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Guatemala: 34 años de deuda e intereses

Redacción República
26 de junio, 2014

Recientemente se dio a conocer que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por US$340millones para Guatemala. Según datos proporcionados por César León Juárez, de la oficina del BM en Guatemala, el crédito tiene un plazo de vencimiento de 25 años, incluyendo un período de gracia de 10 años. Otros detalles son que el Estado quiere mantener todas las opciones de manejo de riesgos integrados, por lo que solicitó un arreglo automático de tasa basado en un monto igual al 10% del préstamo. La comisión de apertura es del 0.25% del total prestado, financiado por el mismo préstamo. Se considera una operación de ‘segundo tipo’ con un riesgo moderado.

Esto ha provocado preocupación y alarma en algunos sectores ya que este monto, unos Q2,700 millones, se sumaría a la deuda externa adquirida hasta hoy, que es de Q115 mil millones y se terminará de pagar en el año 2050 (34 años a partir de ahora). La transacción está pendiente de aprobarse en el Congreso de la República.

No tan grande pero peligrosa

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Al respecto, el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, señala que la deuda pública debe ser analizada con profundidad y tomando en cuenta varios factores. ‘La de Guatemala no es tan grande, sobre todo si la comparamos con otras de la región, ya que representa el 25% del Producto Interno Bruto (en Honduras es del 48%) pero es en la capacidad de pago o carga tributaria donde surge el conflicto’, explica.

Según Barrientos, si no se ajusta la capacidad de pago, en 10 ó 15 años, podrían haber problemas serios por el endeudamiento. ‘Por otro lado, los préstamos no son malos o buenos per se, sino que tienen relación con la finalidad con la que se piden, su uso transparente y responsable, así como los retornos o beneficios obtenidos que los hacen positivos o negativos’, opina.

El economista Rodrigo Ponce señala que solicitar estos apoyos financieros son prácticas comunes para los Gobiernos en todos los países y coincide en que es el fin para los que se obtienen lo que hace la diferencia. ‘El Estado debe endeudarse para construir infraestructura que potencie la capacidad productiva del país y en programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos’, considera.

En el caso mencionado al inicio (el préstamo del BM), en teoría se busca el fortalecimiento de la administración tributaria, la orientación de gasto social a resultados y la implementación de programas sociales. Según información del BM, el Gobierno se comprometió a llevar a cabo acciones para incrementar la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, del 2.7% al 3.2% con respecto al PIB; aumentar la atención en salud y nutrición para niños menores de un año en 83 municipios con mayor incidencia de desnutrición crónica; y mejorar la implementación de programas sociales, al incluir a un 80% de los beneficiarios en un registro único. Sin embargo, las autoridades han indicado que el préstamo podría utilizarse para el pago de deuda.


Desastres conocidos

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales, lo pertinente no es reducir el gasto público sino contemplar un déficit fiscal más grande (contratar más deuda), de acuerdo a la recaudación de más impuestos para compensar el menor consumo e inversión del sector privado. Cuando el consumo y la inversión privada comienzan a crecer, se modera el crecimiento del gasto público; esto es conocido como una política fiscal contracíclica.

En términos más sencillos, es como si un padre familia endeudado al que cada vez le cuesta más que le alcance su presupuesto, va a un banco a buscar ayuda. El banco le dice que no debe dejar de pagar los servicios más importantes de su familia (agua, luz), y que es mejor seguir endeudándose. Le otorga dinero con la condición de que lo usará en gastos específicos (colegios, médicos, comida), y pidiéndole además que consiga ganar más dinero o un empleo mejor remunerado.

“Para eso existen esas entidades internacionales que a través del manejo de dicho dinero ganan entre el 2% y el 5% del monto otorgado, adicionales a los intereses establecidos”, expone Ponce. Es parte de su trabajo seguir conservando su liquidez a través de préstamos.

El desastre ocurre cuando el dinero otorgado no se usa adecuadamente y encima no se mejoran los ingresos. Los países altamente endeudados no han usado apropiadamente estos créditos y han arriesgado su macroeconomía. En lugar de invertir en desarrollo han gastado los recursos en burocracia y en pagar otras deudas. Países como México, Argentina, Portugal, Grecia y España han tenido graves problemas por sobre-endeudar al sector público sin generar valor con ese dinero.

“Dejar de pagar la deuda externa no es un opción recomendable. Podría cerrarse las puertas de todas las instituciones monetarias del mundo, con lo cual el país se aislaría”, señala Ponce. Lo que se hace en casos extremos es renegociar la deuda y las tasas.


Financiamiento internacional

Los llamados bancos de desarrollo financian, normalmente a una tasa de interés inferior a la del mercado, proyectos cuya finalidad es promover el desarrollo económico de una determinada región o grupo de países. Por lo general, el capital de dichos bancos está conformado por las contribuciones de los Estados nacionales miembros, los cuales tienen un voto ponderado según el monto de su aporte al Directorio y otros organismos de toma de decisiones.

El BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son instituciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas y comparten el objetivo de ayudar a mejorar el nivel de vida de los países miembros. Las formas en que trabajan se complementan entre sí: el FMI se ocupa de cuestiones macroeconómicas, mientras que el BM se concentra en el desarrollo económico a largo plazo y en la reducción de la pobreza. También hay otros bancos que se concentran en grupos de países específicos, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Algunos países tienen sus bancos nacionales de desarrollo, como Venezuela y Brasil, que también otorgan créditos a otros países interesados.

Generalmente, dentro del contrato que se firma para otorgar el préstamo, además de establecer para qué se usará, señala cómo será entregado. Cada desembolso suele ser contra gastos específicos relacionados con el proyecto de inversión, con inclusión de equipo, materiales, obras civiles, servicios técnicos y de consultoría, estudios y costos recurrentes adicionales identificados con anterioridad.

Estas etapas o tramos se liberan una vez que el prestatario ha cumplido con las condiciones estipuladas para dicha liberación, según cada caso. “Esto es así porque antes se daba que el dinero no era ejecutado de manera transparente o era utilizado para otros fines”, explica Ponce. 

Estas entidades tienen una lista negativa de gastos no permitidos (por ejemplo, artículos militares y artículos de lujo).


Los criterios

En el caso del BM, ofrece dos tipos básicos de instrumentos de financiamiento: préstamos para proyectos de inversión y para fines de ajuste. Los primeros son para inversiones a largo plazo (de 5 a 10 años). Éstos permiten financiar la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios para proyectos de desarrollo económico y social en una amplia variedad de sectores.

Los que son para fines de ajuste son a corto plazo (de uno a tres años) y proporcionan financiamiento externo de rápido desembolso para respaldar reformas institucionales y de políticas. Para obtenerlo, requiere un acuerdo sobre medidas de reforma institucional y de políticas susceptibles de fiscalización y una gestión macroeconómica satisfactoria. Debe coordinarse con FMI.

Por su parte, el FMI suministra préstamos a los países miembros afectados por problemas efectivos o potenciales de balanza de pagos. Esta asistencia financiera ayuda a reconstituir las reservas internacionales, estabilizar su moneda, seguir pagando sus importaciones y restablecer las condiciones para un firme crecimiento económico, al tiempo que toman las medidas necesarias para corregir problemas subyacentes. A diferencia de los bancos de desarrollo, el FMI no financia proyectos específicos.

Ante la solicitud de un país miembro, el FMI por lo general pone a disposición sus recursos en el marco de un “acuerdo”, que puede estipular, dependiendo del tipo de instrumento que se utilice, las políticas y medidas económicas específicas que el país conviene en poner en práctica para resolver su problema de balanza de pagos.

Los países de bajo ingreso pueden obtener préstamos en condiciones concesionarias por medio del Servicio de Crédito Ampliado (SCA), el Servicio de Crédito Stand-by (SCS) y el Servicio de Crédito Rápido (SCR). Los concesionarios tienen tasas de interés iguales a cero hasta fines de 2014.

En cuanto al BID, financia proyectos y programas de cooperación técnica a los Gobiernos y a empresas privadas. En el caso de las instituciones controladas por el Estado son apoyar el desarrollo y proyectos sociales. Hay tres tipos de estos créditos: de inversión, para proyectos de inversión pública y privada; basados en políticas, que apoyan cambios institucionales y de política a nivel del sector y sub-sector a través de fondos de rápido desembolso; y de emergencia, que apoyan a los países a enfrentar crisis financieras o económicas y desastres naturales.

Por último, el financiamiento concesional se ofrece a los países miembros más vulnerables del BID. Actualmente Bolivia, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua y Paraguay califican para alguna forma de financiamiento concesional a través de préstamos paralelos. Haití se beneficia exclusivamente de fondos no reembolsables.


Un ejemplo dañino

En la práctica, las transacciones presentan características que provocan suspicacias. Michelle Escamilla, analista independiente, señala que en 2012 Guatemala realizó un préstamo de US$280 millones de dólares con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES) de Brasil. “El objetivo era que Guatemala contratara a una constructora brasileña para la ampliación y reparación de la carretera CA-2 tramo occidental”, explica.

Tanto la empresa brasileña (Constructora Norberto Odebrecht s.a.) y el Estado decidieron que la obra se haría con materiales y servicios brasileños. Según Escamilla, Guatemala pagará un préstamo para financiar las exportaciones de ese país, lo cual es una de las funciones del BNDES. Además, el Estado pagará intereses por 30 años, 1% de comisión de administración, 0.5% sobre el valor no utilizado del crédito (llamado encargo por compromiso), más 12 años de amortización. Además, se obliga a pagar cualquier valor adicional necesario para compensar el BNDES por las pérdidas o costos sobre los montos financiados.

“En conclusión, Guatemala se endeuda bajo condiciones estrictas y desfavorables para invertir en una empresa brasileña. Al final, nuestro país es el que más pierde porque el dinero nunca llega a fluir en la economía guatemalteca porque regresa a Brasil y con intereses”, dice la analista. “Guatemala se favorece en el sentido que puede llegar a mejorar la CA-2, pero ¿a qué costo?. Ya que el contrato en mención no está disponible y está clasificado como ‘confidencial o reservado’ fue imposible tener acceso a él. Esto incumple con la Ley de Acceso a la Información Pública, señala Escamilla.

“Uno se pregunta, luego de conocer las interioridades de estos contratos, cuáles son los beneficios para el país, si no las hay ¿por qué lo aprobaron y firmaron?”, se pregunta. Para Escamilla, pareciera que Guatemala solo está siendo usada para generar dinero de intereses y deudas.


Baja calificación

Mientras el endeudamiento externo e interno crece, la calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings redujo la calificación de Guatemala de BB+ a BB con perspectiva estable. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación Para el Desarrollo (FUNDESA), señala que esto tiene implicaciones muy serias.

“Es probable que los bonos que emita el país no se logren colocar ahora a una tasa favorable. Lo cual tiene un costo para la política social”, opina. Además, para las empresas que emiten bonos también se incrementa el costo, especialmente los bancos que deberán ajustar tasas de interés a largo plazo sobre préstamos para operaciones en Guatemala.

La Mesa de Calificación Riesgo País, a la que Zapata pertenece, seguirá intentando que no se reduzca la calificación ante Standard & Poors y Moody´s que evaluarán próximamente al país. “Para esto es muy importante fortalecer las finanzas públicas, especialmente la gestión de la SAT y reducir el contrabando en el país”, opina.

En cuanto a los créditos internacionales que adquiere Guatemala, Zapata señala que no afecta en el otorgamiento de éstos, pues las entidades que los otorgan tienen otros criterios para proporcionarlos basándose en el PIB del país. “Sin embargo, en el largo plazo sí podría afectar por la disponibilidad de recursos como ha ocurrido en otros países”, señala.

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