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Creación de Fiscalía Agraria ayudará a solución de conflictos

Redacción República
21 de septiembre, 2015

La Fiscalía Agraria se plantea como un instrumento que se encuentra contemplado en la matriz de la Política Agraria, en el eje de Certeza y Seguridad Jurídica y sus dos estrategias: fortalecimiento de sistemas tradicionales de tenencia y gestión comunal de la tierra; y legislación y jurisdicción agraria.

Según informan fuentes oficiales, miembros de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA) estudian las propuestas para la creación de dicha fiscalía que funcionará en Guatemala con el apoyo del Ministerio Público (MP).

El instrumento jurídico para el agro, creada bajo el Acuerdo Gubernativo 372-2014, indica que la SAA como ente rector del tema apoyará el establecimiento de la Fiscalía Agraria, la cual es competencia del MP que deberá definir sus atribuciones y funciones.

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De igual manera también será el MP garante del cumplimiento de la ley en materia agraria, y sus funciones de investigación estarían dirigidas a lo histórico-social, catastral y registral que verifique la legitimidad de todas las inscripciones y de los instrumentos que sirvieron de base para realizar las operaciones registrales.

Debe practicar las diligencias y peritajes pertinentes y útiles para el esclarecimiento de casos agrarios, considerando todas las circunstancias de importancia para la efectiva aplicación de la ley. Además combatir la impunidad con el respaldo de las bases que permitan la efectiva administración de justicia, detallan las Políticas Agraria y la Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Durante una reunión se acordó que la Fiscalía debe cumplir funciones en la investigación penal de los delitos contra la propiedad, la posesión y la tenencia de los bienes inmuebles, derivados o asociados a la conflictividad agraria en Guatemala.

Así como asegurar la observancia de los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad, los principios generales del proceso penal, en la investigación de los posibles delitos en el agro guatemalteco, mediante la incorporación sistemática de la investigación.

También se pactó que el ente deberá promover la participación y la coordinación de las entidades públicas creadas para apoyar la administración de la justicia.

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