El presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz, en conferencia de prensa informó que como entidad gremial se oponen a la aprobación de la iniciativa 4948, presentada hace unos días por la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) en el Congreso de la República.

Como se ha dicho en medios como República.gt, esta iniciativa se da a conocer como Ley de condiciones económicas para fomentar el empleo con fines electorales, ofreciéndose como la solución novedosa a una problemática a la que se le ha buscado solución desde hace años (Ver notas relacionadas).

Otro caso de copy-paste

En opinión de Briz esta propuesta es igual a la iniciativa 4644, Ley de promoción de inversiones y empleo, y a la 4894 Ley de fomento de empleo. Denunció que solo la copiaron y le pusieron otro nombre, también muy parecido. Las dos iniciativas anteriores han tenido muchos cambios y enmiendas porque no han sido pocos los que las han objetado.

“Esta ley, lejos de fomentar la inversión y la generación de nuevos y mejores empleos, lo único que realmente propicia es la prolongación de abusivas y arbitrarias exenciones fiscales”, señaló Briz. Se refiere a derechos arancelarios a la importación, impuestos de solidaridad, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, tasas de alumbrado municipal, impuesto de papel sellado y timbres fiscales, entre otros.

Sin embargo, son muchos quienes señalan la necesidad de legislar en este tema, no solamente para ayudar a atraer inversiones y crear más empleos, sino para solventar los compromisos pendientes de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Cuáles son los compromisos?

A decir de los exportadores, quienes han apoyado la ley desde que se propuso en 2013, Guatemala es el único país de la región que no ha adaptado su legislación a los compromisos de la OMC en cuanto a los subsidios de nueva generación, que tratan de incentivos fiscales de tipo horizontal combinados con otros incentivos no fiscales.

Esto fue confirmado en una entrevista a República.gt por parte del Ministro de Economía, Sergio de la Torre, quien impulsa desde hace dos años la iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo. De la Torre explicó que se debe desmantelar algunos de los incentivos que tienen los decretos 29-89 (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila) y 65-89 (Ley de Zonas Francas). “Concretamente se debe eliminar el Impuesto Sobre la Renta a la manufactura para las exportaciones. El Salvador, que tenía el mismo compromiso con la OMC, promulgó el año pasado una ley que otorga incentivos fiscales y de otro tipo a empresas que se instalan en el área metropolitana y el interior del país”, dijo.

Guatemala aún no ha actualizado sus esquemas de incentivos, salvo el caso de la Ley de la Zona Libre de Industria y  Comercio Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), que desde sus inicios ha otorgado los incentivos fiscales sin que estén condicionados al desempeño exportador. Gracias al Decreto 30-2008 se amplió el régimen de zona libre a otras áreas del territorio nacional.

Pero además de los compromisos, la ley se ha impulsado bajo el argumento que Guatemala tiene vigentes 12 tratados de libre comercio, el 88% de las exportaciones del país se realizan bajo acuerdos preferenciales. El 38.7% se va a Estados Unidos, el 31.2% a Centroamérica y el 19%.4% está repartido entre varias naciones. México tiene el 5.4% y la Unión Europea se lleva el 5.3%.

Por esa razón se considera que para atraer inversiones, se debe equiparar las condiciones para atraer las inversiones con sus competidores más cercanos. Según datos del Consejo Monetario Centroamericano, Costa Rica y Honduras son los países que captan mayor inversión extranjera en Centroamérica, Guatemala está en el tercer lugar pero le sigue de cerca Nicaragua.

Puede haber otros caminos

“Estamos de acuerdo en la necesidad de implementar este tipo de leyes, pero creemos que hay mejores maneras de plantear más beneficios para todos, no solamente para los inversores extranjeros”, señaló el analista Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales  (ICEFI). Por esa razón, esa entidad ha pedido que se busquen otras alternativas.

De igual manera, Briz señaló que hay otras formas de resolver lo pendiente con la OMC. “Lo que se le ha requerido a Guatemala es que efectúe las regulaciones correspondientes para eliminar las subvenciones que actualmente se otorgan a las exportaciones”, asegura. “La OMC no dijo que la forma de resolver esta situación sea mediante la aprobación de las citadas leyes de inversión y empleo”, aseguró.

En vista de que el plazo que otorga la OMC es el 31 de diciembre de este año, Briz considera que hay suficiente tiempo para que se presente una propuesta que sea favorable al país. También insiste en que si la legislación y los requisitos de la OMC afectan al sector textil de la industria, se busquen soluciones específicas para ellos.

Otro argumento de la CCG es que las inversiones, y por ende la creación de empleo, no se atraen con leyes y decretos sino a través del ofrecimiento de mejores condiciones a los inversionistas. Dichas condiciones son seguridad, infraestructura, promoción de mercados, certeza jurídica, bajos costos de producción, transferencias tecnológicas, no conflictividad y capital humano calificado.

Briz aprovechó la oportunidad para reiterar la propuesta presentada al actual gobierno en 2011 que consistía en adoptar una reforma fiscal estructural. “La idea es que se simplifique e incorpore a todos los sectores de la economía con tarifas bajas y competitivas, que atraigan mayor inversión y generen más empleo. Que se nos trate a todos por igual, que sea simple, sencilla y que responda a nuestra realidad económica y social”, explicó.

Una ley que no se debe usar como tema electoral

A pesar de que el tema ha estado sin resolverse desde hace varios años, no son pocos los que opinan que en los próximos días esto podría cambiar. Según se dijo, el pronunciamiento de la CCG se generó por la afirmación de algunas fuentes parlamentarias de que la ley que se anuncia en varios medios de comunicación como la “Ley Baldizón del empleo” se aprobaría esta semana. “Esperamos que no sea así, pero si ocurre ya analizamos cómo podríamos impugnarla en la Corte de Constitucionalidad, igual que hicimos con el Presupuesto de este año”, finalizó Briz.

El diálogo y el debate continúa en torno a este tema, como en los últimos meses. El sector empresarial analiza la situación, pero aseguran que  a pesar de las diferentes opiniones no hay rupturas dentro del sector como malintencionadamente han hecho creer diferentes medios de comunicación.

Según expresa el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, lo que tienen claro es que se necesita esta ley y se debe lograr un acuerdo y aprobar una que sea la mejor para el país. Están pendientes de lo que pase en los próximos días en su análisis y discusión en el Congreso.

“No consideramos correcto que el tema se politice, debe discutirse con seriedad pensando en el beneficio del país”, señala. “Tampoco estamos a favor de que luego de tantos años de discusión y esfuerzos vengan personas a querer apropiarse de una propuesta ya trabajada para usarlo como tema electoral”, considera.

Por otro lado, entre los empresarios del sector textil se ha recibido con entusiasmo la nueva propuesta de ley. Juan Carlos Prato, vicepresidente de VESTEX, lo ve como algo positivo si se aprueba, pues han luchado mucho porque así sea. Que sea parecida a la propuesta anterior no le parece que sea un problema, ya que contiene las modificaciones que se han solicitado.

Por otro lado, reitera que a pesar de los diferentes puntos de vista el tema no los ha debilitado como empresarios ya que los une la misma visión de país. “Queremos trabajar para crear más empleos formales. Para eso necesitamos herramientas como una ley de inversión y empleo”, concluye.