El plan de modernización de aduanas que abarca Santo Tomás, Aduana Central, Puerto Quetzal, Tecún Umán y Pedro de Alvarado sigue en marcha. Según la intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, se estima que se necesitan unos US$30 millones para implementar el proyecto. Este incluye la instalación de cámaras de seguridad de circuito cerrado en cada aduana, sistemas de marchamos electrónicos GPS y la instalación de rayos X para la revisión no intrusiva de contenedores.
La modernización aduanera ha sido el sueño de los últimos tres gobiernos. Algunos avances se han registrado a lo largo de estos años, como la capacitación del personal, el combate a la corrupción, la promoción de la cultura tributaria y ahora la implementación de nuevas tecnologías. Sin embargo, a decir de Héctor Fajardo, de la Coordinadora Nacional de Transportistas, el paso por las aduanas sigue siendo muy lento e ineficiente, las colas siguen siendo largas y los trámites engorrosos y discrecionales dando lugar a la corrupción.
Esta iniciativa se impulsa tras la intervención administrativa que se implementó el año pasado y busca agilizar los trámites, mejorar los controles y la seguridad en aduanas. Con la intervención se constató que persiste la corrupción y el contrabando. La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) calcula que el año pasado se perdieron unos Q10 mill millones por estos delitos. Empresas que comercializan gasolina, productos avícolas (huevos y pollo), arroz, aguas carbonatadas, cigarrillos y bebidas alcohólicas se ven afectados cada año por los productos que ingresan al país de manera ilegal.
Fanny Estrada, directora de Competitividad, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), señala que la modernización es urgente para el país. “Juega un papel clave en la facilitación comercial, ya que se hace necesario contar con aduanas modernas y ágiles, el proyecto mejoraría no solo la recaudación sino también el comercio”, expresa Estrada.
Buscando fondos
En los próximos días, Claudia Méndez presentará a los miembros del Directorio de la SAT los resultados de los estudios de prefactibilidad de la modernización, en los que se sugiere la implementación de esos aspectos: cámaras, marchamos y revisión con rayos x para su autorización. Después se buscarían las asignaciones financieras por medio de transferencias presupuestarias. La Intendencia tiene prevista la implementación de la modernización en el último trimestre del año.
También la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la SAT debe analizar a quién le correspondería pagar el costo de los servicios; si estos pagos pueden recaer sobre los importadores y exportadores, los consignatarios o los transportistas. Preliminarmente, la Intendente de Aduanas maneja la cantidad de US$30 en el caso del marchamo electrónico, y US$14 para la revisión no intrusiva por contenedor.
A inicios de este año, en las fronteras de El Salvador se registraron protestas y bloqueos por el cobro de US$18 dólares a los transportistas por la revisión de cada furgón con rayos X en aduanas. El comercio centroamericano se vio afectado durante varias semanas y se teme que lo mismo pueda suceder en Guatemala, a no ser que el proyecto se discuta con los sectores involucrados.
No quieren pagar más
Tanto importadores y exportadores, como transportistas, han manifestado que la implementación de nuevos cobros deben analizarse pensando en respetar los marcos y tratados comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes para evitar conflictos como el ocurrido en El Salvador.
Todos se verían afectos en sus operaciones, afectando finalmente al consumidor, quien termina pagando los costos.
La Cámara de Comercio, por medio de su presidente Jorge Briz, indicó la semana pasada que están de acuerdo con las mejoras que promueve este plan, pero no con los cobros porque, según dijo ‘ya pagan los impuestos que les corresponden’.
Fajardo señala que los transportistas no se oponen a la modernización si esto agiliza el flujo de mercancías en las aduanas. “Es bienvenida pero si esto va a beneficiar a la SAT y a otras entidades estatales, que sean ellos los que absorban el costo. En otros países donde ya se cuenta con estas tecnologías es el Estado el que las paga”, afirma.
Estrada declara que solicitan que los procesos sean transparentes. “Con respecto a los costos, no debe ser una carga más sólo para el exportador o importador pues eso influiría en la competitividad”, dice. Las mejoras son necesarias, pero deben ser a un costo razonable y de acuerdo a los estándares internacionales, compartido entre todos los involucrados.
El Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz, opina que quienes transitan con sus mercancías por estas aduanas deben poner en una balanza lo que se ahorrarían si se mejoran los procesos y lo que se les estaría cobrando. ‘La competitividad se mide por medio de la rotación de los activos de logística como barcos, aviones, camiones y contenedores. Si se ahorran varios días y mejoran dicha rotación los nuevos cobros podrían parecer justificados’, señala.
También opina que la SAT debe dialogar con el Ministerio de Gobernación, ya que ellos tienen equipo de revisión en puertos y fronteras que podrían aprovecharse para no duplicar esfuerzos y gastos. ‘Para mejorar la competitividad hay que invertir, pero a la larga hay grandes beneficios. Sin embargo, los cobros no deben ser tan elevados para que no provoquen malestar. Quienes implementen la modernización, en este caso la SAT, deberían asumir los costos’, dice el comisionado.
Mejor incentivar
Paulo de León, analista económico del Central American Business Intelligence, señala que no es conveniente trasladar más costos al sector privado. “Por el contrario, hay que promover el comercio con otras medidas”, opina.
Maynor Cabrera del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, considera que la modernización está justificada y es necesaria. “Está claro que se debe mejorar los procesos en las aduanas, pero no se debe esperar que la tecnología lo resuelva todo”, afirma. También es importante hacer cumplir las normas del personal, persiguiendo la corrupción y haciendo cumplir las leyes.
En cuanto a los costos, refiere que la mayor parte los debe absorber la SAT que ya cuenta con un presupuesto. “Es comprensible que los afectados por nuevos cobros se opongan, por el contrario ellos quisieran poder bajar sus costos”, considera Cabrera. Algunos se pueden bajar o incluso eliminar, como el de la espera por los trámites y la delincuencia a la que se exponen por las largas colas.
Ahora, en manos del Directorio de la SAT está la aprobación de la modernización en estas cinco aduanas del país. Luego vendrá la forma de financiarla, pues se necesitan US$30 millones para llevarla a cabo y buscar el mecanismo para que no se afecte el bolsillo de los importadores y exportadores y salga perjudicada la competitividad del país.
El plan de modernización de aduanas que abarca Santo Tomás, Aduana Central, Puerto Quetzal, Tecún Umán y Pedro de Alvarado sigue en marcha. Según la intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, se estima que se necesitan unos US$30 millones para implementar el proyecto. Este incluye la instalación de cámaras de seguridad de circuito cerrado en cada aduana, sistemas de marchamos electrónicos GPS y la instalación de rayos X para la revisión no intrusiva de contenedores.
La modernización aduanera ha sido el sueño de los últimos tres gobiernos. Algunos avances se han registrado a lo largo de estos años, como la capacitación del personal, el combate a la corrupción, la promoción de la cultura tributaria y ahora la implementación de nuevas tecnologías. Sin embargo, a decir de Héctor Fajardo, de la Coordinadora Nacional de Transportistas, el paso por las aduanas sigue siendo muy lento e ineficiente, las colas siguen siendo largas y los trámites engorrosos y discrecionales dando lugar a la corrupción.
Esta iniciativa se impulsa tras la intervención administrativa que se implementó el año pasado y busca agilizar los trámites, mejorar los controles y la seguridad en aduanas. Con la intervención se constató que persiste la corrupción y el contrabando. La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) calcula que el año pasado se perdieron unos Q10 mill millones por estos delitos. Empresas que comercializan gasolina, productos avícolas (huevos y pollo), arroz, aguas carbonatadas, cigarrillos y bebidas alcohólicas se ven afectados cada año por los productos que ingresan al país de manera ilegal.
Fanny Estrada, directora de Competitividad, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), señala que la modernización es urgente para el país. “Juega un papel clave en la facilitación comercial, ya que se hace necesario contar con aduanas modernas y ágiles, el proyecto mejoraría no solo la recaudación sino también el comercio”, expresa Estrada.
Buscando fondos
En los próximos días, Claudia Méndez presentará a los miembros del Directorio de la SAT los resultados de los estudios de prefactibilidad de la modernización, en los que se sugiere la implementación de esos aspectos: cámaras, marchamos y revisión con rayos x para su autorización. Después se buscarían las asignaciones financieras por medio de transferencias presupuestarias. La Intendencia tiene prevista la implementación de la modernización en el último trimestre del año.
También la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la SAT debe analizar a quién le correspondería pagar el costo de los servicios; si estos pagos pueden recaer sobre los importadores y exportadores, los consignatarios o los transportistas. Preliminarmente, la Intendente de Aduanas maneja la cantidad de US$30 en el caso del marchamo electrónico, y US$14 para la revisión no intrusiva por contenedor.
A inicios de este año, en las fronteras de El Salvador se registraron protestas y bloqueos por el cobro de US$18 dólares a los transportistas por la revisión de cada furgón con rayos X en aduanas. El comercio centroamericano se vio afectado durante varias semanas y se teme que lo mismo pueda suceder en Guatemala, a no ser que el proyecto se discuta con los sectores involucrados.
No quieren pagar más
Tanto importadores y exportadores, como transportistas, han manifestado que la implementación de nuevos cobros deben analizarse pensando en respetar los marcos y tratados comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes para evitar conflictos como el ocurrido en El Salvador.
Todos se verían afectos en sus operaciones, afectando finalmente al consumidor, quien termina pagando los costos.
La Cámara de Comercio, por medio de su presidente Jorge Briz, indicó la semana pasada que están de acuerdo con las mejoras que promueve este plan, pero no con los cobros porque, según dijo ‘ya pagan los impuestos que les corresponden’.
Fajardo señala que los transportistas no se oponen a la modernización si esto agiliza el flujo de mercancías en las aduanas. “Es bienvenida pero si esto va a beneficiar a la SAT y a otras entidades estatales, que sean ellos los que absorban el costo. En otros países donde ya se cuenta con estas tecnologías es el Estado el que las paga”, afirma.
Estrada declara que solicitan que los procesos sean transparentes. “Con respecto a los costos, no debe ser una carga más sólo para el exportador o importador pues eso influiría en la competitividad”, dice. Las mejoras son necesarias, pero deben ser a un costo razonable y de acuerdo a los estándares internacionales, compartido entre todos los involucrados.
El Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz, opina que quienes transitan con sus mercancías por estas aduanas deben poner en una balanza lo que se ahorrarían si se mejoran los procesos y lo que se les estaría cobrando. ‘La competitividad se mide por medio de la rotación de los activos de logística como barcos, aviones, camiones y contenedores. Si se ahorran varios días y mejoran dicha rotación los nuevos cobros podrían parecer justificados’, señala.
También opina que la SAT debe dialogar con el Ministerio de Gobernación, ya que ellos tienen equipo de revisión en puertos y fronteras que podrían aprovecharse para no duplicar esfuerzos y gastos. ‘Para mejorar la competitividad hay que invertir, pero a la larga hay grandes beneficios. Sin embargo, los cobros no deben ser tan elevados para que no provoquen malestar. Quienes implementen la modernización, en este caso la SAT, deberían asumir los costos’, dice el comisionado.
Mejor incentivar
Paulo de León, analista económico del Central American Business Intelligence, señala que no es conveniente trasladar más costos al sector privado. “Por el contrario, hay que promover el comercio con otras medidas”, opina.
Maynor Cabrera del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, considera que la modernización está justificada y es necesaria. “Está claro que se debe mejorar los procesos en las aduanas, pero no se debe esperar que la tecnología lo resuelva todo”, afirma. También es importante hacer cumplir las normas del personal, persiguiendo la corrupción y haciendo cumplir las leyes.
En cuanto a los costos, refiere que la mayor parte los debe absorber la SAT que ya cuenta con un presupuesto. “Es comprensible que los afectados por nuevos cobros se opongan, por el contrario ellos quisieran poder bajar sus costos”, considera Cabrera. Algunos se pueden bajar o incluso eliminar, como el de la espera por los trámites y la delincuencia a la que se exponen por las largas colas.
Ahora, en manos del Directorio de la SAT está la aprobación de la modernización en estas cinco aduanas del país. Luego vendrá la forma de financiarla, pues se necesitan US$30 millones para llevarla a cabo y buscar el mecanismo para que no se afecte el bolsillo de los importadores y exportadores y salga perjudicada la competitividad del país.