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Lo que nos cuesta los sindicatos

Redacción
01 de julio, 2014

Según explica David Casasola, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, recabar información para encontrar detalles de los gastos que representan los sindicatos es complicado. “No es tan sencillo obtener datos detallados, por eso nosotros hicimos un aproximado”, señala.

Por un lado, está la amenaza financiera que representa desembolsar lo que se ofrece en los pactos colectivos ya negociados por los sindicatos. “Se trata de mejoras que dependiendo de la estructura salarial de la institución y de la cantidad de trabajadores, pueden llegar a representar una fuerte carga financiera para las finanzas públicas, tal y como está sucediendo con los aumentos salariales concedidos a los trabajadores de los ministerios de Educación y de Salud Pública”, detalla.

Un pacto colectivo es un acuerdo entre dos partes, empleados y patronos, que busca regular las condiciones de trabajo y establecer responsabilidades y beneficios de unos y otros por un período, de uno a tres años, renovable o no.

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Los trabajadores públicos tienen derecho a asociarse y a suscribir estos pactos. Sin embargo, deben hacerlo dentro de los límites que señalan las normas. Pero en la práctica, cada renegociación ha significado la concesión de más días de asueto, bonos, incrementos salariales, reducción de horas laborales, becas de estudio, entre otros.


Una deuda adquirida

Una investigación realizada por el Cien revela, en cuanto a los salarios, que el Pacto Colectivo del Ministerio de Educación, Mineduc, contempla un aumento salarial del 8% en el 2013, 10% en el 2014 y 12% en el 2015. Según el Presupuesto General de Ingresos del 2013 el Mineduc tenía contratado a 202,507 trabajadores. “Si suponemos que todo el personal tenía un salario base por lo menos igual al salario mínimo vigente en ese año (Q2,421.75), encontramos que para el 2015 se necesitará contar con aproximadamente Q700 millones para honrar dicho acuerdo”, refiere el analista.

No obstante, es importante recordar que todos los beneficios concedidos a partir de un pacto colectivo son irreducibles. Por lo tanto, los fondos adicionales no sólo se necesitarán en el 2015; se seguirán necesitando en el resto de presupuestos anuales del Gobierno.

“Por ende, la mejor manera de dimensionar el compromiso financiero que se adquirió con el pacto colectivo del Mineduc es estimando el valor presente neto de la anualidad. Ello da como resultado que el Gobierno de Guatemala adquirió un compromiso de por lo menos Q8,739.25 millones”, señala.

Y esto es sólo un ejemplo de uno de los 14 pactos colectivos que existen en diferentes dependencias del Estado.


Se sirven con la cuchara grande

Pero además de esta alarmante deuda, también han aumentado las prerrogativas para algunos dirigentes sindicales. “En la actualidad, varios de ellos cuentan con licencia para no trabajar, múltiples ingresos extraordinarios, viajes y viáticos, carros, oficinas y secretarias. El extremo ha sido que se les ha dado la potestad de avalar la nominación de trabajadores y hasta de heredar sus plazas”, señala Casasola.

Dentro de los nueve pactos colectivos estudiados por el Cien, se pueden mencionar estos beneficios:

• Para el funcionamiento de la sede sindical: contratación de personal (secretaria, mensajero, personal de limpieza, etc.) para que atienda la oficina (Portuaria Santo Tomás de Castilla, por ejemplo). Otorgamiento de vehículos, motocicleta y fondos para la gasolina y mantenimiento de los mismos (en Mineco).

• Privilegios para asistir a actividades sindicales: licencias por encima de los 6 días mensuales que otorga el Código de Trabajo (Artículo 61, inciso o, numeral 6). Por ejemplo el pacto del Mineco otorga a los miembros del sindicato 16 días hábiles al mes, con goce de sueldo, para asistir a eventos del sindicato.

También hay pago de viáticos y boletos para que los líderes realicen viajes para participar en actividades sindicales (Portuaria Quetzal). Y pago del 100% del tiempo a 7 líderes sindicales para que se dediquen de lleno a realizar actividades sindicales (Portuaria Quetzal).

• Cobro de cuotas para realizar eventos o contribución: por ejemplo Q25,000 para la celebración del aniversario del sindicato (EMETRA). Para actividades de fin de año: Q125,000 se le otorgará al sindicato para la celebración de un festival navideño para niños (Santo Tomás de Castilla).

• Otros: Pago del abogado para negociar el pacto colectivo: Q188 mil por concepto de la negociación del pacto colectivo (Portuaria Quetzal). Y pago de asesor por Q10,000 mensuales, contratado con plaza 029, para que le brinde asesoría técnica a los líderes sindicales del Congreso (Congreso de la República).


No todos son iguales

Antes estos números, los mismos sindicalistas reconocen que se ha caído en excesos. “Aunque la negociación colectiva es un derecho otorgado por la Organización Internacional del Trabajo, algunos han abusado pero no es la mayoría”, señala José Pinzón, Presidente de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG.

“Por esa razón, condenamos la apreciación subjetiva y generalizada que se haga de todos los sindicatos porque no son iguales”, señala el dirigente. Según él, han sido dos organizaciones de trabajadores (del Mineco y de Salud) los que han propiciado el ataque en contra todos. “Además, hay responsabilidad de los patronos, en este caso los Ministros, que acceden a otorgar prebendas exageradas o no viables”, considera.

Señala que con fines políticos, las dirigencias se alinean con las autoridades de turno, quienes también cometen desmanes y se propinan privilegios. “Olvidan que los beneficios que se pueden obtener para el trabajador no solamente son monetarios, sino también de otro tipo como social, médico y de capacitación”, dice.

Acerca de los dirigentes, dice que ha visto casos de que quienes son honestos y transparentes, y no caen en los excesos y prebendas que les ofrecen las autoridades, son señalados, perseguidos e incluso asesinados. “El trabajador por eso tiene miedo de participar, mejor se aleja. Por esa razón, no hay verdadera libertad sindical en el país”, opina.

Pinzón señala que por culpa de estos incidentes y comportamientos, es que hay una satanización de todo lo que tiene que ver con los sindicatos y sus actividades.


Lo que viene

Los pactos colectivos ya firmados se renegocian cada 2 ó 3 años, pero lo firmado ya no tiene cambio. “Son derechos adquiridos irrenunciables”, señala Pinzón. Pero el sindicalista señala que debería haber suficiente madurez en los dirigentes para que no haya más excesos en los que puedan venir después.

Según el Cien, los beneficios otorgados a partir de la negociación de un pacto colectivo deben respetar los límites establecidos por la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo ideal es que se retome el cumplimiento del principio constitucional que demanda un igual salario para un igual trabajo, prestado en las mismas condiciones, eficiencia y antigüedad.

“Con esto se evitarían las disparidades salariales entre trabajadores que pertenecen a una institución que ha establecido pactos colectivos excesivos y aquellas que han respetado los máximos que las otorgan”, dice Casasola.

Un instrumento que es de utilidad es el Acuerdo Gubernativo 543-2013, que señala que antes de ofrecerse mejoras a los trabajadores, el Ministerio de Finanzas Públicas debe dar su visto bueno para evitar problemas económicos.

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Lo que nos cuesta los sindicatos

Redacción
01 de julio, 2014

Según explica David Casasola, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, recabar información para encontrar detalles de los gastos que representan los sindicatos es complicado. “No es tan sencillo obtener datos detallados, por eso nosotros hicimos un aproximado”, señala.

Por un lado, está la amenaza financiera que representa desembolsar lo que se ofrece en los pactos colectivos ya negociados por los sindicatos. “Se trata de mejoras que dependiendo de la estructura salarial de la institución y de la cantidad de trabajadores, pueden llegar a representar una fuerte carga financiera para las finanzas públicas, tal y como está sucediendo con los aumentos salariales concedidos a los trabajadores de los ministerios de Educación y de Salud Pública”, detalla.

Un pacto colectivo es un acuerdo entre dos partes, empleados y patronos, que busca regular las condiciones de trabajo y establecer responsabilidades y beneficios de unos y otros por un período, de uno a tres años, renovable o no.

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Los trabajadores públicos tienen derecho a asociarse y a suscribir estos pactos. Sin embargo, deben hacerlo dentro de los límites que señalan las normas. Pero en la práctica, cada renegociación ha significado la concesión de más días de asueto, bonos, incrementos salariales, reducción de horas laborales, becas de estudio, entre otros.


Una deuda adquirida

Una investigación realizada por el Cien revela, en cuanto a los salarios, que el Pacto Colectivo del Ministerio de Educación, Mineduc, contempla un aumento salarial del 8% en el 2013, 10% en el 2014 y 12% en el 2015. Según el Presupuesto General de Ingresos del 2013 el Mineduc tenía contratado a 202,507 trabajadores. “Si suponemos que todo el personal tenía un salario base por lo menos igual al salario mínimo vigente en ese año (Q2,421.75), encontramos que para el 2015 se necesitará contar con aproximadamente Q700 millones para honrar dicho acuerdo”, refiere el analista.

No obstante, es importante recordar que todos los beneficios concedidos a partir de un pacto colectivo son irreducibles. Por lo tanto, los fondos adicionales no sólo se necesitarán en el 2015; se seguirán necesitando en el resto de presupuestos anuales del Gobierno.

“Por ende, la mejor manera de dimensionar el compromiso financiero que se adquirió con el pacto colectivo del Mineduc es estimando el valor presente neto de la anualidad. Ello da como resultado que el Gobierno de Guatemala adquirió un compromiso de por lo menos Q8,739.25 millones”, señala.

Y esto es sólo un ejemplo de uno de los 14 pactos colectivos que existen en diferentes dependencias del Estado.


Se sirven con la cuchara grande

Pero además de esta alarmante deuda, también han aumentado las prerrogativas para algunos dirigentes sindicales. “En la actualidad, varios de ellos cuentan con licencia para no trabajar, múltiples ingresos extraordinarios, viajes y viáticos, carros, oficinas y secretarias. El extremo ha sido que se les ha dado la potestad de avalar la nominación de trabajadores y hasta de heredar sus plazas”, señala Casasola.

Dentro de los nueve pactos colectivos estudiados por el Cien, se pueden mencionar estos beneficios:

• Para el funcionamiento de la sede sindical: contratación de personal (secretaria, mensajero, personal de limpieza, etc.) para que atienda la oficina (Portuaria Santo Tomás de Castilla, por ejemplo). Otorgamiento de vehículos, motocicleta y fondos para la gasolina y mantenimiento de los mismos (en Mineco).

• Privilegios para asistir a actividades sindicales: licencias por encima de los 6 días mensuales que otorga el Código de Trabajo (Artículo 61, inciso o, numeral 6). Por ejemplo el pacto del Mineco otorga a los miembros del sindicato 16 días hábiles al mes, con goce de sueldo, para asistir a eventos del sindicato.

También hay pago de viáticos y boletos para que los líderes realicen viajes para participar en actividades sindicales (Portuaria Quetzal). Y pago del 100% del tiempo a 7 líderes sindicales para que se dediquen de lleno a realizar actividades sindicales (Portuaria Quetzal).

• Cobro de cuotas para realizar eventos o contribución: por ejemplo Q25,000 para la celebración del aniversario del sindicato (EMETRA). Para actividades de fin de año: Q125,000 se le otorgará al sindicato para la celebración de un festival navideño para niños (Santo Tomás de Castilla).

• Otros: Pago del abogado para negociar el pacto colectivo: Q188 mil por concepto de la negociación del pacto colectivo (Portuaria Quetzal). Y pago de asesor por Q10,000 mensuales, contratado con plaza 029, para que le brinde asesoría técnica a los líderes sindicales del Congreso (Congreso de la República).


No todos son iguales

Antes estos números, los mismos sindicalistas reconocen que se ha caído en excesos. “Aunque la negociación colectiva es un derecho otorgado por la Organización Internacional del Trabajo, algunos han abusado pero no es la mayoría”, señala José Pinzón, Presidente de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG.

“Por esa razón, condenamos la apreciación subjetiva y generalizada que se haga de todos los sindicatos porque no son iguales”, señala el dirigente. Según él, han sido dos organizaciones de trabajadores (del Mineco y de Salud) los que han propiciado el ataque en contra todos. “Además, hay responsabilidad de los patronos, en este caso los Ministros, que acceden a otorgar prebendas exageradas o no viables”, considera.

Señala que con fines políticos, las dirigencias se alinean con las autoridades de turno, quienes también cometen desmanes y se propinan privilegios. “Olvidan que los beneficios que se pueden obtener para el trabajador no solamente son monetarios, sino también de otro tipo como social, médico y de capacitación”, dice.

Acerca de los dirigentes, dice que ha visto casos de que quienes son honestos y transparentes, y no caen en los excesos y prebendas que les ofrecen las autoridades, son señalados, perseguidos e incluso asesinados. “El trabajador por eso tiene miedo de participar, mejor se aleja. Por esa razón, no hay verdadera libertad sindical en el país”, opina.

Pinzón señala que por culpa de estos incidentes y comportamientos, es que hay una satanización de todo lo que tiene que ver con los sindicatos y sus actividades.


Lo que viene

Los pactos colectivos ya firmados se renegocian cada 2 ó 3 años, pero lo firmado ya no tiene cambio. “Son derechos adquiridos irrenunciables”, señala Pinzón. Pero el sindicalista señala que debería haber suficiente madurez en los dirigentes para que no haya más excesos en los que puedan venir después.

Según el Cien, los beneficios otorgados a partir de la negociación de un pacto colectivo deben respetar los límites establecidos por la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo ideal es que se retome el cumplimiento del principio constitucional que demanda un igual salario para un igual trabajo, prestado en las mismas condiciones, eficiencia y antigüedad.

“Con esto se evitarían las disparidades salariales entre trabajadores que pertenecen a una institución que ha establecido pactos colectivos excesivos y aquellas que han respetado los máximos que las otorgan”, dice Casasola.

Un instrumento que es de utilidad es el Acuerdo Gubernativo 543-2013, que señala que antes de ofrecerse mejoras a los trabajadores, el Ministerio de Finanzas Públicas debe dar su visto bueno para evitar problemas económicos.