La empresa Cementos Progreso presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado lunes. Según dieron a conocer, luego de analizar el procedimiento realizado por el Congreso de la República para la reforma de los impuestos, se encontró que no se cumplió con lo que dicta la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto.
También señalan que los valores que promueve Cementos Progreso impulsan el cumplimiento de todas las obligaciones legales, incluido el pago de impuestos. Sin embargo, toda acción legislativa debe cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes vigentes.
“Independientemente de los efectos jurídicos, consideramos que esta reforma al Impuesto a la Distribución de Cemento (IDC) representa un grave daño a la industria de la construcción, ya que el país necesita de más y mejor infraestructura y vivienda. Gravar el cemento es ir en la dirección opuesta hacia el logro de ese objetivo”, indicó José Raúl González, gerente general de Cementos Progreso.
Dicha empresa productora señala que confía en que la Corte de Constitucionalidad resolverá conforme lo dicta la ley y no avalará esta ruptura del orden jurídico.
Por su parte, fuentes oficiales señalaron que el Ejecutivo estará a la expectativa de lo que ordene la CC y respetará su resolución definitiva. Se espera que en los próximos días dicha corte emita un dictamen provisorio, para que luego las partes involucradas presenten sus argumentos legales.
En el Decreto 22-2014 del Congreso de la República está contenido el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015. Allí se aumenta el gravamen a Q5 a la distribución de sacos de cemento de 42.5 kilogramos. Antes se pagaba Q1.5
En el referido decreto también contempla un impuesto a las líneas de telefonía fija y móvil de Q5 mensuales, el cual fue suspendido por la CC al otorgar un amparo provisional a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y a las compañías telefónicas. Esto dejó temporalmente suspendidos 12 de los 80 artículos de la Ley del Presupuesto de 2015.
Otras tres acciones planteadas por la Cámara del Agro y dos abogadas particulares fueron declaradas con lugar.
La empresa Cementos Progreso presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado lunes. Según dieron a conocer, luego de analizar el procedimiento realizado por el Congreso de la República para la reforma de los impuestos, se encontró que no se cumplió con lo que dicta la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto.
También señalan que los valores que promueve Cementos Progreso impulsan el cumplimiento de todas las obligaciones legales, incluido el pago de impuestos. Sin embargo, toda acción legislativa debe cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes vigentes.
“Independientemente de los efectos jurídicos, consideramos que esta reforma al Impuesto a la Distribución de Cemento (IDC) representa un grave daño a la industria de la construcción, ya que el país necesita de más y mejor infraestructura y vivienda. Gravar el cemento es ir en la dirección opuesta hacia el logro de ese objetivo”, indicó José Raúl González, gerente general de Cementos Progreso.
Dicha empresa productora señala que confía en que la Corte de Constitucionalidad resolverá conforme lo dicta la ley y no avalará esta ruptura del orden jurídico.
Por su parte, fuentes oficiales señalaron que el Ejecutivo estará a la expectativa de lo que ordene la CC y respetará su resolución definitiva. Se espera que en los próximos días dicha corte emita un dictamen provisorio, para que luego las partes involucradas presenten sus argumentos legales.
En el Decreto 22-2014 del Congreso de la República está contenido el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015. Allí se aumenta el gravamen a Q5 a la distribución de sacos de cemento de 42.5 kilogramos. Antes se pagaba Q1.5
En el referido decreto también contempla un impuesto a las líneas de telefonía fija y móvil de Q5 mensuales, el cual fue suspendido por la CC al otorgar un amparo provisional a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y a las compañías telefónicas. Esto dejó temporalmente suspendidos 12 de los 80 artículos de la Ley del Presupuesto de 2015.
Otras tres acciones planteadas por la Cámara del Agro y dos abogadas particulares fueron declaradas con lugar.