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CC suspende salarios diferenciados en cuatro municipios

Redacción República
29 de enero, 2015

Según dio a conocer el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, se le pidió al Ejecutivo que derogaran los acuerdos que fijan salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios. Señaló que se consideran como medidas discriminatorias y que violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de la República.

Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la misma razón. Este jueves dicha corte amparó provisionalmente a la PDH y dejó en suspenso dichos salarios diferenciados que ascendían a Q1,500 con prestaciones y seguro social, cantidad menor al salario mínimo.

Según se había acordado, estaban vigentes en San Agustín Acasaguastlán, Masagua, Guastatoya y Estanzuela. La medida pretendía a corto plazo generar 100 mil empleos nuevos.

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Trascendió que ya se habían rechazado otras inconstitucionalidades, pero la CC falló a favor de la PDH con cuatro votos a favor y tres en contra pero razonados. Los magistrados que resolvieron a favor de la PDH fueron Gloria Porras, Carlos Medina, Héctor Trujillo y Mauro Chacón. A favor pero con voto razonado fueron Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado y Héctor Pérez Aguilera.

Desde el año pasado, De León dijo que la disposición de fijar dichos salarios mínimos para la industria de manufactura ligera atentaba contra los derechos humanos “pues estos son universales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y sobre todo progresivos”.

También considera que esas condiciones laborales “son discriminatorias y violan los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Política y los instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo”.

Alcaldes sorprendidos

Según informaron los alcaldes Bianca Alfaro, de Masagua, Escuintla; Julio Girón, de Estanzuela, Zacapa; José Manuel Marroquín; de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y Saúl Beltetón, de Guastatoya, esta noticia los  tomó por sorpresa “porque, sin habernos escuchado, deciden proteger los derechos de los que ya están protegidos”.

En un comunicado conjunto, los alcaldes de las comunidades afectadas señalaron que los trabajadores formales están suficientemente protegidos por la legislación nacional e internacional. Pero consideran que ellos una minoría de la Población Económicamente Activa –PEA–y sus derechos efectivamente son inalienables e irrenunciables.

Sin embargo, señalan que en sus comunidades la inmensa mayoría de personas que no tienen el derecho humano de tener empleo y a ellos no se les defiende. “Nuestros pueblos lo único que desean, sin atropellar los derechos de los que ya tienen trabajo formal, es tener una oportunidad de trabajo”, aseguran.

En el mismo documento le cuestionan a De León qué es lo que defiende y a quién, así como su desconocimiento de las necesidades de las comunidades. Incluso, señalan que si no conoce las condiciones de pobreza extrema y miseria que padecen debería pensar en dejar su cargo.

Aseguran además estar confundidos, sorprendidos e indignados porque las entidades públicas del Estado les han dado la espalda a sus poblaciones en su legítimo derecho de buscar una alternativa como solución a la pobreza, olvido, pobreza extrema y marginación estructural.

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CC suspende salarios diferenciados en cuatro municipios

Redacción República
29 de enero, 2015

Según dio a conocer el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, se le pidió al Ejecutivo que derogaran los acuerdos que fijan salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios. Señaló que se consideran como medidas discriminatorias y que violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de la República.

Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la misma razón. Este jueves dicha corte amparó provisionalmente a la PDH y dejó en suspenso dichos salarios diferenciados que ascendían a Q1,500 con prestaciones y seguro social, cantidad menor al salario mínimo.

Según se había acordado, estaban vigentes en San Agustín Acasaguastlán, Masagua, Guastatoya y Estanzuela. La medida pretendía a corto plazo generar 100 mil empleos nuevos.

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Trascendió que ya se habían rechazado otras inconstitucionalidades, pero la CC falló a favor de la PDH con cuatro votos a favor y tres en contra pero razonados. Los magistrados que resolvieron a favor de la PDH fueron Gloria Porras, Carlos Medina, Héctor Trujillo y Mauro Chacón. A favor pero con voto razonado fueron Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado y Héctor Pérez Aguilera.

Desde el año pasado, De León dijo que la disposición de fijar dichos salarios mínimos para la industria de manufactura ligera atentaba contra los derechos humanos “pues estos son universales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y sobre todo progresivos”.

También considera que esas condiciones laborales “son discriminatorias y violan los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Política y los instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo”.

Alcaldes sorprendidos

Según informaron los alcaldes Bianca Alfaro, de Masagua, Escuintla; Julio Girón, de Estanzuela, Zacapa; José Manuel Marroquín; de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y Saúl Beltetón, de Guastatoya, esta noticia los  tomó por sorpresa “porque, sin habernos escuchado, deciden proteger los derechos de los que ya están protegidos”.

En un comunicado conjunto, los alcaldes de las comunidades afectadas señalaron que los trabajadores formales están suficientemente protegidos por la legislación nacional e internacional. Pero consideran que ellos una minoría de la Población Económicamente Activa –PEA–y sus derechos efectivamente son inalienables e irrenunciables.

Sin embargo, señalan que en sus comunidades la inmensa mayoría de personas que no tienen el derecho humano de tener empleo y a ellos no se les defiende. “Nuestros pueblos lo único que desean, sin atropellar los derechos de los que ya tienen trabajo formal, es tener una oportunidad de trabajo”, aseguran.

En el mismo documento le cuestionan a De León qué es lo que defiende y a quién, así como su desconocimiento de las necesidades de las comunidades. Incluso, señalan que si no conoce las condiciones de pobreza extrema y miseria que padecen debería pensar en dejar su cargo.

Aseguran además estar confundidos, sorprendidos e indignados porque las entidades públicas del Estado les han dado la espalda a sus poblaciones en su legítimo derecho de buscar una alternativa como solución a la pobreza, olvido, pobreza extrema y marginación estructural.