El representante de Comercio, Michael Froman dijo que “el objetivo es asegurar que Guatemala implemente la protección laboral a que los trabajadores tienen derecho. El litigio es un medio para llegar a ese objetivo, no un fin en sí mismo”. El panel arbitral, explicó, se convoca al amparo de las obligaciones incluidas en el Tratado de Libre Comercio alcanzado entre Estados Unidos, República Dominicana y los países de América Central.
Este panel había sido instalado en 2011, pero los dos gobiernos, después de largas y delicadas negociaciones, decidieron suspenderlo en abril del año pasado mediante la adopción de un plan especial. Este jueves, Froman dijo que ‘el presidente (Barack) Obama ya lo ha dejado claro: nuestros acuerdos de comercio deben defender nuestros intereses y nuestros valores’. Por esa razón, añadió, los asociados comerciales de Estados Unidos tienen obligaciones que deben ser respetadas.
Guatemala, dijo Froman, ha ‘hecho importantes avances’, pero ‘lamentablemente’ no todos los compromisos han sido cumplidos. Uno de los temas centrales en la disputa es la demora del Congreso de Guatemala en aprobar una reforma al Código de Trabajo, paso que había sido incluido en el plan especial de acción acordado el año pasado. Froman además hizo una mención directa a la participación de guatemaltecos en la oleada migratoria verificada en Estados Unidos en el último año.
El cumplimiento de los compromisos firmados, dijo, servirá para mostrar ‘a los guatemaltecos que hay oportunidades para sus hijos si se quedan en casa en vez de embarcarse en un peligroso viaje de inmigración’. De acuerdo con fuentes oficiales, la absoluta mayoría de los inmigrantes que forman la oleada del último año proviene de tres países: Honduras, Guatemala y El Salvador.
Sectores en desacuerdo
Luego de que el Presidente Otto Pérez dijera que lamenta la decisión tomada por Estados Unidos, el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, insistió en los medios que el país ha cumplido con en el 90% de los compromisos suscritos. Aceptó sin embargo que está pendiente que el Congreso apruebe las reformas al Código laboral, pero considera que hay avances en el tema.
El Ejecutivo presentó en julio del 2013 la iniciativa 4703, que contiene las reformas al Código de Trabajo y en la cual se plantean mecanismos de sanción para las empresas que incumplan con los derechos laborales.
El sector empresarial lamenta que no se haya tomado previamente las acciones pertinentes para que esto no ocurriera. “Resentimos la medida porque envía señales negativas y sienta malos precedentes”, señala Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria. “Ahora habrá que esperar a ver qué pasa”.
Marcio Cuevas, coordinador de la mesa laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señala que le corresponde a Guatemala ahora hacer un análisis del mecanismo de defensa que se va a plantear en dicho panel arbitral. “Como sector privado se estudiará el caso para dar las sugerencias del camino a seguir”, refiere.
Si dicha instancia decide que Estados Unidos tiene la razón, cosa que duda Cuevas, se podría pagar una multa de hasta US$15 millones. “A la larga, ese dinero se usaría en beneficio del país pues se le otorgaría al Ministerio de Trabajo”, explica.
El representante de Comercio, Michael Froman dijo que “el objetivo es asegurar que Guatemala implemente la protección laboral a que los trabajadores tienen derecho. El litigio es un medio para llegar a ese objetivo, no un fin en sí mismo”. El panel arbitral, explicó, se convoca al amparo de las obligaciones incluidas en el Tratado de Libre Comercio alcanzado entre Estados Unidos, República Dominicana y los países de América Central.
Este panel había sido instalado en 2011, pero los dos gobiernos, después de largas y delicadas negociaciones, decidieron suspenderlo en abril del año pasado mediante la adopción de un plan especial. Este jueves, Froman dijo que ‘el presidente (Barack) Obama ya lo ha dejado claro: nuestros acuerdos de comercio deben defender nuestros intereses y nuestros valores’. Por esa razón, añadió, los asociados comerciales de Estados Unidos tienen obligaciones que deben ser respetadas.
Guatemala, dijo Froman, ha ‘hecho importantes avances’, pero ‘lamentablemente’ no todos los compromisos han sido cumplidos. Uno de los temas centrales en la disputa es la demora del Congreso de Guatemala en aprobar una reforma al Código de Trabajo, paso que había sido incluido en el plan especial de acción acordado el año pasado. Froman además hizo una mención directa a la participación de guatemaltecos en la oleada migratoria verificada en Estados Unidos en el último año.
El cumplimiento de los compromisos firmados, dijo, servirá para mostrar ‘a los guatemaltecos que hay oportunidades para sus hijos si se quedan en casa en vez de embarcarse en un peligroso viaje de inmigración’. De acuerdo con fuentes oficiales, la absoluta mayoría de los inmigrantes que forman la oleada del último año proviene de tres países: Honduras, Guatemala y El Salvador.
Sectores en desacuerdo
Luego de que el Presidente Otto Pérez dijera que lamenta la decisión tomada por Estados Unidos, el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, insistió en los medios que el país ha cumplido con en el 90% de los compromisos suscritos. Aceptó sin embargo que está pendiente que el Congreso apruebe las reformas al Código laboral, pero considera que hay avances en el tema.
El Ejecutivo presentó en julio del 2013 la iniciativa 4703, que contiene las reformas al Código de Trabajo y en la cual se plantean mecanismos de sanción para las empresas que incumplan con los derechos laborales.
El sector empresarial lamenta que no se haya tomado previamente las acciones pertinentes para que esto no ocurriera. “Resentimos la medida porque envía señales negativas y sienta malos precedentes”, señala Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria. “Ahora habrá que esperar a ver qué pasa”.
Marcio Cuevas, coordinador de la mesa laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señala que le corresponde a Guatemala ahora hacer un análisis del mecanismo de defensa que se va a plantear en dicho panel arbitral. “Como sector privado se estudiará el caso para dar las sugerencias del camino a seguir”, refiere.
Si dicha instancia decide que Estados Unidos tiene la razón, cosa que duda Cuevas, se podría pagar una multa de hasta US$15 millones. “A la larga, ese dinero se usaría en beneficio del país pues se le otorgaría al Ministerio de Trabajo”, explica.