La Cámara de Industria de Guatemala expresó su inconformidad por la resolución de la Corte Suprema de Justicia al resolver la suspensión de la solicitud de otorgamiento de la licencia de explotación minera de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., Proyecto Progreso VII Derivada, conocida como “La Puya”, localizada en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
El presidente de la CIG, Oscar Emilio Castillo, expresó que la resolución se encuentra en proceso de apelación, recurso interpuesto por el Ministerio de Energía y Minas que afirma que la licencia no puede ser suspendida debido a que en su momento, el 30 de septiembre de 2011, se cumplió con todos los requisitos y no fue impugnada por ninguna persona.
Urgen resolver a la CC
El representante de la Cámara de Industria agregó que en agosto de 2014, una ONG privada ejerció presión por medidas de hecho, pretendió suspender la licencia, y violó todas las garantías jurídicas de los derechos adquiridos.
“Tenemos que ser respetuosos de la ley, si en su momento se cumplieron con todos los requisitos para el otorgamiento, debemos respetar. Debemos mantener la certeza jurídica del país”, dijo.
Los empresarios hicieron un llamado a la Corte de Constitucionalidad para resolver el recurso de apelación del amparo provisional y reiteraron que la licencia tiene 4 años de estar firme. En la actualidad hay 300 personas que trabajan en el “Proyecto Progreso VII Derivada” y no han suspendido labores.
El director Ejecutivo de la CIG, Javier Zepeda, expresó su preocupación por la “manipulación” que se les hace a los pobladores para interrumpir un proceso que está en ley.
“Nuestra posición es contra el abuso de ciertos grupos, unas 40 personas, que presionan a las autoridades que han trabajado en el marco de la ley”, recalcó Zepeda.
La Cámara de Industria de Guatemala expresó su inconformidad por la resolución de la Corte Suprema de Justicia al resolver la suspensión de la solicitud de otorgamiento de la licencia de explotación minera de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., Proyecto Progreso VII Derivada, conocida como “La Puya”, localizada en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
El presidente de la CIG, Oscar Emilio Castillo, expresó que la resolución se encuentra en proceso de apelación, recurso interpuesto por el Ministerio de Energía y Minas que afirma que la licencia no puede ser suspendida debido a que en su momento, el 30 de septiembre de 2011, se cumplió con todos los requisitos y no fue impugnada por ninguna persona.
Urgen resolver a la CC
El representante de la Cámara de Industria agregó que en agosto de 2014, una ONG privada ejerció presión por medidas de hecho, pretendió suspender la licencia, y violó todas las garantías jurídicas de los derechos adquiridos.
“Tenemos que ser respetuosos de la ley, si en su momento se cumplieron con todos los requisitos para el otorgamiento, debemos respetar. Debemos mantener la certeza jurídica del país”, dijo.
Los empresarios hicieron un llamado a la Corte de Constitucionalidad para resolver el recurso de apelación del amparo provisional y reiteraron que la licencia tiene 4 años de estar firme. En la actualidad hay 300 personas que trabajan en el “Proyecto Progreso VII Derivada” y no han suspendido labores.
El director Ejecutivo de la CIG, Javier Zepeda, expresó su preocupación por la “manipulación” que se les hace a los pobladores para interrumpir un proceso que está en ley.
“Nuestra posición es contra el abuso de ciertos grupos, unas 40 personas, que presionan a las autoridades que han trabajado en el marco de la ley”, recalcó Zepeda.