Aunque el interventor Alexander Aizenstatd recomendó la anulación voluntaria del contrato de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) aún falta más, según la Procuradora General de la Nación (PGN), Anabella Morfín.
Según la funcionaria, existe una demanda contra EPQ que entregó unas áreas que son parte de su patrimonio para desarrollar la terminal de puertos. En tanto ese convenio no se declare nulo, no se puede celebrar uno nuevo.
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Según la abogada del Estado, un camino podría ser usar la figura llamada “allanamiento” en donde APM (la empresa que compró las operaciones de Terminal de Contenedores de Barcelona, propietaria de TCQ) debe expresar ante juez la anulación del contrato y de esta manera evitar toda la “dilación procesal”.
Mientras tanto, APM se pronunció este lunes en donde aceptó la propuesta por parte del interventor Alexander Aizenstatd y que se pueda alcanzar un acuerdo para comenzar a operar”, aseguró Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, por medio de un comunicado.
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Por su parte, el presidente Jimmy Morales expresó que en el nuevo contrato será necesario que TCQ funcione con “todas las de ley” y que el convenio sea aprobado por el Congreso de la República, en aras de la transparencia.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Rolando Paiz, ve con buenos ojos que el Legislativo se involucre en la aprobación del nuevo contrato entre APM Terminals y el Estado de Guatemala.
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