En la gráfica puede visualizarse que la mayor proporción de formalidad en la economía guatemalteca se concentra en la región urbana de la metrópoli, que concentra el 55.6% de la población económicamente activa del área. 

Sin embargo, en términos generales, el universo de informalidad está conformado, en su mayoría, por guatemaltecos entre los 15 a 24 años, grupos indígenas y residentes en las áreas rurales. En las áreas urbanas, 7 de cada 10 trabajadores alimentan la informalidad; en el área rural son 8 de cada 10 los que están ocupados en ese sector.

La misma encuesta señala que la agricultura, el comercio y otras actividades de servicios son los que más emplean a las personas en la informalidad económica.

Por lo anterior, los sectores productivos del país se interesan en la discusión del tema para proponer soluciones. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) lo tomó en cuenta en el Estudio Fiscal recientemente presentado junto a Fundación para el Desarrollo (FUNDESA). “Existe suficiente literatura sobre los efectos de la informalidad en la economía de un país. Sin embargo, para el caso de Guatemala uno de los más importantes se refiere al efecto de exclusión”, señala Hermann Girón, presidente del Cacif.

Conlleva desventajas

Según lo investigado por CACIF y FUNDESA, este fenómeno económico conlleva una serie de elementos que hace que los informales sean marginados de algunos beneficios sociales como seguridad social y acceso al crédito. Por otro lado, según la ENEI estos trabajadores se caracterizan por su baja productividad, tanto si laboran para una empresa como por cuenta propia.

A pesar de las estimaciones disponibles, como las que presentan la ENEI, no hay mediciones certeras relacionadas con los montos de comercialización informal o pérdidas en ingresos fiscales. Según Salvador Paiz, vicepresidente de FUNDESA, por su misma naturaleza no hay documentación acerca de esas actividades. “Se pueden hacer estimaciones, pero un dato exacto no existe”, informa.

De la mano del contrabando, los datos de este otro fenómeno económico pueden servir de punto de partida. Según el estudio de CACIF y FUNDESA, lo que se pierde por el contrabando podría superar los Q14 mil millones al año, lo que en su mayoría pasa por el mercado informal.

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (CONACON) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) han estimado el monto anual que deja de percibir el fisco por el contrabando entre los US$650 millones y US$1,340 millones.

Es un problema socio económico

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), opina que no se debe ser simplista al momento de analizar el fenómeno económico, que también es social. “El comerciante informal no es solamente el que vende golosinas en la calle, también hay empresarios más grandes que evaden sus responsabilidades”, opina.

El analista señala que el pequeño o micro empresario necesita ser asesorado y apoyado, pero también es necesario tomar en cuenta que a veces se carece de los servicios básicos mínimos. “En estas circunstancias no se puede espera que cumplan con sus obligaciones tributarias. Ellos llevan una vida de sobrevivencia donde la formalidad no es una opción”, dice el analista al referirse a ese círculo vicioso donde la informalidad afecta la economía de donde se exigen servicios básicos. 

Paiz opina que muchos de los empresarios informales son parte de la cadena de suministros de la economía formal pero no se benefician de ella. “La burocracia y el costo de los trámites puede ser una traba para que ellos se formalicen. Debe mejorarse esto y además garantizarles los beneficios que traería pagar impuestos, de esa manera aceptarían también las obligaciones y responsabilidades”, considera el directivo.
También señala que a muchos les falta información y formación en el tema de la formalidad económica y el pago de impuestos. “Algunos no evaden impuestos porque así lo quieran, muchas veces no saben cómo hacer las cosas dentro de la ley”.

Por otro lado, al desarrollarse al margen de la política económica oficial, no hay ninguna estrategia por parte del Estado dirigida a apoyar, formalizar o desarrollar a estos comerciantes. “Esta falta de presencia estatal en el interior desanima a los emprendedores”, considera Barrientos.

Propuestas

Así como se trata de un fenómeno complejo que abarca lo económico y lo social, las soluciones deben ser estructuradas con la misma visión. Las ferias de empleo y las inspecciones a empresas no son suficientes, tampoco proponer impuestos nuevos sólo para ellos. “Debe haber cambios en las comunidades para garantizarles los servicios que estarían pagando con sus impuestos”, opina Barrientos.

Por otro lado, hay que modificar ciertas legislaciones. “Para empezar, hemos hecho propuestas al Congreso de la República para reformas al Código de Comercio, con el fin de reducir las barreras que impiden a los micro y pequeños empresarios formalizar sus negocios”, explica Paiz. También hay una propuesta para la creación de la Ley de Sociedades Simplificadas, ambas orientadas a mejorar y simplificar los trámites y bajar los costos de abrir empresas en el país.

Por su parte, Girón señala que proponen una gran cruzada nacional por la formalidad, que tendría como principal objetivo duplicar la cantidad de afiliados al IGSS en los próximos 36 meses. “Incluiría la creación de un ‘kit formalizador’ por medio del cual se otorgarían beneficios e incentivos a las personas para que se formalicen. Cada empresa se convertiría en un efecto multiplicador para que sus colaboradores y todos los que interactúan en la cadena de comercialización”, finaliza el presidente de CACIF.