En el Salón Pueblo del Congreso de la República se debatió acerca de las distintas posiciones acerca de la Ley de Tarjetas de Crédito que entró en vigencia el 8 de marzo. En el foro participaron emisores de las tarjetas de crédito, la Dirección de Atención y Asistencia al Cosumidor, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Asociación para la Defensa de Usuarios de Tarjetas de Crédito. Estos son algunos de los puntos que habló cada uno de los representantes.
Omar López presidente de la Asociación para la Defensa de Usuarios de Tarjetas de Crédito, expresó que el sector bancario solo en 2015, obtuvo ganancias que rondan los Q2 mil 480 millones.
“El 60 por ciento de los microempresarios está enduedado con créditos por tarjetas. La banca tiene una cartera de préstamos por Q9 mil millones distribuidos en 750 mil microempresas, el 44 por ciento de empresas presentan problemas de deuda que no pueden pagar y tienen créditos con intereses elevados y queremos que la ley se quede como fue aprobada”, expresó López.
“Tenemos 2.5 millones de tarjetahabientes de los cuales el 25 por ciento son los morosos y no pueden pagar. Esta ley beneficia a muchos. Ahora no se pueden cobrar interés sobre interés. No se puede capitalizar la mora. No le pueden llamar a cobrar a la 1 de la mañana ni a las 2 ni a las 5”, concluyó el exponente.
Afecta a usuarios
El excongresista y experto en economía, Mariano Rayo, dijo que una de las cosas que se reclama es que se retrocede en el tema de que las personas tengan relación con un ente bancario y una de estas maneras es que se da de forma inmediata tener un acceso de pago.
“No todos los artículos van causar ciertas externalidades y la más complicada es que detenemos, suspendemos y retrocedemos en el tema de inclusión financiera. Para superar la inequidad las personas deben tener una relación con un ente bancario”, subrayó Rayo.
Para José Quezada, representante de los emisores, el uso de la tarjeta se resuelve al educar a los usuarios porque con esta ley limitamos el medio de pago de la población. “Incluso la redacción de la ley genera cierta incertidumbre por su ambigüedad y se veda el acceso al crédito a las personas. El artículo que habla de la reesructuración de la deuda dice ‘cuando el tarjetahabiente lo desee, puede reestructurar su deuda con el banco’, y vemos que esta negociación es de manera unidireccional cuando debe ser entre dos entidades”, dijo.
Para el diputado Ronald Arango, hay cerca de 9 millones de pobres en Guatemala que recurrirán a un crédito o a una tarjeta. “Es necesario combatir la usura en el país”, dijo el diputado.
Para Edgar Bran, la tarjeta de crédito ha permitido bancarizar a la población y esta ley es muy excluyente, ya que como emisores tendremos que decidir a quién se le da una tarjeta.
Para el exdiputado Luis Contreras, impulsor de la normativa, a los representantes de los bancos que cobran entre el 19 y 20 por ciento de intereses no les va a afectar.
“Si ustedes representan a bancos que cobran 70, 60 y 50 por ciento de intereses, pues no los representen. Ustedes prefirieron ir a la Corte de Constitucionalidad antes de venir al Congreso a debatir”, expresó el exlegislador.
En el Salón Pueblo del Congreso de la República se debatió acerca de las distintas posiciones acerca de la Ley de Tarjetas de Crédito que entró en vigencia el 8 de marzo. En el foro participaron emisores de las tarjetas de crédito, la Dirección de Atención y Asistencia al Cosumidor, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Asociación para la Defensa de Usuarios de Tarjetas de Crédito. Estos son algunos de los puntos que habló cada uno de los representantes.
Omar López presidente de la Asociación para la Defensa de Usuarios de Tarjetas de Crédito, expresó que el sector bancario solo en 2015, obtuvo ganancias que rondan los Q2 mil 480 millones.
“El 60 por ciento de los microempresarios está enduedado con créditos por tarjetas. La banca tiene una cartera de préstamos por Q9 mil millones distribuidos en 750 mil microempresas, el 44 por ciento de empresas presentan problemas de deuda que no pueden pagar y tienen créditos con intereses elevados y queremos que la ley se quede como fue aprobada”, expresó López.
“Tenemos 2.5 millones de tarjetahabientes de los cuales el 25 por ciento son los morosos y no pueden pagar. Esta ley beneficia a muchos. Ahora no se pueden cobrar interés sobre interés. No se puede capitalizar la mora. No le pueden llamar a cobrar a la 1 de la mañana ni a las 2 ni a las 5”, concluyó el exponente.
Afecta a usuarios
El excongresista y experto en economía, Mariano Rayo, dijo que una de las cosas que se reclama es que se retrocede en el tema de que las personas tengan relación con un ente bancario y una de estas maneras es que se da de forma inmediata tener un acceso de pago.
“No todos los artículos van causar ciertas externalidades y la más complicada es que detenemos, suspendemos y retrocedemos en el tema de inclusión financiera. Para superar la inequidad las personas deben tener una relación con un ente bancario”, subrayó Rayo.
Para José Quezada, representante de los emisores, el uso de la tarjeta se resuelve al educar a los usuarios porque con esta ley limitamos el medio de pago de la población. “Incluso la redacción de la ley genera cierta incertidumbre por su ambigüedad y se veda el acceso al crédito a las personas. El artículo que habla de la reesructuración de la deuda dice ‘cuando el tarjetahabiente lo desee, puede reestructurar su deuda con el banco’, y vemos que esta negociación es de manera unidireccional cuando debe ser entre dos entidades”, dijo.
Para el diputado Ronald Arango, hay cerca de 9 millones de pobres en Guatemala que recurrirán a un crédito o a una tarjeta. “Es necesario combatir la usura en el país”, dijo el diputado.
Para Edgar Bran, la tarjeta de crédito ha permitido bancarizar a la población y esta ley es muy excluyente, ya que como emisores tendremos que decidir a quién se le da una tarjeta.
Para el exdiputado Luis Contreras, impulsor de la normativa, a los representantes de los bancos que cobran entre el 19 y 20 por ciento de intereses no les va a afectar.
“Si ustedes representan a bancos que cobran 70, 60 y 50 por ciento de intereses, pues no los representen. Ustedes prefirieron ir a la Corte de Constitucionalidad antes de venir al Congreso a debatir”, expresó el exlegislador.