Se llama así porque el espíritu y objetivo de la ley es promover las condiciones para generar empleo, además de conservar el empleo existente en el país. Asimismo, la Ley se enmarca en el compromiso adquirido por Guatemala con la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tiene el plazo fatal del 30 de junio de este año para presentar una nueva iniciativa de ley de fomento. 

Desmantelar algunos de los incentivos que tienen los decretos 29-89 (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila) y 65-89 (Ley de Zonas Francas). Concretamente se debe eliminar el Impuesto Sobre la Renta a la manufactura para las exportaciones.
El Salvador, que tenía el mismo compromiso con la OMC, promulgó el año pasado una ley que otorga incentivos fiscales y de otro tipo a empresas que se instalan en el área metropolitana y el interior del país.

Además, otros países como México y algunos de El Caribe tienen también leyes que cumplen con las exigencias de la OMC, y eso nos coloca en desventaja.
Honduras y Nicaragua, por ejemplo, no tienen ningún compromiso con la OMC, pero por los ingresos del PIB per cápita están exentos de ese compromiso. Por otro lado, tienen leyes que son indefinidas en materia de incentivos, es decir permanentes. 

¿La ley guatemalteca puede competir con la de esos países? 

Por supuesto que no, pero consideramos que Guatemala tiene otras ventajas como la ubicación geográfica, dos puertos con buenos servicios y con mejores infraestructuras. Creemos que con la ley competiríamos con esos dos países. 

La situación en esos países nos hizo recapacitar sobre la iniciativa. Con cabildeos en la Comisión de Economía se hicieron algunas modificaciones para competir con El Salvador, pero también la ley pretende competir con la región.
El país ya no es una isla, la verdad es que nunca lo hemos sido, pero hay que competir con el mundo entero. Tenemos una posición geográfica privilegiada con tratados de libre comercio con los bloques más grandes del mundo, pero nos hemos quedado atrás en el tema de incentivos para atraer nuevas inversiones. 

Debe ser un tema apolítico. El llamado que hemos hecho a diputados en el Congreso es que el empleo no debe tener ningún color político. Tampoco queremos que se diga que vamos a beneficiar a los empresarios porque eso contamina la discusión.
Por eso me enfoco en el empleo. 

Incluso, cuando hablamos de ese tema, lo hacemos en el contexto de los tres grandes pactos de Gobierno que deberían ser pactos de Estado: El Pacto hambre Cero, un pacto social donde todos somos responsables de reducir ese flagelo, y que se hace sostenible en el largo plazo con oportunidades de empleo. 

El mismo análisis hacemos con el Pacto de Paz, Seguridad y Justicia. Como sociedad queremos vivir en paz y eso es posible si hay suficientes oportunidades de empleo. El tercer gran pacto es el de la Competitividad y Crecimiento Económico, pero este no tendría sentido si su fin no es generar oportunidades de empleo. 

Desde hace dos años nos hemos preocupado de diseñar una ley que tenga los candados suficientes para evitar esos riesgos. Se ha discutido con el Ministerio de Finanzas y los técnicos de la SAT para colocar los candados adecuados. Le puedo asegurar que ninguna empresa que hoy paga impuestos podrá pasarse a la nueva legislación. No podemos abrir un hoyo fiscal y estamos convencidos que los candados están cerrados. 

Creo que hay un poco de desconocimiento, tal vez desconfianza, y esos aspectos se pueden eliminar con transparencia y comunicación. Yo invitaría a cualquier sector a compartir ideas y conceptos de la ley para enriquecer la misma. 

La hemos socializado en muchos aspectos. Por ejemplo con el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) la hemos discutido. Y vuelvo a repetir no se va a abrir ningún agujero fiscal y que la ley generará empleo e inversión para que el país pueda competir con el resto de la región. Si alguien quiere hacer propuestas estamos dispuestos a escucharlas. 

Las empresas que están acogidas en el decreto 26-89 (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquilas) tienen un traslado casi automático porque se quedan sin el incentivo más fuerte que es el ISR. 

Los incentivos para la ciudad capital son de 15 años de exención del ISR y para el interior del país, 25 años. Las empresas tienen la posibilidad de ampliar ese plazo. Por ejemplo, si a los 15 años han generado más inversión y empleo nuevo, pueden alargar estos incentivos en el área metropolitana hasta 40 años, y en el interior del país hasta 65 años plazos. Son plazos que se equiparan a los que ofrece El Salvador, pero no a los que ofrece Honduras y Nicaragua, porque esos son indefinidos. 

En muchos estados de México los incentivos no son iguales todos. Algunos estados otorgan incentivos adicionales o diferentes. Incluso, hay estados en los que dan en usufructo la tierra por 50 años. También otorgan exenciones en materia de seguridad social durante un año; es decir, el Gobierno hace los pagos. Pero nuestra ley compite con otras ventajas que tiene el país. 

Del paquete de leyes que hemos presentado y las que vamos a presentar en los próximos días, la iniciativa de Inversiones y Empleo es la ley insignia. Eran nueve, pero una de ellas (modificación a la Ley Industrial) fue aprobada por el Congreso. Hemos presentado otra que es la iniciativa de Ley de Microfinanzas, y estamos por presentar tres más. Son modificaciones al Código de Comercio, la Ley de Insolvencias y modificaciones al Código Procesal Civil y Mercantil. 

Generar empleo. Sin embargo, cada una tiene un ámbito de acción diferente. Cinco de ellas son para mejorar el acceso a créditos para la micro, pequeña y mediana empresa.
El objetivo es seguir escalando puestos en el Índice del Doing Bussines del Banco Mundial, que califica a 186 países del mundo. 

En dos años de Gobierno hemos subido 19 escalones y ahora estamos en el 79. El año pasado el país fue declarado uno de los 10 países más reformadores del mundo. Este año el objetivo es que nos declaren el país más reformador del mundo. 

Esperaríamos que en marzo quede aprobada la ley. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con los Jefes de Bloque del Congreso y les decía que el plazo fatal ya pasó. Los demás países tienen esta ley y cuando vemos la tendencia de cómo la inversión crece en esos lugares vemos la necesidad de la ley. Todos los días perdemos oportunidades y si no llegamos a tener la ley antes del 30 de junio vamos a perder unos 50 mil empleos directos. 

Cuando un país no cumple con la OMC, las sanciones vienen de nuestros socios comerciales. Imagínese un panel con estados Unidos, México y Centroamérica; estamos hablando del 80% de nuestro comercio, tanto de exportación como importación. Las consecuencias que esto podría tener, no quisiera ni pensarlas. 

La ley es un compromiso de país y tenemos que cumplir.
Invitó a los diferentes actores de la sociedad y del Estado para que nos pongamos la camiseta de Guatemala para tener un país mejor calificado, en donde el clima de negocios sea cada vez mejor. No somos rojos ni somos cremas, somos Guatemala vistiendo la camiseta de Guatemala; pero es necesario seguir tomando decisiones para mejorar el clima de negocios porque el tema no es de corto plazo sino de largo plazo para generar más empleo.