El presidente de la Cámara de la Construcción, Pelayo Llarena, explica que entre el 2005 y el 2007 hubo “un boom económico mundial”. Esto impulsó que en Guatemala hubiera muchas construcciones incluyendo grandes obras como carreteras, centros comerciales, edificios, infraestructura e hidroeléctricas, entre otros proyectos. Fue un crecimiento macro y no solo interno en el país. Sin embargo, en los años subsiguientes ha habido caídas, sobre todo luego de la crisis económica mundial registrada en 2008.
Lo anterior se puede verificar en el comportamiento de la venta de cemento. Luego de que en el 2012 y el 2013 se reportaron caídas de 1.90% y 2.40% respectivamente, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2014 aumentó 0.61%.
Esto basándose en el volumen que reportan como base del Impuesto a la Distribución del Cemento (IDC). De lo anterior se desprende que en el 2014 se distribuyeron 67 millones de sacos de cemento en el país. Esto es un leve incremento respecto al 2013, pero no se logra recuperar el comportamiento logrado en el período del 2006 al 2012.
En cuanto a la tasa de crecimiento anual del PIB construcción, la CCG señala que del 2008 al 2010 en lugar de crecer bajó. Del 2011 al 2014 ha ido recuperándose, llegando el año pasado a 4.6%. Sin embargo, se proyecta que en 2015 sea de 3.2% afectada por los aumentos en los costos del cemento.
La contribución de este sector al PIB total luego de haber estado en 2007 en 4% ha ido bajando año con año, manteniéndose en 2.8% en los últimos dos años.
Llega el aumento
Una de las consideraciones de la administración de Otto Pérez es que en este año “habrá muchas oportunidades ya que la economía mundial y nacional están estables y muestran crecimiento”. Por esta razón, esperan que acciones internas como el aumento del impuesto al cemento y otros requerimientos no entorpezcan al sector construcción.
Sin embargo, precisamente este sector ha cuestionado la aprobación por el Congreso de la República de este aumento que pasó de Q1.50 por saco a Q5. Consideran que con esto disminuirá el incentivo a la construcción, lo cual es negativo si se toma en cuenta el déficit habitacional que hay en Guatemala, donde según el Banco Interamericano de Desarrollo el 54% no tiene vivienda.
La vigencia de los nuevos impuestos incluidos en el Decreto 22-2014, que contiene el presupuesto del Estado para 2015, depende de la decisión final que la Corte de Constitucionalidad (CC) puede tomar en los próximos días. No obstante, los afectados dicen que ya hay consecuencias en el sector productivo con tan solo dos meses y medio de estar vigente el incremento al IDC.
Pelayo Llarena ha declarado a los medios que este aumento que se aplica desde enero pasado ha hecho que los costos de construcción aumenten aproximadamente un 6%.
Esto afecta especialmente la capacidad de adquisición, ya que el incremento es un porcentaje más alto que el enganche mínimo que pide el FHA , por lo que una familia estaría pagando un doble enganche por el alza del precio. Esto pese a las buenas condiciones económicas y reducción de precios en algunas materias primas que ayudan a compensar este aumento.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) desde que se aprobó el Decreto 22-2014 se manifestó en contra del aumento al IDC. Señalan que el incremento al saco de cemento afectará directamente al consumidor, especialmente a la población de clase media y baja.
Otro factor que mencionan es que este incremento del 6% al costo de la vivienda popular incentivará el incremento del contrabando y la informalidad, con consecuencias negativas serias en la economía del país.
Aprobación ilegal
Según informa la oficina de comunicación de Cementos Progreso, el incremento al IDC se está pagando desde el 1 de enero pasado. También ha trascendido que coincidentemente en el primer mes del 2015 se vendieron 122 mil sacos de cemento, menos que en el mismo periodo de 2014.
Señalan además que esto afecta en general el desarrollo de Guatemala. “A las empresas se les está obligando a cobrar y pagar un impuesto ilegal, violando sus derechos constitucionales. También se afecta a los consumidores de cemento porque el producto es más caro. Además, se afecta a los intereses del Estado por el encarecimiento de la obra pública que desafortunadamente trae como consecuencia mucho menos infraestructura que es tan necesaria en el país”, señalan.
Otro aspecto es que este aumento afecta el orden público ya que, como dice la CIG, aumenta el contrabando de cemento y con ello se vulnera aún más la seguridad del país. “Esto facilita el incremento de la fuerza de redes de delincuencia que va a ser más difícil y costoso combatir”, consideran.
Según el departamento de comunicación de Cementos Progreso, lo primero que hay que considerar es que la forma en que se incrementó un 233% al IDC fue ilegal. Señalan que se violaron dos leyes fundamentales al hacerlo: la Constitución Política de la República y la Ley del Presupuesto.
“Por lo tanto como empresa y ciudadanos responsables estamos alarmados por la afectación irreparable que el incremento le está ocasionando a la industria”, refieren. Otra preocupación no menos importante es el precedente que el Congreso estableció con esta acción, ya que se crearon impuestos sin cumplir el debido proceso Legislativo.
Por lo anterior, al igual que otros sectores y ciudadanos afectados, Cementos Progreso presentó una acción de inconstitucionalidad en enero pasado en contra de los artículos que aumentan el IDC. Se sumaron 16 recursos legales en total contra el Decreto 22-2014. Esto provocó que se suspendieran 18 artículos temporalmente, pero el del IDC no es uno de ellos.
A finales de febrero pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) citó a todos los interesados a una vista pública para presentar los argumentos en contra de dicho Decreto, incluidas las cementeras. Allí se expuso lo que afecta al sector de la construcción y también argumentaron que no se ha definido destino para los recursos de ese tributo. También se mencionó la forma ilegal en que fue aprobado.
En la actualidad, se espera que la CC dé una resolución definitiva a las acciones interpuestas.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Pelayo Llarena, explica que entre el 2005 y el 2007 hubo “un boom económico mundial”. Esto impulsó que en Guatemala hubiera muchas construcciones incluyendo grandes obras como carreteras, centros comerciales, edificios, infraestructura e hidroeléctricas, entre otros proyectos. Fue un crecimiento macro y no solo interno en el país. Sin embargo, en los años subsiguientes ha habido caídas, sobre todo luego de la crisis económica mundial registrada en 2008.
Lo anterior se puede verificar en el comportamiento de la venta de cemento. Luego de que en el 2012 y el 2013 se reportaron caídas de 1.90% y 2.40% respectivamente, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2014 aumentó 0.61%.
Esto basándose en el volumen que reportan como base del Impuesto a la Distribución del Cemento (IDC). De lo anterior se desprende que en el 2014 se distribuyeron 67 millones de sacos de cemento en el país. Esto es un leve incremento respecto al 2013, pero no se logra recuperar el comportamiento logrado en el período del 2006 al 2012.
En cuanto a la tasa de crecimiento anual del PIB construcción, la CCG señala que del 2008 al 2010 en lugar de crecer bajó. Del 2011 al 2014 ha ido recuperándose, llegando el año pasado a 4.6%. Sin embargo, se proyecta que en 2015 sea de 3.2% afectada por los aumentos en los costos del cemento.
La contribución de este sector al PIB total luego de haber estado en 2007 en 4% ha ido bajando año con año, manteniéndose en 2.8% en los últimos dos años.
Llega el aumento
Una de las consideraciones de la administración de Otto Pérez es que en este año “habrá muchas oportunidades ya que la economía mundial y nacional están estables y muestran crecimiento”. Por esta razón, esperan que acciones internas como el aumento del impuesto al cemento y otros requerimientos no entorpezcan al sector construcción.
Sin embargo, precisamente este sector ha cuestionado la aprobación por el Congreso de la República de este aumento que pasó de Q1.50 por saco a Q5. Consideran que con esto disminuirá el incentivo a la construcción, lo cual es negativo si se toma en cuenta el déficit habitacional que hay en Guatemala, donde según el Banco Interamericano de Desarrollo el 54% no tiene vivienda.
La vigencia de los nuevos impuestos incluidos en el Decreto 22-2014, que contiene el presupuesto del Estado para 2015, depende de la decisión final que la Corte de Constitucionalidad (CC) puede tomar en los próximos días. No obstante, los afectados dicen que ya hay consecuencias en el sector productivo con tan solo dos meses y medio de estar vigente el incremento al IDC.
Pelayo Llarena ha declarado a los medios que este aumento que se aplica desde enero pasado ha hecho que los costos de construcción aumenten aproximadamente un 6%.
Esto afecta especialmente la capacidad de adquisición, ya que el incremento es un porcentaje más alto que el enganche mínimo que pide el FHA , por lo que una familia estaría pagando un doble enganche por el alza del precio. Esto pese a las buenas condiciones económicas y reducción de precios en algunas materias primas que ayudan a compensar este aumento.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) desde que se aprobó el Decreto 22-2014 se manifestó en contra del aumento al IDC. Señalan que el incremento al saco de cemento afectará directamente al consumidor, especialmente a la población de clase media y baja.
Otro factor que mencionan es que este incremento del 6% al costo de la vivienda popular incentivará el incremento del contrabando y la informalidad, con consecuencias negativas serias en la economía del país.
Aprobación ilegal
Según informa la oficina de comunicación de Cementos Progreso, el incremento al IDC se está pagando desde el 1 de enero pasado. También ha trascendido que coincidentemente en el primer mes del 2015 se vendieron 122 mil sacos de cemento, menos que en el mismo periodo de 2014.
Señalan además que esto afecta en general el desarrollo de Guatemala. “A las empresas se les está obligando a cobrar y pagar un impuesto ilegal, violando sus derechos constitucionales. También se afecta a los consumidores de cemento porque el producto es más caro. Además, se afecta a los intereses del Estado por el encarecimiento de la obra pública que desafortunadamente trae como consecuencia mucho menos infraestructura que es tan necesaria en el país”, señalan.
Otro aspecto es que este aumento afecta el orden público ya que, como dice la CIG, aumenta el contrabando de cemento y con ello se vulnera aún más la seguridad del país. “Esto facilita el incremento de la fuerza de redes de delincuencia que va a ser más difícil y costoso combatir”, consideran.
Según el departamento de comunicación de Cementos Progreso, lo primero que hay que considerar es que la forma en que se incrementó un 233% al IDC fue ilegal. Señalan que se violaron dos leyes fundamentales al hacerlo: la Constitución Política de la República y la Ley del Presupuesto.
“Por lo tanto como empresa y ciudadanos responsables estamos alarmados por la afectación irreparable que el incremento le está ocasionando a la industria”, refieren. Otra preocupación no menos importante es el precedente que el Congreso estableció con esta acción, ya que se crearon impuestos sin cumplir el debido proceso Legislativo.
Por lo anterior, al igual que otros sectores y ciudadanos afectados, Cementos Progreso presentó una acción de inconstitucionalidad en enero pasado en contra de los artículos que aumentan el IDC. Se sumaron 16 recursos legales en total contra el Decreto 22-2014. Esto provocó que se suspendieran 18 artículos temporalmente, pero el del IDC no es uno de ellos.
A finales de febrero pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) citó a todos los interesados a una vista pública para presentar los argumentos en contra de dicho Decreto, incluidas las cementeras. Allí se expuso lo que afecta al sector de la construcción y también argumentaron que no se ha definido destino para los recursos de ese tributo. También se mencionó la forma ilegal en que fue aprobado.
En la actualidad, se espera que la CC dé una resolución definitiva a las acciones interpuestas.