[vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″]Según ellos mismos se describen, el binomio presidencial del Partido Republicano Institucional (PRI) está compuesto por un político con una orientación económica, Luis Fernando Pérez (candidato a la Presidencia), y un  economista con visión política, Rodolfo Dougherty (candidato a la Vicepresidencia), por lo que afirman que “se complementan”. Aquí un resumen de sus hojas de vida:[/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″]Luis Fernando Pérez Martínez

Político de 45 años, Administrador de Empresas con especialización en Administración Pública, tiene una maestría en Finanzas por la Atlantic International University. Es diputado al Congreso de la República del 2000 a la fecha, secretario general nacional del PRI y jefe de su bancada. También es presidente de las Comisiones de trabajo de Deportes,  Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Energía y Minas. Es miembro de la Junta Monetaria, presidente del Instituto Republicano de Formación Ciudadana (IRFC), fue viceministro de Finanzas Públicas y vicepresidente de INAB, FONAGRO e ICTA.

 [/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″]Rodolfo Dougherty Liekens

Es licenciado en Ciencias Económicas especializado en Comercio Internacional y en Banca y Finanzas. Tiene varios posgrados que incluyen una maestría en administración de negocios por la Universidad de Alabama, también en Mercadeo Internacional en Tuscalusa, USA, así como Mercadeo y Merchandising de productos embotellados en la ciudad de México. Fue electo al Parlamento Centroamericano por tres períodos, fue vicepresidente de la Comisión Política por cuatro años y presidente por tres. Es catedrático de maestría en la Universidad Mariano Gálvez y de licenciatura en la Universidad Rafael Landívar.

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Plan de gobierno para todos

Según exponen los candidatos, su plan de gobierno se llama ABC de la dignidad: A es por alta productividad, B es por bienestar total, y C por cambio de rumbo. Pérez explica que se llama así porque buscan que sea amigable y comprensible para cualquier persona. “Es para toda Guatemala, no es un plan para solo un sector determinado”.

En cuanto a la dignidad, quieren dejar una constancia histórica de que el quehacer del gobierno debe fortalecer, rescatar y resaltar la dignidad humana. “De lo contrario estamos condenados al fracaso”, asegura Dougherty.

El eje 1 consiste en una reforma productiva a través de la economía del bien común, que Pérez, aclara, también es política. “Significa que lo que es malo o bueno para uno lo es para todos. Esto se aplicaría a las políticas públicas, se trata de no favorecer a unos y marginar a otros”, dice. Agrega que es opuesto a lo que pasa hoy día, donde se favorece a unos nada más. “Guatemala es tan fuerte como el más débil de sus ciudadanos”, considera.

El eje 2 es una reforma política a la que han llamado “vuelta a la tortilla”, que se refiere a una reforma política e institucional, así como la reorientación del presupuesto para atender a los más necesitados. Se mencionan temas como las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la no reelección a los diputados y alcaldes, así como la elección de los gobernadores.

Buscan también un estado descentralizado y una asignación presupuestaria directa a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) para su ejecución.

Producción de la mano del bienestar

Según los candidatos, en Guatemala tenemos una capacidad de productividad mucho mayor a la actual, la idea es aprovecharla. “A Guatemala le urge transitar de una economía de subsistencia a una de alta productividad. Pero el Estado debe generar las condiciones. La gente ya no tendrá necesidad de esperar que les regalen dinero o alimentos, pues tendrá sus propios recursos”, explica Pérez.

En cuanto a estos temas, el plan de trabajo incluye programas como Mi trabajo, mi seguridad, que incluye mano de obra intensiva que asegure su futuro. Se menciona un Banco del migrante; Mi agua mi vida, con cuencas, reforestación y riego; Mi camino, mi oportunidad referente a carreteras; y alianzas público privadas, con proyectos productivos estratégicos.

Como complemento de esto, proponen los programas Mi comida, mi paz; Mi estudio mi futuro, sobre educación; Mi salud mi bienestar, con un sistema de salud integral y medicina a bajo precio; La Balanza, con precios justos y salarios dignos; Mi cosecha mi progreso, con fertilizante, semilla mejorada, herramientas, tecnificación y capacitación: y Discapacidad y tercera edad, con programas especiales para tenderlos e incluirlos a la productividad nacional.

Acerca del empleo e informalidad

En cuanto a la generación de empleos, el binomio afirma que el Estado no puede ni darlos ni crearlos, sino que los crea la iniciativa privada. “Por eso se les debe dar las condiciones necesarias, porque no se puede obligar a una empresa a que dé una determinada cantidad de empleos”, dice Pérez.

Señala además que cuando las personas tienen dinero en la bolsa, hay un aumento en el consumo y en la actividad económica, una cosa es consecuencia de la otra. “Pero si se tiene comunidades pobres que no pueden consumir, no se puede generar más empleo”.

Su propuesta es “bañar” a esas comunidades con recursos del Estado asignándoles obras, tomando en cuenta que hasta el 50% de lo que se invierte se queda en las manos de quienes participan en el negocio en toda su trayectoria.

Al respecto, Dougherty señala que es más fácil llevar empleos a las áreas urbanas que a las rurales, allí hay mucha dispersión. “Por eso nuestro interés en promover la urbanización y vivienda pero de buena calidad, mejorar el equipamiento urbano en el interior. Esto se puede hacer incluso con materiales que se produzcan en el interior, así habrá más empleos”, considera.

Por otro lado, Pérez señala que la ley de empleo es un tema muy complejo por que hay sectores que avalan esta ley como está, y otros que están en contra. “Guatemala tiene que estar al día con los convenios internacionales, pero es cierto que algunas empresas y actividades han utilizado esta figura para favorecerse”, afirma.

En su opinión, si se aprueba esa ley como está se va a generar una brecha fiscal de más de Q1,500 millones al año por los incentivos a empresarios. “La pregunta es: ¿En qué se beneficia la familia guatemalteca con esto? En nada, porque no van a mejorar los sueldos ni las condiciones sociales de quienes trabajan en esas empresas”, señala.

Pero por otro lado, para cubrir esa brecha, dice que se adquiriría más deuda que al final pagaremos todos. “El compromiso de Guatemala es que no debe haber privilegios para nadie, la regla en un país republicano es igualdad ante la ley”, opina. Añade que con este tipo de leyes se pierde la moral tributaria, lo cual puede provocar problemas de corrupción y defraudación.

Consideran que hay otras formas de apoyar a los empresarios. Dougherty señala que los beneficiados con esa ley dicen necesitarla porque sus costos son muy altos. “Es cierto que los precios de la energía eléctrica son los más altos de América Latina”, señala. “Hay que tomar en cuenta que el costo de la generación es baja, pero hay mucha ganancia. A las empresas que dan empleos habría que bajarle el costo con una política de precios nueva, diferenciarlos”, sugiere.

Si bien el cambio de la matriz energética está avanzando, Pérez señala que hay que tomar en cuenta que el mercado energético está compuesto por la generación, la distribución, las pérdidas, las utilidades y el transporte. “El cambio de matriz está enfocado a la generación, que ha bajado sus costos porque hay energías más limpias y baratas. Pero los otros aspectos son el problema. Pasa porque no hay políticas de estado que controlen y regulen el mercado”, dice. Por esa razón, ellos ofrecen regular el mercado energético y favorecer a las familias guatemaltecas.

Del cooperativismo a las ECAS

Mientras las propuestas de leyes de inversión y empleo se centran en atraer la inversión de grandes empresas que quieran trabajar en el interior, el PRI ofrece un modelo con Empresas Comunitarias Asociativas (ECAS).

“Su propósito es empoderar a la sociedad, sobre todo en el interior, en sus diferentes lugares de origen”, expone. En la actualidad, el productor o campesino vende su producto por necesidad a precios bajos, muchas veces no tiene dónde almacenarlo. El intermediario lo compra barato, lo guarda y lo vende cuando más le conviene. De esa cuenta, los productores tienen una economía de subsistencia.

“En lugar de que haya un intermediario, la ECA le comprará a un precio favorable, pero además el agricultor también puede ser dueño de esa  empresa. Es un concepto más amplio que las cooperativas, porque el Estado va a invertir con intereses muy bajos en estas empresas”, explica. Estas tendrán silos para proteger los granos, tomando en cuenta que el 30% de los granos básicos se pierden por mal manejo pos cosecha. “Debemos tomar en serio el recuperar esa pérdida puede representaría un gran beneficio para esas personas. Las esposas y los hijos de los campesinos también serían parte de esas ECAS, por ejemplo pueden procesar el maíz para comercializarlo como tortillas, nachos, tostadas, lo que se les ocurra”, refiere.

Por otro lado, en alianza con el sector privado se harían exportaciones de esos productos. “En lugar de vender un saco más barato lo van a poder vender más caro ganando todos. Aquí el Estado pondrá disponibilidad financiera, tecnología, capital semilla, tecnificación agrícola y agropecuaria”, expone Pérez.

Dougherty agrega que también los comerciantes informales pueden unirse a las ECAS para dejar de serlo, así empiezan a tributar y así se amplía la base. Pérez señala que se quiere migrar de una cultura egoísta, que le da unos pocos empresarios, a otra que se los dé a todos. “Claro, sin descuidar a los empresarios, sin pelear con ellos y dándole lo que necesitan”, concluye.

Adjunto las notas sobre su visión en el área de seguridad y política.