Redacción
24 de marzo, 2014
La iniciativa del Ejecutivo para una Ley sobre Inversión y Empleo, ingresada bajo el número 46-44, parece encontrar un escenario complicado para su aprobación en el corto plazo, debido a diferencias entre la institucionalidad involucrada. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Congreso en enero de 2013 y recibió dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior el pasado 4 de febrero.
Y, a pesar que el 17 de marzo se aprobaron modificaciones, un análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) enviado a la Comisión de Economía del Legislativo cuestiona la iniciativa y el dictamen sobre la misma, argumentando que si la legislación fuera aprobada provocaría una reducción de los ingresos tributarios.
La nueva legislación busca sustituir la Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la de Zonas Francas (Decreto 65-89), que vencen el 31 de diciembre de 2014, pero que según acuerdos y compromisos del Estado de Guatemala con la Organización Mundial del Comercio (OMC) el país debería contar con legislación en la materia, a más tardar en el mes de junio del año en curso.
El escenario que se configura debido al análisis de la SAT posiciona un debate en torno a la incertidumbre legislativa que pudiera ocurrir si se llegase al plazo fatal cuando vencen las normativas vigentes y no hay una legislación que regule la materia. Además, la discusión sobre futuras inversiones, la creación de empleo y la situación de empresas acogidas a la normativa actual complican el panorama.
La postura de la SAT cuestiona el supuesto análisis técnico consensuado con la Comisión de Economía, cuyos miembros afirman que la Superintendencia conoció de las modificaciones a la iniciativa, por lo que rebaten la actual postura del ente recaudador. Los Ministerios de Finanzas y Economía no se han pronunciado sobre el tema.
El diputado Antonio Ralda, quien preside la Comisión, explica que al dictamen de ley se le hicieron enmiendas de control y transparencia para corregir los probables riesgos de pérdida de ingresos tributarios, como advirtió a inicios de marzo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “Incluso personal de la SAT participó en las discusiones”, explica el diputado. Para el legislador, si no se aprueba la ley se perderían unos 200 mil empleos directos y 300 mil indirectos porque al menos mil empresas podrían irse de Guatemala a países vecinos donde hay leyes con más incentivos para la inversión. Para el diputado Carlos Barreda, también integrante de la Comisión de Economía, lo que procede es que la iniciativa regrese a discusión en la Comisión y se revoquen los acuerdos llegados.
La SAT argumenta que la iniciativa de Ley, cuyo objetivo es atraer inversión y generar puestos de trabajo, restaría ingresos tributarios por Q1 mil o hasta Q2 mil millones al fisco en ingresos tributarios.
Por otro lado, este tropiezo pone al país en el filo de la navaja, ya que el tiempo transcurre, los tiempos políticos se complican por la pausa legislativa en Semana Santa y la posterior finalización en mayo del primer periodo ordinario de sesiones del Legislativo. En tanto, los compromisos internacionales del Estado y la incertidumbre legal que podría provocarse en la materia evidencian la urgencia de un consenso entre la institucionalidad involucrada para facilitar la inversión, la creación de empleos y evitar la pérdida de competitividad del país en relación con sus vecinos. Junio y diciembre 2014 son plazos fatales que deberán visualizarse por las instituciones pertinentes.