La Corte de Constitucionalidad (CC) se vio concurrida este jueves porque representantes del sector empresarial, político y gubernamental, acompañados por numerosas personas. Todos asistieron a la vista pública para presentar los argumentos en contra del Decreto 22-2014 que aprobó el presupuesto del Estado este año.
Hasta el momento y en tanto no se resuelva definitivamente, están suspendidos de forma temporal 18 artículos, entre ellos el impuesto a la telefonía.
La mayoría de argumentos fueron técnicos y jurídicos, pero Carlos Barreda, en representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó el escenario político que llevó a la aprobación el presupuesto en el Congreso en noviembre pasado. Denunció que al aprobar un presupuesto plagado de contradicciones y elaborado sin análisis técnico, “se permiten abusos de funcionarios asumiendo compromisos sin respaldo económico y apoderarse de recursos públicos con fines electorales”.
Algo que resaltó fue de parte del Gobierno solo compareció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y no asistieron representantes de la Presidencia, el Ministerio Público, el Congreso y el Ministerio de Finanzas, al igual que la Cámara de Comercio y las telefónicas.
Los argumentos presentados giraron en torno a la violación del debido proceso legislativo, la ilegalidad de algunos impuestos, la falta de control y los candados en el gasto, también se habló de la jerarquía constitucional.
También se mencionó que se violó el debido proceso en la elaboración y al aprobar el Decreto en el Congreso. Se recordó que ya que se desconocía el dictamen de la Comisión de Finanzas que contenía las modificaciones aprobadas.
Por otro lado, representantes de Cementos Progreso y Cemex manifestaron su inconformidad por el incremento al impuesto de la distribución del cemento, porque afecta al sector de la construcción y no se ha definido destino para los recursos de ese tributo.
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Hermann Girón, dijo a los medios que con estas acciones no desean dejar sin recursos al Estado. Lo que se pretende es regular el uso de los recursos y evitar la discrecionalidad.
Por su parte, la SAT defendió el Decreto aprobado y aseguraron que se siguió el proceso que la ley exige para casos de aprobación por urgencia nacional. Solicitaron que se deje vigente como fue aprobado para ejecutar un presupuesto claro y ordenado.
La Corte de Constitucionalidad (CC) se vio concurrida este jueves porque representantes del sector empresarial, político y gubernamental, acompañados por numerosas personas. Todos asistieron a la vista pública para presentar los argumentos en contra del Decreto 22-2014 que aprobó el presupuesto del Estado este año.
Hasta el momento y en tanto no se resuelva definitivamente, están suspendidos de forma temporal 18 artículos, entre ellos el impuesto a la telefonía.
La mayoría de argumentos fueron técnicos y jurídicos, pero Carlos Barreda, en representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó el escenario político que llevó a la aprobación el presupuesto en el Congreso en noviembre pasado. Denunció que al aprobar un presupuesto plagado de contradicciones y elaborado sin análisis técnico, “se permiten abusos de funcionarios asumiendo compromisos sin respaldo económico y apoderarse de recursos públicos con fines electorales”.
Algo que resaltó fue de parte del Gobierno solo compareció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y no asistieron representantes de la Presidencia, el Ministerio Público, el Congreso y el Ministerio de Finanzas, al igual que la Cámara de Comercio y las telefónicas.
Los argumentos presentados giraron en torno a la violación del debido proceso legislativo, la ilegalidad de algunos impuestos, la falta de control y los candados en el gasto, también se habló de la jerarquía constitucional.
También se mencionó que se violó el debido proceso en la elaboración y al aprobar el Decreto en el Congreso. Se recordó que ya que se desconocía el dictamen de la Comisión de Finanzas que contenía las modificaciones aprobadas.
Por otro lado, representantes de Cementos Progreso y Cemex manifestaron su inconformidad por el incremento al impuesto de la distribución del cemento, porque afecta al sector de la construcción y no se ha definido destino para los recursos de ese tributo.
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Hermann Girón, dijo a los medios que con estas acciones no desean dejar sin recursos al Estado. Lo que se pretende es regular el uso de los recursos y evitar la discrecionalidad.
Por su parte, la SAT defendió el Decreto aprobado y aseguraron que se siguió el proceso que la ley exige para casos de aprobación por urgencia nacional. Solicitaron que se deje vigente como fue aprobado para ejecutar un presupuesto claro y ordenado.