La Cámara de Comercio de Guatemala dio a conocer que se están manifestando en contra de la inconstitucionalidad con la que se llevó a cabo la aprobación del Presupuesto General 2015, aunque no dieron más detalles del documento que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esto se suma a otras entidades y personas que ya accionaron contra el Decreto 22-2014 aprobado el pasado mes de noviembre. Allí se establece un Presupuesto de la Nación 2015 de ingresos y egresos por Q70 mil 600 millones. Además, se incluyen un nuevo impuesto a la telefonía y aumentos para los del cemento y minería.
Como consecuencia, las tres empresas telefónicas principales del país ya se manifestaron pública y legalmente en contra del impuesto, que fue suspendido provisionalmente por la CC.
La empresa Cementos Progreso fue la última en accionar legalmente, pues presentó una solicitud de impugnación ante la CC a inicios de esta semana.
Por otro lado, CC también suspendió provisionalmente diversos artículos del presupuesto, incluida la contratación con fondos públicos de organizaciones no gubernamentales. Esto queda así hasta que emita una sentencia definitiva, dentro de un tiempo límite de tres meses, según lo establece la ley.
La Cámara de Comercio de Guatemala dio a conocer que se están manifestando en contra de la inconstitucionalidad con la que se llevó a cabo la aprobación del Presupuesto General 2015, aunque no dieron más detalles del documento que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esto se suma a otras entidades y personas que ya accionaron contra el Decreto 22-2014 aprobado el pasado mes de noviembre. Allí se establece un Presupuesto de la Nación 2015 de ingresos y egresos por Q70 mil 600 millones. Además, se incluyen un nuevo impuesto a la telefonía y aumentos para los del cemento y minería.
Como consecuencia, las tres empresas telefónicas principales del país ya se manifestaron pública y legalmente en contra del impuesto, que fue suspendido provisionalmente por la CC.
La empresa Cementos Progreso fue la última en accionar legalmente, pues presentó una solicitud de impugnación ante la CC a inicios de esta semana.
Por otro lado, CC también suspendió provisionalmente diversos artículos del presupuesto, incluida la contratación con fondos públicos de organizaciones no gubernamentales. Esto queda así hasta que emita una sentencia definitiva, dentro de un tiempo límite de tres meses, según lo establece la ley.