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Pactos colectivos podrían hacer colapsar al Estado

Redacción
11 de junio, 2014

Los analistas explicaron varios de los aspectos negativos que tienen los pactos colectivos que se han firmado entre sindicatos y autoridades de  varias dependencias del Estado, luego de analizar 9 de los 14 que existen en la actualidad. Se tomó en cuenta los de ministerios de Educación, Salud y Economía, así como los del Organismo Judicial, del Congreso de la República, Universidad de San Carlos, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Empresa Portuaria Quetzal y de Emetra.

Según Francisco Quezada, analista del Cien, si bien es positivo que los trabajadores se organicen y pidan mejores condiciones, debe analizarse si éstos son viables y además pedir a cambio mejor servicio para la población.

Por esa razón, dicha institución señala que para lograr la eficiencia del gobierno deben limitarse los privilegios en los pactos colectivos pues merman el buen desempeño del recurso humano.

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“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a práctica de clientelismo, corrupción o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del Gobierno a cambio de los cuales no se obtienen ningún resultado específico para el ciudadano guatemalteco”, señala David Casasola, analista del Cien.


El análisis realizado revela que existes tres principales amenazas ante las suscripción de pactos colectivos sin límites. Una es la mala gestión del recurso humano, otra es un futuro desequilibrio financiero y la última la ausencia de términos para otorgar privilegios.

Estos pactos establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño y sin estar enmarcados en la Ley de Servicio Civil. “Al no tomar en cuenta esta ley, se cae en prácticas de arrebato de los recursos públicos y en la implantación de privilegios desmedidos a favor de determinados grupos y sindicatos”, señala Quezada. Esto, añade, incluso contradice la Constitución de la República pues allí se garantiza igualdad de salario para igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad.

En cambio, los pactos otorgan por ejemplo más días de vacaciones (hasta 46 días cuando lo legal son 32) y en algunos casos las plazas se pueden heredar en caso de jubilación o muerte del titular. Por otro lado, se ofrecen incrementos salariales que van del 8% al 12%, bonos de compensación económica equivalentes a un mes de salario por cada año de servicio, bonos vacacionales, navideños y de otros tipos. Estos compromisos, algunos firmados bajo presión como los del Ministerio de Salud y Educación, han provocado ampliaciones de hasta Q1,500 millones en el presupuesto.

Otro aspecto es que los trabajadores sindicalizados y sus líderes gozan de beneficios adicionales, como pago de celebraciones, contratación de personal, vehículos, viajes pagados y licencias con goce de sueldo.
Para mejorar la eficiencia del sector público, el Cien propone incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios para que la Administración Pública avance hacia un sistema que recompense el mérito y la generación de resultados. Además, mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.

Por último, proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los límites establecidos por la ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Prespuesto.

De no actuar oportunamente, los analistas señalan que en 3 años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos y en 4 colapsaría el Estado.

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Pactos colectivos podrían hacer colapsar al Estado

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11 de junio, 2014

Los analistas explicaron varios de los aspectos negativos que tienen los pactos colectivos que se han firmado entre sindicatos y autoridades de  varias dependencias del Estado, luego de analizar 9 de los 14 que existen en la actualidad. Se tomó en cuenta los de ministerios de Educación, Salud y Economía, así como los del Organismo Judicial, del Congreso de la República, Universidad de San Carlos, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Empresa Portuaria Quetzal y de Emetra.

Según Francisco Quezada, analista del Cien, si bien es positivo que los trabajadores se organicen y pidan mejores condiciones, debe analizarse si éstos son viables y además pedir a cambio mejor servicio para la población.

Por esa razón, dicha institución señala que para lograr la eficiencia del gobierno deben limitarse los privilegios en los pactos colectivos pues merman el buen desempeño del recurso humano.

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“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a práctica de clientelismo, corrupción o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del Gobierno a cambio de los cuales no se obtienen ningún resultado específico para el ciudadano guatemalteco”, señala David Casasola, analista del Cien.


El análisis realizado revela que existes tres principales amenazas ante las suscripción de pactos colectivos sin límites. Una es la mala gestión del recurso humano, otra es un futuro desequilibrio financiero y la última la ausencia de términos para otorgar privilegios.

Estos pactos establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño y sin estar enmarcados en la Ley de Servicio Civil. “Al no tomar en cuenta esta ley, se cae en prácticas de arrebato de los recursos públicos y en la implantación de privilegios desmedidos a favor de determinados grupos y sindicatos”, señala Quezada. Esto, añade, incluso contradice la Constitución de la República pues allí se garantiza igualdad de salario para igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad.

En cambio, los pactos otorgan por ejemplo más días de vacaciones (hasta 46 días cuando lo legal son 32) y en algunos casos las plazas se pueden heredar en caso de jubilación o muerte del titular. Por otro lado, se ofrecen incrementos salariales que van del 8% al 12%, bonos de compensación económica equivalentes a un mes de salario por cada año de servicio, bonos vacacionales, navideños y de otros tipos. Estos compromisos, algunos firmados bajo presión como los del Ministerio de Salud y Educación, han provocado ampliaciones de hasta Q1,500 millones en el presupuesto.

Otro aspecto es que los trabajadores sindicalizados y sus líderes gozan de beneficios adicionales, como pago de celebraciones, contratación de personal, vehículos, viajes pagados y licencias con goce de sueldo.
Para mejorar la eficiencia del sector público, el Cien propone incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios para que la Administración Pública avance hacia un sistema que recompense el mérito y la generación de resultados. Además, mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.

Por último, proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los límites establecidos por la ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Prespuesto.

De no actuar oportunamente, los analistas señalan que en 3 años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos y en 4 colapsaría el Estado.