El sector privado estima que las pérdidas del fisco se reparten entre derechos arancelarios, IVA sobre la
Según un estudio fiscal de Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el valor de lo que se comercia fuera de la ley asciende anualmente a Q14,178.3 millones (3.6% del PIB). Esto podría representar una pérdida de ingresos fiscales de unos Q5,103.27 millones al año.
Intervención cuestionada
De octubre 2013 a abril 2014 el Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina decidió llevar a cabo una intervención militar “operativa” en cinco aduanas, con el objetivo de revertir la baja en la recaudación. Con la medida, la SAT pretendía frenar el contrabando y la corrupción en Puerto Quetzal, Escuintla; Santo Tomás de Castilla, Izabal; Aduana Central; Tecún Umán, San Marcos, y Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa.
“Yo los puedo calificar de forma positiva (los resultados) porque dentro de todas las medidas en las aduanas, la actividad interinstitucional fue una de ellas y efectivamente logramos contrarrestar el decaimiento de la recaudación’, dijo Claudia Méndez, Intendente de Aduanas en rueda de prensa en abril. En esa misma ocasión, el jefe de la SAT, Carlos Muñoz, dijo que la intervención operativa generó un efecto persuasivo que contribuyó a reducir la defraudación aduanera. ‘Esa persuasión deja un efecto agregado en la institución porque permite que, si lo estaban haciendo (defraudación), ya no lo hagan’, consideró el Superintendente.
Sin embargo, no se llegaron a las metas que se habían establecido. Según denunció la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Congreso, el objetivo de la recaudación no se logró. Esta conclusión se dio luego de varias citaciones a funcionarios de SAT y Ministerio de Finanzas.
Por ejemplo, en el Puerto Quetzal durante el 2012 se obtuvieron Q2,891.50 millones durante los meses de octubre a abril, mientras que en el mismo período que se realizó la intervención en 2013 y 2014 se recaudaron Q2,803.73 millones, una diferencia mínima. Igual sucedió en la aduana de Santo Tomás, con Q56.66 millones menos; en la aduana Central con Q43.44 millones menos; y Tecún Umán, donde fue de Q6.49 millones a la baja.
Solamente dos de las aduanas mantuvieron un alza en la recaudación: la aduana Pedro de Alvarado alcanzó una recaudación de Q431.12 millones durante los seis meses de intervención. Durante el mismo periodo en el 2012-2013 se recaudaron Q399.61 millones, lo que refleja un aumento de Q31.51millones. Otra que reflejó una alza fue la aduana Express Aéreo, logrando una recaudación de Q1,011.02 millones, una de diferencia de Q114.43 millones comparado con el mismo período del año anterior 2012-2013, en el que se logró Q896.59 millones.
Es por ello que los sectores productivos involucrados y analistas señalan que los resultados fueron entre modestos y cuestionables. No solamente no mejoró la recaudación, sino que la intervención entorpeció y demoró los trámites aduaneros.
Problemática sin resolver
Por un lado, el contrabando y la defraudación aduanera representan para la economía del país entre el 2.8% y el 4.4% del PIB; por el otro, el sector informal representa el 74.5% de la población económicamente activa. “El problema es complejo de resolver por la cantidad de personas que hoy viven del contrabando”, señala Girón. El presidente de CACIF agrega que es lamentable que a pesar de que a veces se persiguen a contrabandistas, se les captura pero luego no se les condena o se les deja en libertad. “Recientemente pasó con una banda que comercia ilegalmente con licor y tabaco, un juez les dio medida cautelar y luego se desestimó el caso. Eso manda un mensaje de impunidad que permite que este flagelo siga sucediendo”, señala.
Ciertos tipos de evasión, como la defraudación tributaria y la defraudación aduanera, están tipificados como delitos en el Código Penal, y en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, respectivamente. Es evidente que el Estado Guatemalteco muestra una debilidad grande en relación a esta problemática. Un estudio publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostró que la efectividad de la persecución penal de los delitos tributarios, entendida ésta como la aplicación de una sentencia condenatoria o de un mecanismo simplificador del proceso penal, es inferior al 10% de los casos judicializados; es decir, cerca de un 90% de los delitos tributarios que se denuncian en el Ministerio Público no se resuelven.
¿Qué se puede hacer?
Los esfuerzos por combatir este problema deben apoyarse y multiplicarse, con la participación tanto de las autoridades y entidades involucradas como de los sectores afectados.
El socio comercial más importante para Guatemala es Estados Unidos, que representa un 48% de las importaciones declaradas en el país. “Por consiguiente, pareciera lógico empezar por abordar el contrabando desde esta denominación de origen”, considera Girón. Estados Unidos y Guatemala firmaron el acuerdo STAR (Secure Trade in the APEC Region) para regular las importaciones. Dicho acuerdo permite a las respectivas autoridades aduanales y fiscales el compartir información sobre el contenido declarado de cada contenedor.
Basados en lo anterior, como parte de solución a esta problemática, el sector empresarial propone el uso del Big Data, que es el procesamiento y análisis de datos e información masiva. De esta manera, se automatizaría el análisis y se volvería exhaustivo en lugar de selectivo como se hace ahora.
La propuesta busca la utilización de nuevas tecnologías para realizar cruces de información en tiempo real sobre el flujo comercial del país, por medio del uso de herramientas que provee el análisis de Big Data. “Con tal información, sería hasta posible monitorear datos en tiempo real mientras los buques están en tránsito, se podrían extraer patrones o valiosos insumos al hacer un análisis de la información histórica, contrarrestando así el problema del contrabando y defraudación aduanera”, explica Jorge Benavides, investigador de Fundesa.
Es una solución tecnológica que se alimentaría con datos públicos administrados por la SAT y por el Ministerio Finanzas, y sería una medida permanente y no temporal, como lo fue la intervención. Sobre esta propuesta, ya se habían hecho acercamientos con la ex Ministra de Finanzas María Castro, pero ahora deben volver a iniciar pláticas con el actual ministro Dorval Carías. “Eso ayudaría en cuanto al contrabando en aduanas, pero todavía habría que contar con un plan de control de las fronteras porosas, pero ese ya es un tema que no es fiscal sino de seguridad”, finaliza Benavides.
El sector privado estima que las pérdidas del fisco se reparten entre derechos arancelarios, IVA sobre la
Según un estudio fiscal de Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), el valor de lo que se comercia fuera de la ley asciende anualmente a Q14,178.3 millones (3.6% del PIB). Esto podría representar una pérdida de ingresos fiscales de unos Q5,103.27 millones al año.
Intervención cuestionada
De octubre 2013 a abril 2014 el Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina decidió llevar a cabo una intervención militar “operativa” en cinco aduanas, con el objetivo de revertir la baja en la recaudación. Con la medida, la SAT pretendía frenar el contrabando y la corrupción en Puerto Quetzal, Escuintla; Santo Tomás de Castilla, Izabal; Aduana Central; Tecún Umán, San Marcos, y Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa.
“Yo los puedo calificar de forma positiva (los resultados) porque dentro de todas las medidas en las aduanas, la actividad interinstitucional fue una de ellas y efectivamente logramos contrarrestar el decaimiento de la recaudación’, dijo Claudia Méndez, Intendente de Aduanas en rueda de prensa en abril. En esa misma ocasión, el jefe de la SAT, Carlos Muñoz, dijo que la intervención operativa generó un efecto persuasivo que contribuyó a reducir la defraudación aduanera. ‘Esa persuasión deja un efecto agregado en la institución porque permite que, si lo estaban haciendo (defraudación), ya no lo hagan’, consideró el Superintendente.
Sin embargo, no se llegaron a las metas que se habían establecido. Según denunció la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Congreso, el objetivo de la recaudación no se logró. Esta conclusión se dio luego de varias citaciones a funcionarios de SAT y Ministerio de Finanzas.
Por ejemplo, en el Puerto Quetzal durante el 2012 se obtuvieron Q2,891.50 millones durante los meses de octubre a abril, mientras que en el mismo período que se realizó la intervención en 2013 y 2014 se recaudaron Q2,803.73 millones, una diferencia mínima. Igual sucedió en la aduana de Santo Tomás, con Q56.66 millones menos; en la aduana Central con Q43.44 millones menos; y Tecún Umán, donde fue de Q6.49 millones a la baja.
Solamente dos de las aduanas mantuvieron un alza en la recaudación: la aduana Pedro de Alvarado alcanzó una recaudación de Q431.12 millones durante los seis meses de intervención. Durante el mismo periodo en el 2012-2013 se recaudaron Q399.61 millones, lo que refleja un aumento de Q31.51millones. Otra que reflejó una alza fue la aduana Express Aéreo, logrando una recaudación de Q1,011.02 millones, una de diferencia de Q114.43 millones comparado con el mismo período del año anterior 2012-2013, en el que se logró Q896.59 millones.
Es por ello que los sectores productivos involucrados y analistas señalan que los resultados fueron entre modestos y cuestionables. No solamente no mejoró la recaudación, sino que la intervención entorpeció y demoró los trámites aduaneros.
Problemática sin resolver
Por un lado, el contrabando y la defraudación aduanera representan para la economía del país entre el 2.8% y el 4.4% del PIB; por el otro, el sector informal representa el 74.5% de la población económicamente activa. “El problema es complejo de resolver por la cantidad de personas que hoy viven del contrabando”, señala Girón. El presidente de CACIF agrega que es lamentable que a pesar de que a veces se persiguen a contrabandistas, se les captura pero luego no se les condena o se les deja en libertad. “Recientemente pasó con una banda que comercia ilegalmente con licor y tabaco, un juez les dio medida cautelar y luego se desestimó el caso. Eso manda un mensaje de impunidad que permite que este flagelo siga sucediendo”, señala.
Ciertos tipos de evasión, como la defraudación tributaria y la defraudación aduanera, están tipificados como delitos en el Código Penal, y en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, respectivamente. Es evidente que el Estado Guatemalteco muestra una debilidad grande en relación a esta problemática. Un estudio publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostró que la efectividad de la persecución penal de los delitos tributarios, entendida ésta como la aplicación de una sentencia condenatoria o de un mecanismo simplificador del proceso penal, es inferior al 10% de los casos judicializados; es decir, cerca de un 90% de los delitos tributarios que se denuncian en el Ministerio Público no se resuelven.
¿Qué se puede hacer?
Los esfuerzos por combatir este problema deben apoyarse y multiplicarse, con la participación tanto de las autoridades y entidades involucradas como de los sectores afectados.
El socio comercial más importante para Guatemala es Estados Unidos, que representa un 48% de las importaciones declaradas en el país. “Por consiguiente, pareciera lógico empezar por abordar el contrabando desde esta denominación de origen”, considera Girón. Estados Unidos y Guatemala firmaron el acuerdo STAR (Secure Trade in the APEC Region) para regular las importaciones. Dicho acuerdo permite a las respectivas autoridades aduanales y fiscales el compartir información sobre el contenido declarado de cada contenedor.
Basados en lo anterior, como parte de solución a esta problemática, el sector empresarial propone el uso del Big Data, que es el procesamiento y análisis de datos e información masiva. De esta manera, se automatizaría el análisis y se volvería exhaustivo en lugar de selectivo como se hace ahora.
La propuesta busca la utilización de nuevas tecnologías para realizar cruces de información en tiempo real sobre el flujo comercial del país, por medio del uso de herramientas que provee el análisis de Big Data. “Con tal información, sería hasta posible monitorear datos en tiempo real mientras los buques están en tránsito, se podrían extraer patrones o valiosos insumos al hacer un análisis de la información histórica, contrarrestando así el problema del contrabando y defraudación aduanera”, explica Jorge Benavides, investigador de Fundesa.
Es una solución tecnológica que se alimentaría con datos públicos administrados por la SAT y por el Ministerio Finanzas, y sería una medida permanente y no temporal, como lo fue la intervención. Sobre esta propuesta, ya se habían hecho acercamientos con la ex Ministra de Finanzas María Castro, pero ahora deben volver a iniciar pláticas con el actual ministro Dorval Carías. “Eso ayudaría en cuanto al contrabando en aduanas, pero todavía habría que contar con un plan de control de las fronteras porosas, pero ese ya es un tema que no es fiscal sino de seguridad”, finaliza Benavides.