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CC lo confirma: impuestos no fueron aprobados correctamente

Redacción República
20 de septiembre, 2015

En una resolución largamente esperada, este jueves los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron dejar sin efecto el paquete fiscal creado en el Congreso por medio del Presupuesto General de Ingresos y egresos 2015. Se trataba del incremento en la distribución de cemento y las regalías para la actividad minera, y se creaba uno nuevo a la telefonía.

Lo actuado en el Congreso a finales de noviembre 2015 fue rechazado por muchos sectores, principalmente por las disposiciones sorpresivas acerca de tres impuestos que cobrarían vigencia al iniciar este año. Es de recordar que se trató de una aprobación “exprés” en el Congreso de la República del Decreto 22-2014, incluso diputados de bancadas minoritarias denunciaron que el dictamen de la comisión respectiva no fue socializado con suficiente antelación.

En cuanto a la telefonía se trataba de un nuevo tributo consistente en Q5 por línea telefónica móvil o fija. Respecto al cemento se implementó un incremento de Q1.50 a Q5 y para la minería se tenía previsto colocar un aumento del 1 al 10 por ciento por concepto de regalías para quienes practicaran dicha actividad.

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Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aclara que la CC no dijo que los impuestos fueran inconstitucionales pero sí la forma en que se aprobaron. “Los nuevos tributos o el aumento en los que ya están deben aprobarse de otra manera, por medio de decretos que son leyes y no actos aprobatorios, como es el caso del Presupuesto General de Ingresos y Egresos”, considera.

Larga fila de impugnaciones

Desde un inicio el presupuesto aprobado fue tema de discusión y crítica. El Icefi señaló que, en general, había motivos de preocupación y serios retrocesos en materia de transparencia.

En un análisis, dicha entidad afirmó que tales retrocesos tan graves en los controles y medidas de transparencia del gasto público “comprometían seriamente la legitimidad de las fuentes adicionales de ingresos que el Congreso aprobó conjuntamente con el Presupuesto, por medio del paquete fiscal mencionado y que sumaban Q 2,270.4 millones”.

Había una contradicción en lo actuado porque pese a que el Congreso aprobó destinos específicos para la recaudación de estos gravámenes, el desmantelamiento de los controles de transparencia también aprobados por el Congreso comprometía el uso correcto de estos recursos adicionales, con el agravante que se ejecutarían en año electoral.

Muchos eran los inconformes con el presupuesto aprobado, por lo que se  presentaron 16 argumentaciones contra el Decreto 22-2014, que contiene dicho plan de gastos. De esa cuenta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) iniciaron en febrero pasado la deliberación necesaria para tomar una decisión.

Mientras se decidía la resolución definitiva estuvieron suspendidos de forma temporal 18 artículos, entre ellos el impuesto a la telefonía. Con esto se ya dejó de percibir unos Q1 mil 300 millones con lo que inició a gestarse la brecha fiscal de este año, que a agosto llegó a Q3,135 millones.

Cuando iniciaron las audiencias en la CC, la mayoría de argumentos en contra del Presupuesto 2015 fueron técnicos y jurídicos, pero también se presentó el escenario político que llevó a la aprobación del presupuesto en el Congreso en noviembre pasado.

Carlos Barreda, en representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció que al aprobar un presupuesto plagado de contradicciones y elaborado sin análisis técnico, “se permiten abusos de funcionarios asumiendo compromisos sin respaldo económico y apoderarse de recursos públicos con fines electorales”.

Los argumentos presentados giraron en torno a la violación del debido proceso legislativo, la ilegalidad de algunos impuestos, la falta de control y los candados en el gasto, también se habló de la jerarquía constitucional. Asimismo, se mencionó que se violó el debido proceso en la elaboración y al aprobar el Decreto en el Congreso. Se recordó que se desconocía el dictamen de la Comisión de Finanzas, que contenía las modificaciones aprobadas.

Todavía menos ingresos

Las consecuencias desde que se suspendieron en enero dichos artículos del Decreto 22-2014 implicaron que el gobierno incluyó en su presupuesto actual ingresos que no ha percibido y que ya estaban asignados.

El impacto fiscal de esta nueva resolución de la CC es mínimo, según Barrientos. “Ya se habían asumido planes de contención del gasto, pero lo nuevo es que según la resolución de la CC ya no va a seguir percibiendo lo que se estaba recaudando por el impuesto al cemento, mientras se indica que el de la telefonía y el de regalías mineras se retrotrae al principio del año”, detalla.

Barrientos calcula que esto significa recaudar unos Q52 millones menos en lo que queda del año en el impuesto al cemento. Del 1 de enero al 30 de junio último la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportó que cobró Q166.4 millones por concepto de impuesto al cemento, que equivalen a un crecimiento del 226% respecto del mismo período del 2014.

Para este ejercicio la SAT proyectó una meta de recaudo por Q311.4 millones, pero como ha sido suspendido el cobro, ya no se podrá lograr.

Barrientos considera que hay que tomar en cuenta este escenario para plantear el Presupuesto 2016, ya que si bien no incluye ingresos por los impuestos a la telefonía y al aumento a las regalías, sí suma el del cemento. Por lo que habrá una pérdida de alrededor de Q250 millones en el cálculo de ingresos para el año que viene.

Es por eso que opina que hay que poner atención al planteamiento de dicha propuesta de Presupuesto 2016, hay que volver a revisar las cifras tanto de ingresos como de asignaciones y luego discutirlo y socializarlo.

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, considera que la resolución de la CC confirma lo que el sector empresarial organizado dijo desde un inicio. Se refiere a la forma equivocada en que se habían aprobado estos aumentos en los impuestos que al final perjudican más que todo a la población.

“Somos respetuosos de las decisiones y resoluciones de dicha corte, sobre todo a las que tienen que ver con el estado de derecho y cumplimiento a la ley”, dice.

También consideran importante que el Gobierno haga una revisión de su proyecto de Presupuesto 2016. “Es importante no irse por la vía de este tipo de ingresos sino que hacer una priorización del gasto y transparentarlo, que es la mejor manera de aumentar los ingresos”, manifiesta Zepeda.

Considera además que deben combatir la corrupción, el contrabando y la evasión, así como ampliar  la base tributaria.

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