Este jueves fue publicado el Acuerdo Gubernativo 122-2016, reformas al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el Diario de Centroamérica, las cuales entrarán en vigencia ocho días después de su publicación.
Según el comunicado del Ministerio de Finanzas Públicas, durante casi seis meses un equipo técnico de esa entidad, trabajó en la elaboración de las reformas al reglamento de esta Ley, y de esta manera se cumple con el mandato establecido en la norma legal.
El proceso técnico de discusión y redacción del reglamento tuvo el acompañamiento permanente, asesoría y aporte técnico especializado de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
Según Finanzas, “la normativa tomó en cuenta las experiencias de diferentes entidades y actores de la sociedad civil y por ello es una reglamentación que permitirá a las unidades ejecutoras procesos prácticos y eficientes, al tiempo de reglamentar mecanismos que garanticen la transparencia y competitividad en las adquisiciones públicas”.
No están de acuerdo
Para la experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), María Isabel Bonilla, estas normas propuestas “no son operativas ya que predominan los aspectos normativos y prácticas institucionales.
“Esto se debe a la imposición de normas más estrictas, que en la práctica no son operativas y dificulta la capacidad de ejecución. Estas reformas paralizan el Estado“.
En la conferencia, ¿Porqué es necesario Reformar la Ley de Contrataciones luego del decreto 2015?, organizada por el CIEN, expresan que estas leyes “lejos de disminuir la corrupción, la facilita a pesar de sus buenas intenciones”. “La evidencia práctica muestra que la aplicación del decreto 9-2015 está forzando a una contención del gasto que limita la ejecución de recursos públicos”, expresó Bonilla.
En sus conclusiones, el CIEN expresa que en las reformas “hacen que los procesos de adquisiciones sean lentos, engorrosos, ambiguos y no exentos de corrupción. El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado está desfasado. La evidencia práctica muestra que la aplicación del Decreto impone una “contención del gasto” que limita la ejecución de los recursos públicos.
CIEN no tiene derecho a descalificar
La diputada Nineth Montengro, quien impulsó los cambios a la Ley de Contrataciones, refirió que se hicieron cambios en la compra directa “para obligar a los ministerios a planificar sus compras, bienes y servicios, ya no se puede seguir en ese desorden”.
“Las compras por excepción, a menos que haya Estado de Calamidad, no se pueden realizar, siempre se usará la licitación normal o cotización, y si compran de otra forma es porque no hay un plan de trabajo”, dijo.
Montenegro agregó que se presentarán modificaciones para los plazos. “Hay 13 reformas para ampliar plazos en casos específicos, como capacitación de personal en caso que no sepan usar los programas de computación y Guatecompras, pero tienen que informar sus movimientos financieros”.
Se presentó el caso que las municipalidades no reportaron la ejecución de 158 obras que tienen cero ejecución, con la excusa que no pueden usar el Sicoin, no informan y reportan el 100 por ciento de avance físico y la obra está en cero ejecución, añadió Montenegro.
Acerca de las críticas expresadas por el CIEN, la diputada expresó que ellos “se salieron de la mesa técnica y sus razones tendrán”. “No es justo que una institución seria como el CIEN descalifique de esa forma y no entiendo por qué se retiraron de la mesa de discusión, eso no les da derecho a ningunear el esfuerzo que se hizo ni a descalificar las reformas“, subrayó.
Montenegro reconoció que la ley tiene errores, por ejemplo: “que las alcaldías pasen por la Ley de Contrataciones el pago de servicios de agua, luz y basura y se está reformando para que sea un gasto de pago directo. Otra de las enmiendas son las rentas inmobiliarias, pues quedaron por cotización y se quiere cambiar a que se usen todos los métodos”, dijo.
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Según el comunicado del Ministerio de Finanzas Públicas, durante casi seis meses un equipo técnico de esa entidad, trabajó en la elaboración de las reformas al reglamento de esta Ley, y de esta manera se cumple con el mandato establecido en la norma legal.
El proceso técnico de discusión y redacción del reglamento tuvo el acompañamiento permanente, asesoría y aporte técnico especializado de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
Según Finanzas, “la normativa tomó en cuenta las experiencias de diferentes entidades y actores de la sociedad civil y por ello es una reglamentación que permitirá a las unidades ejecutoras procesos prácticos y eficientes, al tiempo de reglamentar mecanismos que garanticen la transparencia y competitividad en las adquisiciones públicas”.
No están de acuerdo
Para la experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), María Isabel Bonilla, estas normas propuestas “no son operativas ya que predominan los aspectos normativos y prácticas institucionales.
“Esto se debe a la imposición de normas más estrictas, que en la práctica no son operativas y dificulta la capacidad de ejecución. Estas reformas paralizan el Estado“.
En la conferencia, ¿Porqué es necesario Reformar la Ley de Contrataciones luego del decreto 2015?, organizada por el CIEN, expresan que estas leyes “lejos de disminuir la corrupción, la facilita a pesar de sus buenas intenciones”. “La evidencia práctica muestra que la aplicación del decreto 9-2015 está forzando a una contención del gasto que limita la ejecución de recursos públicos”, expresó Bonilla.
En sus conclusiones, el CIEN expresa que en las reformas “hacen que los procesos de adquisiciones sean lentos, engorrosos, ambiguos y no exentos de corrupción. El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado está desfasado. La evidencia práctica muestra que la aplicación del Decreto impone una “contención del gasto” que limita la ejecución de los recursos públicos.
CIEN no tiene derecho a descalificar
La diputada Nineth Montengro, quien impulsó los cambios a la Ley de Contrataciones, refirió que se hicieron cambios en la compra directa “para obligar a los ministerios a planificar sus compras, bienes y servicios, ya no se puede seguir en ese desorden”.
“Las compras por excepción, a menos que haya Estado de Calamidad, no se pueden realizar, siempre se usará la licitación normal o cotización, y si compran de otra forma es porque no hay un plan de trabajo”, dijo.
Montenegro agregó que se presentarán modificaciones para los plazos. “Hay 13 reformas para ampliar plazos en casos específicos, como capacitación de personal en caso que no sepan usar los programas de computación y Guatecompras, pero tienen que informar sus movimientos financieros”.
Se presentó el caso que las municipalidades no reportaron la ejecución de 158 obras que tienen cero ejecución, con la excusa que no pueden usar el Sicoin, no informan y reportan el 100 por ciento de avance físico y la obra está en cero ejecución, añadió Montenegro.
Acerca de las críticas expresadas por el CIEN, la diputada expresó que ellos “se salieron de la mesa técnica y sus razones tendrán”. “No es justo que una institución seria como el CIEN descalifique de esa forma y no entiendo por qué se retiraron de la mesa de discusión, eso no les da derecho a ningunear el esfuerzo que se hizo ni a descalificar las reformas“, subrayó.
Montenegro reconoció que la ley tiene errores, por ejemplo: “que las alcaldías pasen por la Ley de Contrataciones el pago de servicios de agua, luz y basura y se está reformando para que sea un gasto de pago directo. Otra de las enmiendas son las rentas inmobiliarias, pues quedaron por cotización y se quiere cambiar a que se usen todos los métodos”, dijo.
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