Con motivo del Apparel Sourcing Show que inició hoy en nuestro país, el sector exportador dio a conocer su preocupación por la no aprobación de la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Esto generaría incertidumbre en los posibles nuevos inversores y además podría poner en riesgo la permanencia de docenas de empresas que ya están en el país, entre ellas las del sector productivo que más exporta: el textil.
“El reto de la Ley es generar empleo para los 200,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la población económicamente activa. Recordemos que Guatemala tiene un 83% que trabajan en la informalidad”, señala Rolando Paiz, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Por esa razón, solicitan que se apruebe la iniciativa 46-44 inmediatamente.
El proyecto de ley fue enviado en enero 2013 al Congreso de la República, impulsada por el Ministerio de Economía (MINECO), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y revisado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Luego de hacerle cambios, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso dictaminó favorablemente esta iniciativa de ley, con lo cual está lista para ser aprobada en el pleno del Congreso, y ahora depende de que se incluya en la agenda del Legislativo.
Los empresarios del sector textil consideran que de no ser aprobada esta ley impactaría a unos 2 millones de guatemaltecos. “Esto sólo si se considera que el 91% de la inversión de la industria de vestuario y textiles es extranjera. Al Apparel Sourcing Show vinieron cerca de 60 compradores internacionales, quienes al no tener una certeza jurídica de su inversión pueden mejor optar por cualquiera de nuestros países vecinos que sí la tienen”, aseguró el director de AGEXPORT, Antonio Malouf.
El Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz, está de acuerdo con las preocupaciones de los exportadores. “No sólo se perderían miles de empleos que ya existen, sino que se condenaría a mucha gente a seguir viviendo en pobreza porque no se crearían miles de empleos nuevos”, señala. Por esa razón, opina que la no aprobación sería una catástrofe económica para el país.
Qué dice la iniciativa
Esta ley busca priorizar la creación de incentivos para promover la inversión y generar empleo, así como “desarrollar sectores con alto potencial y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, favoreciendo los encadenamientos productivos, para ampliar y diversificar la oferta exportable”.
Por medio de esta legislación se crearían zonas de desarrollo económico y unidades desarrollo económico, siendo las primeras agrupamientos de entidades dedicadas a la producción de bienes o servicios que operan bajo el régimen de zonas francas, y las segundas son las que operan bajo el régimen de admisión temporal, sin estar agrupadas en área delimitada.
Para promover la inversión, se mencionan beneficios como el crédito fiscal de lSR por la inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realicen los beneficiarios, estando exonerados del Impuesto de Solidaridad por ser acreditable al ISR. También hay incentivos relativos al Impuesto Único de Inmuebles e Impuesto al valor agregado. En la misma ley se incluyen normas de control así como obligaciones y prohibiciones para los beneficiarios, quedando prohibida la duplicación de beneficios tributarios.
También se mencionan incentivos no tributarios, que consisten en mecanismos de facilitación para crear un clima de negocios favorable a la inversión. Ejemplos son trámites más ágiles para la constitución de sociedades, autorización de estudios de impacto ambiental, registros sanitarios, permisos de trabajo para extranjeros y la creación de programas de seguridad.
La justificación
Los exportadores señalan que Guatemala es el único país de la región que no ha adaptado su legislación a los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en cuanto a los subsidios de nueva generación, que tratan de incentivos fiscales de tipo horizontal combinados con otros incentivos no fiscales.
Esto fue confirmado en una entrevista a República.gt por parte del Ministro de Economía, Sergio de la Torre. Señaló que se tiene como plazo fatal el 30 de junio próximo. De la Torre señaló que se debe desmantelar algunos de los incentivos que tienen los decretos 29-89 (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila) y 65-89 (Ley de Zonas Francas). “Concretamente se debe eliminar el Impuesto Sobre la Renta a la manufactura para las exportaciones. El Salvador, que tenía el mismo compromiso con la OMC, promulgó el año pasado una ley que otorga incentivos fiscales y de otro tipo a empresas que se instalan en el área metropolitana y el interior del país”, dijo.
Guatemala aún no ha actualizado sus esquemas de incentivos, salvo el caso de la Ley de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), que desde sus inicios ha otorgado los incentivos fiscales sin que estén condicionados al desempeño exportador. Gracias al Decreto 30-2008 se amplió el régimen de zona libre a otras áreas del territorio nacional.
Oportunidad de crecer
Guatemala tiene vigentes 12 tratados de libre comercio; el 88% de las exportaciones de Guatemala se realizan bajo acuerdos preferenciales. El 38.7% se va a Estados Unidos, el 31.2% a Centroamérica y el 19%.4% está repartido entre varios países. México tiene el 5.4% y la Unión Europea se lleva el 5.3%.
Para atraer inversiones, se debe equiparar las condiciones para atraer las inversiones con sus competidores más cercanos. Según datos del Consejo Monetario Centroamericano, Costa Rica y Honduras son los países que captan mayor inversión extranjera en Centroamérica, Guatemala está en el tercer lugar pero le sigue de cerca Nicaragua. De acuerdo al índice de competitividad del Banco Mundial, de 2010 a 2012 Guatemala ha descendido del puesto 78 al 84.
Los beneficios a los que se refiere son varios, por ejemplo el hecho de ya que no está orientada a un sector económico específico, sino que está dentro de un contexto integral y utilizando los nuevos criterios que permitan la reducción de costos y el incremento de la productividad global. De aprobarse, habría un impacto en el crecimiento de la producción y del PIB, de entre 1.2% y 2.7%; también habría un efecto multiplicador de las inversiones y de la generación de empleos.
El INE dice que el índice de desempleo en 2011 llegó al 56%. En promedio una producción adicional con un valor de Q1 millón genera 8 nuevos empleos directos y 4 empleos indirectos. Con la producción adicional generada con la ley se espera la creación sea de entre 54 mil y 109 mil empleos. “Esto llevaría algún tiempo pero se mirarían los resultados positivos”, dice Paiz.
Aprobación estaría cerca
Uno de los tropiezos para que no esté aprobada todavía la ley fue que a pesar de que la SAT fue parte del consenso para crearla, luego presentó algunas inconformidades y advertencias acerca del tema de fiscalización. Se mencionó que por no tener buenos controles de a quien se le entregarían los beneficios fiscales, podría haber una pérdida de unos Q1,200 millones, lo cual era considerado un agujero fiscal porque bajaría la recaudación. Esto se debe a que unas 40 mil empresas podrían cambiar de régimen.
Esto provocó que instituciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, solicitara que la ley no se aprobara sin mejorar algunos aspectos importantes, dándole un papel más activo a la SAT y al MINFIN para evaluar y aceptar a las entidades beneficiadas.
“Estamos de acuerdo en la necesidad de implementar este tipo de leyes, pero creemos que hay mejores maneras de plantear más beneficios para todos, no solamente para los inversores extranjeros y con privilegios fiscales”, señala el analista Ricardo Barrientos, de ICEFI.
Como resultado de estas observaciones, el Gabinete Económico hizo 30 enmiendas a la iniciativa 46-44, que mejoran la fiscalización y previenen el llamado “hoyo fiscal” que se criticara. Sin embargo, Barrientos considera que éstas no son suficientes y que debe discutirse mucho más el tema. “Los factores que contribuyen a generar más inversión y empleo son muchos, no solamente los privilegios fiscales. Las empresas que quieren hacer negocios basándose únicamente en esto quizá no son las más convenientes para el país”, señala. Esos factores que menciona son parte de un plan de desarrollo integral que incluiría beneficios también para empresarios locales y para los trabajadores.
Barrientos considera que quienes saldrán beneficiados con esta legislación están ansiosos de que se apruebe, pero quienes temen por lo que podría pasarle a sus empresas no están de acuerdo. ‘Para que sea una legislación beneficiosa falta analizar más y hacer mejoras’, concluye.
Paiz opina que en su mayoría los sectores involucrados aprueban esta ley y la consideran necesaria. “Creo que estamos muy cerca de que sea una realidad. Quienes no han dado su voto favorable en el Congreso, principalmente los partidos UNE y Líder, tampoco han presentado alternativas a la ley”, señala. Se espera que luego de llevar a cabo más diálogos y debates, que piden más claridad acerca de las enmiendas, llegue el momento político apropiado.
Falta ver si la aprobación llegará a tiempo para cumplir con lo requerido por la OMC y si se harán más cambios para mejorar la ley, la cual es necesaria para el desarrollo económico.
Con motivo del Apparel Sourcing Show que inició hoy en nuestro país, el sector exportador dio a conocer su preocupación por la no aprobación de la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Esto generaría incertidumbre en los posibles nuevos inversores y además podría poner en riesgo la permanencia de docenas de empresas que ya están en el país, entre ellas las del sector productivo que más exporta: el textil.
“El reto de la Ley es generar empleo para los 200,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la población económicamente activa. Recordemos que Guatemala tiene un 83% que trabajan en la informalidad”, señala Rolando Paiz, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Por esa razón, solicitan que se apruebe la iniciativa 46-44 inmediatamente.
El proyecto de ley fue enviado en enero 2013 al Congreso de la República, impulsada por el Ministerio de Economía (MINECO), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y revisado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Luego de hacerle cambios, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso dictaminó favorablemente esta iniciativa de ley, con lo cual está lista para ser aprobada en el pleno del Congreso, y ahora depende de que se incluya en la agenda del Legislativo.
Los empresarios del sector textil consideran que de no ser aprobada esta ley impactaría a unos 2 millones de guatemaltecos. “Esto sólo si se considera que el 91% de la inversión de la industria de vestuario y textiles es extranjera. Al Apparel Sourcing Show vinieron cerca de 60 compradores internacionales, quienes al no tener una certeza jurídica de su inversión pueden mejor optar por cualquiera de nuestros países vecinos que sí la tienen”, aseguró el director de AGEXPORT, Antonio Malouf.
El Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Juan Carlos Paiz, está de acuerdo con las preocupaciones de los exportadores. “No sólo se perderían miles de empleos que ya existen, sino que se condenaría a mucha gente a seguir viviendo en pobreza porque no se crearían miles de empleos nuevos”, señala. Por esa razón, opina que la no aprobación sería una catástrofe económica para el país.
Qué dice la iniciativa
Esta ley busca priorizar la creación de incentivos para promover la inversión y generar empleo, así como “desarrollar sectores con alto potencial y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, favoreciendo los encadenamientos productivos, para ampliar y diversificar la oferta exportable”.
Por medio de esta legislación se crearían zonas de desarrollo económico y unidades desarrollo económico, siendo las primeras agrupamientos de entidades dedicadas a la producción de bienes o servicios que operan bajo el régimen de zonas francas, y las segundas son las que operan bajo el régimen de admisión temporal, sin estar agrupadas en área delimitada.
Para promover la inversión, se mencionan beneficios como el crédito fiscal de lSR por la inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realicen los beneficiarios, estando exonerados del Impuesto de Solidaridad por ser acreditable al ISR. También hay incentivos relativos al Impuesto Único de Inmuebles e Impuesto al valor agregado. En la misma ley se incluyen normas de control así como obligaciones y prohibiciones para los beneficiarios, quedando prohibida la duplicación de beneficios tributarios.
También se mencionan incentivos no tributarios, que consisten en mecanismos de facilitación para crear un clima de negocios favorable a la inversión. Ejemplos son trámites más ágiles para la constitución de sociedades, autorización de estudios de impacto ambiental, registros sanitarios, permisos de trabajo para extranjeros y la creación de programas de seguridad.
La justificación
Los exportadores señalan que Guatemala es el único país de la región que no ha adaptado su legislación a los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en cuanto a los subsidios de nueva generación, que tratan de incentivos fiscales de tipo horizontal combinados con otros incentivos no fiscales.
Esto fue confirmado en una entrevista a República.gt por parte del Ministro de Economía, Sergio de la Torre. Señaló que se tiene como plazo fatal el 30 de junio próximo. De la Torre señaló que se debe desmantelar algunos de los incentivos que tienen los decretos 29-89 (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila) y 65-89 (Ley de Zonas Francas). “Concretamente se debe eliminar el Impuesto Sobre la Renta a la manufactura para las exportaciones. El Salvador, que tenía el mismo compromiso con la OMC, promulgó el año pasado una ley que otorga incentivos fiscales y de otro tipo a empresas que se instalan en el área metropolitana y el interior del país”, dijo.
Guatemala aún no ha actualizado sus esquemas de incentivos, salvo el caso de la Ley de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), que desde sus inicios ha otorgado los incentivos fiscales sin que estén condicionados al desempeño exportador. Gracias al Decreto 30-2008 se amplió el régimen de zona libre a otras áreas del territorio nacional.
Oportunidad de crecer
Guatemala tiene vigentes 12 tratados de libre comercio; el 88% de las exportaciones de Guatemala se realizan bajo acuerdos preferenciales. El 38.7% se va a Estados Unidos, el 31.2% a Centroamérica y el 19%.4% está repartido entre varios países. México tiene el 5.4% y la Unión Europea se lleva el 5.3%.
Para atraer inversiones, se debe equiparar las condiciones para atraer las inversiones con sus competidores más cercanos. Según datos del Consejo Monetario Centroamericano, Costa Rica y Honduras son los países que captan mayor inversión extranjera en Centroamérica, Guatemala está en el tercer lugar pero le sigue de cerca Nicaragua. De acuerdo al índice de competitividad del Banco Mundial, de 2010 a 2012 Guatemala ha descendido del puesto 78 al 84.
Los beneficios a los que se refiere son varios, por ejemplo el hecho de ya que no está orientada a un sector económico específico, sino que está dentro de un contexto integral y utilizando los nuevos criterios que permitan la reducción de costos y el incremento de la productividad global. De aprobarse, habría un impacto en el crecimiento de la producción y del PIB, de entre 1.2% y 2.7%; también habría un efecto multiplicador de las inversiones y de la generación de empleos.
El INE dice que el índice de desempleo en 2011 llegó al 56%. En promedio una producción adicional con un valor de Q1 millón genera 8 nuevos empleos directos y 4 empleos indirectos. Con la producción adicional generada con la ley se espera la creación sea de entre 54 mil y 109 mil empleos. “Esto llevaría algún tiempo pero se mirarían los resultados positivos”, dice Paiz.
Aprobación estaría cerca
Uno de los tropiezos para que no esté aprobada todavía la ley fue que a pesar de que la SAT fue parte del consenso para crearla, luego presentó algunas inconformidades y advertencias acerca del tema de fiscalización. Se mencionó que por no tener buenos controles de a quien se le entregarían los beneficios fiscales, podría haber una pérdida de unos Q1,200 millones, lo cual era considerado un agujero fiscal porque bajaría la recaudación. Esto se debe a que unas 40 mil empresas podrían cambiar de régimen.
Esto provocó que instituciones como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, solicitara que la ley no se aprobara sin mejorar algunos aspectos importantes, dándole un papel más activo a la SAT y al MINFIN para evaluar y aceptar a las entidades beneficiadas.
“Estamos de acuerdo en la necesidad de implementar este tipo de leyes, pero creemos que hay mejores maneras de plantear más beneficios para todos, no solamente para los inversores extranjeros y con privilegios fiscales”, señala el analista Ricardo Barrientos, de ICEFI.
Como resultado de estas observaciones, el Gabinete Económico hizo 30 enmiendas a la iniciativa 46-44, que mejoran la fiscalización y previenen el llamado “hoyo fiscal” que se criticara. Sin embargo, Barrientos considera que éstas no son suficientes y que debe discutirse mucho más el tema. “Los factores que contribuyen a generar más inversión y empleo son muchos, no solamente los privilegios fiscales. Las empresas que quieren hacer negocios basándose únicamente en esto quizá no son las más convenientes para el país”, señala. Esos factores que menciona son parte de un plan de desarrollo integral que incluiría beneficios también para empresarios locales y para los trabajadores.
Barrientos considera que quienes saldrán beneficiados con esta legislación están ansiosos de que se apruebe, pero quienes temen por lo que podría pasarle a sus empresas no están de acuerdo. ‘Para que sea una legislación beneficiosa falta analizar más y hacer mejoras’, concluye.
Paiz opina que en su mayoría los sectores involucrados aprueban esta ley y la consideran necesaria. “Creo que estamos muy cerca de que sea una realidad. Quienes no han dado su voto favorable en el Congreso, principalmente los partidos UNE y Líder, tampoco han presentado alternativas a la ley”, señala. Se espera que luego de llevar a cabo más diálogos y debates, que piden más claridad acerca de las enmiendas, llegue el momento político apropiado.
Falta ver si la aprobación llegará a tiempo para cumplir con lo requerido por la OMC y si se harán más cambios para mejorar la ley, la cual es necesaria para el desarrollo económico.